Título original: Trump, el enemigo de la democracia
La influencia antidemocrática estadounidense en Latinoamérica y, en espacial, en el caso colombiano
SF Chronicle
T. Nelson Thompson
Agosto 2026
La mayoría de las personas acepta que, al menos en teoría, la democracia es el sistema de gobierno más deseable. Pocos regímenes pueden presumir de combinar legitimidad normativa con beneficios prácticos para el bien común. Sin embargo, esa misma combinación, orientada a generar el mayor beneficio para el mayor número de personas, es quizá una de las razones más profundas por las que el presidente estadounidense Donald Trump muestra un abierto desdén hacia la democracia, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, incluida Latinoamérica.
De hecho, Trump ha mostrado una profunda desconfianza hacia la democracia representativa. Su estilo de gobierno privilegia el recurso de las órdenes ejecutivas y las resoluciones judiciales por encima de los mecanismos propios de la deliberación y la decisión democráticas. Tanto durante su primer mandato como en el actual, ha impulsado iniciativas orientadas a restringir el ejercicio del derecho al voto y ha favorecido un gobierno integrado por expertos y élites designados por él, en el que la lealtad personal suele prevalecer sobre la competencia técnica. En ese esquema, los conflictos políticos y la oposición tienden a trasladarse al ámbito judicial, especialmente cuando el poder ejecutivo ha ampliado su influencia sobre instituciones como el Departamento de Justicia y los tribunales federales mediante el nombramiento de funcionarios y jueces afines. Desde esta perspectiva, la limitación del acceso al voto, por distintas vías, se perfila como uno de los rasgos centrales de su proyecto político.
En ese contexto, no sorprendió que el 16 de julio de 2026, en horario de máxima audiencia de la televisión estadounidense, el presidente Trump reiterara su desconfianza hacia el proceso democrático al insistir en sus afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado, estuvieron amañadas. Asimismo, volvió a sostener, sin presentar pruebas concluyentes, que China había interferido en esos comicios. Desde esta perspectiva, esa posición resulta contradictoria con las críticas que su gobierno dirige a otros países, tanto por las iniciativas orientadas a restringir el ejercicio del voto en Estados Unidos como por las acusaciones de injerencia en procesos electorales de Latinoamérica, interpretadas por sus detractores como parte de una estrategia para favorecer a gobiernos ideológicamente afines.
El resultado es que, dado que los procesos electorales latinoamericanos apenas ocupan un lugar relevante en el debate público estadounidense, los recientes esfuerzos televisivos de Trump por presentarse como un defensor de la democracia otorgan un nuevo sentido al conocido aforismo de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. Al reivindicar de manera reiterada los valores y las instituciones de la democracia liberal, Trump y sus aliados del movimiento MAGA (“Make America Great Again”) reconocen, implícitamente, que las elecciones libres y justas siguen siendo el principal criterio de legitimidad política. Sin embargo, para sus críticos, sus acciones —al igual que las de muchos de sus aduladores— contradicen ese discurso.
En Estados Unidos, la cobertura analítica de las apariciones televisivas de Trump y de sus iniciativas orientadas a restringir el acceso al voto —limitadas hasta ahora, en cierta medida, por las decisiones de los tribunales— ha sido, de alguna manera, contenida y poco crítica. Ello ha contribuido a normalizar un discurso que podría servir de base para nuevos cuestionamientos al sistema electoral estadounidense de cara a las elecciones intermedias de noviembre de 2026 y a procesos posteriores. En contraste, las iniciativas atribuidas al gobierno de Trump para influir en la dinámica política de Latinoamérica habrían encontrado, hasta ahora, muchos menos contrapesos.
La influencia antidemocrática estadounidense en Latinoamérica y, en espacial, en el caso colombiano
SF Chronicle
T. Nelson ThompsonAgosto 2026
La mayoría de las personas acepta que, al menos en teoría, la democracia es el sistema de gobierno más deseable. Pocos regímenes pueden presumir de combinar legitimidad normativa con beneficios prácticos para el bien común. Sin embargo, esa misma combinación, orientada a generar el mayor beneficio para el mayor número de personas, es quizá una de las razones más profundas por las que el presidente estadounidense Donald Trump muestra un abierto desdén hacia la democracia, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, incluida Latinoamérica.
De hecho, Trump ha mostrado una profunda desconfianza hacia la democracia representativa. Su estilo de gobierno privilegia el recurso de las órdenes ejecutivas y las resoluciones judiciales por encima de los mecanismos propios de la deliberación y la decisión democráticas. Tanto durante su primer mandato como en el actual, ha impulsado iniciativas orientadas a restringir el ejercicio del derecho al voto y ha favorecido un gobierno integrado por expertos y élites designados por él, en el que la lealtad personal suele prevalecer sobre la competencia técnica. En ese esquema, los conflictos políticos y la oposición tienden a trasladarse al ámbito judicial, especialmente cuando el poder ejecutivo ha ampliado su influencia sobre instituciones como el Departamento de Justicia y los tribunales federales mediante el nombramiento de funcionarios y jueces afines. Desde esta perspectiva, la limitación del acceso al voto, por distintas vías, se perfila como uno de los rasgos centrales de su proyecto político.
En ese contexto, no sorprendió que el 16 de julio de 2026, en horario de máxima audiencia de la televisión estadounidense, el presidente Trump reiterara su desconfianza hacia el proceso democrático al insistir en sus afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado, estuvieron amañadas. Asimismo, volvió a sostener, sin presentar pruebas concluyentes, que China había interferido en esos comicios. Desde esta perspectiva, esa posición resulta contradictoria con las críticas que su gobierno dirige a otros países, tanto por las iniciativas orientadas a restringir el ejercicio del voto en Estados Unidos como por las acusaciones de injerencia en procesos electorales de Latinoamérica, interpretadas por sus detractores como parte de una estrategia para favorecer a gobiernos ideológicamente afines.
El resultado es que, dado que los procesos electorales latinoamericanos apenas ocupan un lugar relevante en el debate público estadounidense, los recientes esfuerzos televisivos de Trump por presentarse como un defensor de la democracia otorgan un nuevo sentido al conocido aforismo de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. Al reivindicar de manera reiterada los valores y las instituciones de la democracia liberal, Trump y sus aliados del movimiento MAGA (“Make America Great Again”) reconocen, implícitamente, que las elecciones libres y justas siguen siendo el principal criterio de legitimidad política. Sin embargo, para sus críticos, sus acciones —al igual que las de muchos de sus aduladores— contradicen ese discurso.
En Estados Unidos, la cobertura analítica de las apariciones televisivas de Trump y de sus iniciativas orientadas a restringir el acceso al voto —limitadas hasta ahora, en cierta medida, por las decisiones de los tribunales— ha sido, de alguna manera, contenida y poco crítica. Ello ha contribuido a normalizar un discurso que podría servir de base para nuevos cuestionamientos al sistema electoral estadounidense de cara a las elecciones intermedias de noviembre de 2026 y a procesos posteriores. En contraste, las iniciativas atribuidas al gobierno de Trump para influir en la dinámica política de Latinoamérica habrían encontrado, hasta ahora, muchos menos contrapesos.
La cruda sombra de la influencia antidemocrática estadounidense
Trump intentó, sin éxito, recurrir a la amenaza de aranceles y sanciones para presionar a Brasil con el fin de detener el proceso judicial contra su aliado, el expresidente de derecha Jair Bolsonaro. Asimismo, ordenó operaciones militares frente a las costas de Colombia y Venezuela en las que murieron cientos de personas, a quienes el Pentágono identificó como presuntos narcotraficantes, sin que, según sus críticos, existieran pruebas suficientes de que hubieran cometido delito alguno. También autorizó una operación para capturar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito de trasladarlo, junto con su esposa, al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York. Por su parte, el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba ha tenido, de acuerdo con diversos análisis, un fuerte impacto sobre la población civil de la isla.
En Argentina, el gobierno de Trump impulsó un paquete de asistencia financiera por varios miles de millones de dólares para contribuir a estabilizar la crisis monetaria y respaldar al gobierno del presidente Javier Milei, después de que su fuerza política sufriera una dura derrota en unas elecciones provinciales. Posteriormente, Trump condicionó públicamente la continuidad del apoyo estadounidense a la permanencia de Milei en el poder y advirtió que ese respaldo podría revisarse si el oficialismo era derrotado en las elecciones legislativas de medio término.
En Honduras, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, el presidente Trump expresó su respaldo al candidato de derecha Nasry Tito Asfura y advirtió que Estados Unidos podría reducir su ayuda al país si no resultaba electo. Asfura obtuvo la victoria en un escrutinio controvertido por un margen inferior a 30 000 votos. Durante el proceso de conteo, Trump afirmó que, si Asfura perdía, “se armaría un buen lío”. Por su parte, sectores de la oposición denunciaron el envío masivo de mensajes de texto dirigidos a votantes que recibían remesas desde Estados Unidos, en los que se advertía de la posible suspensión de las transferencias. Tanto dirigentes de la oposición como diversos críticos atribuyeron estos hechos a una injerencia externa favorable a la candidatura de Asfura.
En diciembre de 2025, Trump concedió un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión por conspiración para importar más de cuatrocientas toneladas de cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas de fuego.
Trump intentó, sin éxito, recurrir a la amenaza de aranceles y sanciones para presionar a Brasil con el fin de detener el proceso judicial contra su aliado, el expresidente de derecha Jair Bolsonaro. Asimismo, ordenó operaciones militares frente a las costas de Colombia y Venezuela en las que murieron cientos de personas, a quienes el Pentágono identificó como presuntos narcotraficantes, sin que, según sus críticos, existieran pruebas suficientes de que hubieran cometido delito alguno. También autorizó una operación para capturar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito de trasladarlo, junto con su esposa, al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York. Por su parte, el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba ha tenido, de acuerdo con diversos análisis, un fuerte impacto sobre la población civil de la isla.
En Argentina, el gobierno de Trump impulsó un paquete de asistencia financiera por varios miles de millones de dólares para contribuir a estabilizar la crisis monetaria y respaldar al gobierno del presidente Javier Milei, después de que su fuerza política sufriera una dura derrota en unas elecciones provinciales. Posteriormente, Trump condicionó públicamente la continuidad del apoyo estadounidense a la permanencia de Milei en el poder y advirtió que ese respaldo podría revisarse si el oficialismo era derrotado en las elecciones legislativas de medio término.
En Honduras, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, el presidente Trump expresó su respaldo al candidato de derecha Nasry Tito Asfura y advirtió que Estados Unidos podría reducir su ayuda al país si no resultaba electo. Asfura obtuvo la victoria en un escrutinio controvertido por un margen inferior a 30 000 votos. Durante el proceso de conteo, Trump afirmó que, si Asfura perdía, “se armaría un buen lío”. Por su parte, sectores de la oposición denunciaron el envío masivo de mensajes de texto dirigidos a votantes que recibían remesas desde Estados Unidos, en los que se advertía de la posible suspensión de las transferencias. Tanto dirigentes de la oposición como diversos críticos atribuyeron estos hechos a una injerencia externa favorable a la candidatura de Asfura.
En diciembre de 2025, Trump concedió un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión por conspiración para importar más de cuatrocientas toneladas de cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas de fuego.
Y ahora, más recientemente, en Colombia
El caso más reciente es el de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el 21 de junio de 2026. Según esta interpretación, el respaldo del presidente Trump al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, acompañado del activismo de legisladores republicanos vinculados al movimiento MAGA, trascendió el apoyo político para convertirse en una forma de injerencia en el proceso electoral. Trump expresó su “respaldo total y absoluto” a De la Espriella, mientras que congresistas republicanos promovieron movilizaciones dirigidas a incentivar el voto de ciudadanos colombianos, tanto dentro del país como en el exterior. Otros ciudadanos estadounidenses con participación política también respaldaron su candidatura.
De la Espriella obtuvo la victoria por un estrecho margen de aproximadamente 1%, equivalente a cerca de 251 000 votos de un total de 25.67 millones de sufragios emitidos. Tras los comicios, surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades tanto en Colombia como en Estados Unidos. Entre ellas figura una demanda promovida por el presidente Gustavo Petro, centrada en alrededor de 825 000 votos cuya validez ha sido cuestionada. No obstante, la toma de posesión permanece prevista para el 7 de agosto de 2026.
Unos días antes de las elecciones presidenciales colombianas de finales de junio de 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron en Phoenix, Arizona, al solicitante de asilo colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, mejor conocido como Beto Corral, quien había llamado públicamente a no votar por De la Espriella. Según algunos seguidores del activista, la detención fue ordenada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, bajo el argumento de que Corral estaba “socavando los intereses de la política exterior de Estados Unidos”, una justificación que se interpreta como una advertencia dirigida a la diáspora colombiana.
El secretario Rubio, aseguran sus defensores, pasó por alto las controversias que rodean a De la Espriella, las cuales, a su juicio, resultan incompatibles con los intereses democráticos de Estados Unidos e, incluso, con su propio marco jurídico. En ese contexto, cabe recordar que los congresistas estadounidenses Jesús García y Greg Casar, junto con otros nueve legisladores, solicitaron investigar los presuntos vínculos de De la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia, organización catalogada como terrorista, así como con el empresario Álex Saab, procesado en Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero y recluido en el Centro Federal de Detención de Miami, Florida. La petición también alude a posibles irregularidades financieras relacionadas con, al parecer, catorce sociedades registradas en Florida y con operaciones inmobiliarias cuyo financiamiento no habría sido plenamente aclarado. De la Espriella cuenta, además, la ciudadanía estadounidense.
Que Trump está decidido a socavar la causa de la democracia en Latinoamérica es algo que no admite debate.
Cabe destacar que, además, Rubio optó por pasar por alto varios de los principales planteamientos del programa electoral de De la Espriella. Entre ellos figuraban el compromiso de intensificar la ofensiva contra los grupos rebeldes, “destripar” a los progresistas, autorizar el uso de fuerza letal contra manifestantes y construir megacárceles inspiradas en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Asimismo, en su momento, De la Espirella planteó la posibilidad de solicitar la extradición del presidente Petro a Estados Unidos bajo diversos argumentos.
Con un respaldo legislativo limitado, el Presidente electo también anunció su intención de emitir noventa decretos ejecutivos durante su primer día de gobierno, una forma de ejercer el poder similar a la empleada por Trump y por el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En ese contexto, el respaldo de legisladores republicanos estadounidenses como María Elvira Salazar, representante por Florida, y el senador Bernie Moreno resulta particularmente significativo. Ambos sostuvieron públicamente que funcionarios estadounidenses habían investigado a De la Espriella y lo consideraban “impecable”. Moreno afirmó además que sectores de izquierda en Colombia se están “decantando por el comunismo total” y aspiran a convertir Sudamérica en “un refugio para el crimen y los cárteles de la droga”.
El senador Moreno advirtió también públicamente que Estados Unidos no validaría los resultados electorales si Colombia elegía “el camino equivocado”. Tanto Moreno como Salazar se encontraban en suelo colombiano el día de las elecciones para respaldar la candidatura de De la Espriella, quien anteriormente había realizado aportaciones financieras a las campañas de Salazar al Congreso estadounidense.
Según diversos medios colombianos e internacionales, Moreno también desempeñó un papel en los esfuerzos por promover entendimientos entre los principales candidatos de la derecha. En ese sentido, sus declaraciones y actuaciones dejaron claro que no actuaba como un observador imparcial, sino como un actor con capacidad para influir en la política colombiana. La intensa participación de Moreno y Salazar, así como la del abogado floridano Dan Newlin, alimentó un amplio debate en Colombia sobre la posible injerencia extranjera en el proceso electoral.
La participación de Newlin se centró inicialmente en el uso de su avión privado durante el periodo electoral. Aunque Trump lo había nominado previamente como Embajador de Estados Unidos en Colombia, retiró posteriormente su candidatura ante el escrutinio público. El medio La Nueva Prensa informó que la aeronave de Newlin fue utilizada, sin declaración pública, por integrantes del Congreso estadounidense, así como por De la Espriella y miembros de su equipo de campaña, en desplazamientos entre Bogotá, Medellín, Cartagena y Sopó, además de otras actividades en las que participaron diversas figuras públicas. El mismo medio también señaló la presencia de Andrés Depew, empleado del club Mar-a-Lago de Trump, quien habría vestido prendas con el sello presidencial.
Por su parte, el presidente Petro afirmó que existían pruebas de que Newlin había invertido 1.8 millones de dólares en publicidad digital a favor de De la Espriella. El abogado rechazó esa acusación y sostuvo que su participación se limitó, desde el punto de vista jurídico, a una “alineación política y apoyo a la seguridad regional”. Más allá de cómo se resuelvan estas controversias, el Presidente electo deberá gobernar un país profundamente fragmentado y marcado por una intensa polarización política.
Mientras tanto, es previsible que el gobierno de Trump continúe impulsando una estrategia orientada a consolidar un hemisferio alineado con los intereses de Estados Unidos, sustentado en la cooperación en materia de seguridad, la afinidad ideológica y la exclusión de aquellos gobiernos que no se ajusten a sus prioridades. Que Trump está decidido, en este proceso, a socavar la causa de la democracia en Latinoamérica es algo que no admite debate.
T. NELSON THOMPSON fue becario Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University. Recientemente se jubiló como Asesor Ambiental y de Energía del gobierno de Estados Unidos. Sus ensayos se han publicado en The Washington Post, The Wall Street Journal,The Baltimore Sun, entre otros. Es autor de After Babel: Reflections on Language and Languages (All Bilingual Press, 2023). Las opiniones expresadas por el autor son personales.
Trump, el enemigo de la democracia – Foreign Affairs Latinoamérica
El caso más reciente es el de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el 21 de junio de 2026. Según esta interpretación, el respaldo del presidente Trump al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, acompañado del activismo de legisladores republicanos vinculados al movimiento MAGA, trascendió el apoyo político para convertirse en una forma de injerencia en el proceso electoral. Trump expresó su “respaldo total y absoluto” a De la Espriella, mientras que congresistas republicanos promovieron movilizaciones dirigidas a incentivar el voto de ciudadanos colombianos, tanto dentro del país como en el exterior. Otros ciudadanos estadounidenses con participación política también respaldaron su candidatura.
De la Espriella obtuvo la victoria por un estrecho margen de aproximadamente 1%, equivalente a cerca de 251 000 votos de un total de 25.67 millones de sufragios emitidos. Tras los comicios, surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades tanto en Colombia como en Estados Unidos. Entre ellas figura una demanda promovida por el presidente Gustavo Petro, centrada en alrededor de 825 000 votos cuya validez ha sido cuestionada. No obstante, la toma de posesión permanece prevista para el 7 de agosto de 2026.
Unos días antes de las elecciones presidenciales colombianas de finales de junio de 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron en Phoenix, Arizona, al solicitante de asilo colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, mejor conocido como Beto Corral, quien había llamado públicamente a no votar por De la Espriella. Según algunos seguidores del activista, la detención fue ordenada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, bajo el argumento de que Corral estaba “socavando los intereses de la política exterior de Estados Unidos”, una justificación que se interpreta como una advertencia dirigida a la diáspora colombiana.
El secretario Rubio, aseguran sus defensores, pasó por alto las controversias que rodean a De la Espriella, las cuales, a su juicio, resultan incompatibles con los intereses democráticos de Estados Unidos e, incluso, con su propio marco jurídico. En ese contexto, cabe recordar que los congresistas estadounidenses Jesús García y Greg Casar, junto con otros nueve legisladores, solicitaron investigar los presuntos vínculos de De la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia, organización catalogada como terrorista, así como con el empresario Álex Saab, procesado en Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero y recluido en el Centro Federal de Detención de Miami, Florida. La petición también alude a posibles irregularidades financieras relacionadas con, al parecer, catorce sociedades registradas en Florida y con operaciones inmobiliarias cuyo financiamiento no habría sido plenamente aclarado. De la Espriella cuenta, además, la ciudadanía estadounidense.
Que Trump está decidido a socavar la causa de la democracia en Latinoamérica es algo que no admite debate.
Cabe destacar que, además, Rubio optó por pasar por alto varios de los principales planteamientos del programa electoral de De la Espriella. Entre ellos figuraban el compromiso de intensificar la ofensiva contra los grupos rebeldes, “destripar” a los progresistas, autorizar el uso de fuerza letal contra manifestantes y construir megacárceles inspiradas en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Asimismo, en su momento, De la Espirella planteó la posibilidad de solicitar la extradición del presidente Petro a Estados Unidos bajo diversos argumentos.
Con un respaldo legislativo limitado, el Presidente electo también anunció su intención de emitir noventa decretos ejecutivos durante su primer día de gobierno, una forma de ejercer el poder similar a la empleada por Trump y por el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En ese contexto, el respaldo de legisladores republicanos estadounidenses como María Elvira Salazar, representante por Florida, y el senador Bernie Moreno resulta particularmente significativo. Ambos sostuvieron públicamente que funcionarios estadounidenses habían investigado a De la Espriella y lo consideraban “impecable”. Moreno afirmó además que sectores de izquierda en Colombia se están “decantando por el comunismo total” y aspiran a convertir Sudamérica en “un refugio para el crimen y los cárteles de la droga”.
El senador Moreno advirtió también públicamente que Estados Unidos no validaría los resultados electorales si Colombia elegía “el camino equivocado”. Tanto Moreno como Salazar se encontraban en suelo colombiano el día de las elecciones para respaldar la candidatura de De la Espriella, quien anteriormente había realizado aportaciones financieras a las campañas de Salazar al Congreso estadounidense.
Según diversos medios colombianos e internacionales, Moreno también desempeñó un papel en los esfuerzos por promover entendimientos entre los principales candidatos de la derecha. En ese sentido, sus declaraciones y actuaciones dejaron claro que no actuaba como un observador imparcial, sino como un actor con capacidad para influir en la política colombiana. La intensa participación de Moreno y Salazar, así como la del abogado floridano Dan Newlin, alimentó un amplio debate en Colombia sobre la posible injerencia extranjera en el proceso electoral.
La participación de Newlin se centró inicialmente en el uso de su avión privado durante el periodo electoral. Aunque Trump lo había nominado previamente como Embajador de Estados Unidos en Colombia, retiró posteriormente su candidatura ante el escrutinio público. El medio La Nueva Prensa informó que la aeronave de Newlin fue utilizada, sin declaración pública, por integrantes del Congreso estadounidense, así como por De la Espriella y miembros de su equipo de campaña, en desplazamientos entre Bogotá, Medellín, Cartagena y Sopó, además de otras actividades en las que participaron diversas figuras públicas. El mismo medio también señaló la presencia de Andrés Depew, empleado del club Mar-a-Lago de Trump, quien habría vestido prendas con el sello presidencial.
Por su parte, el presidente Petro afirmó que existían pruebas de que Newlin había invertido 1.8 millones de dólares en publicidad digital a favor de De la Espriella. El abogado rechazó esa acusación y sostuvo que su participación se limitó, desde el punto de vista jurídico, a una “alineación política y apoyo a la seguridad regional”. Más allá de cómo se resuelvan estas controversias, el Presidente electo deberá gobernar un país profundamente fragmentado y marcado por una intensa polarización política.
Mientras tanto, es previsible que el gobierno de Trump continúe impulsando una estrategia orientada a consolidar un hemisferio alineado con los intereses de Estados Unidos, sustentado en la cooperación en materia de seguridad, la afinidad ideológica y la exclusión de aquellos gobiernos que no se ajusten a sus prioridades. Que Trump está decidido, en este proceso, a socavar la causa de la democracia en Latinoamérica es algo que no admite debate.
T. NELSON THOMPSON fue becario Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University. Recientemente se jubiló como Asesor Ambiental y de Energía del gobierno de Estados Unidos. Sus ensayos se han publicado en The Washington Post, The Wall Street Journal,The Baltimore Sun, entre otros. Es autor de After Babel: Reflections on Language and Languages (All Bilingual Press, 2023). Las opiniones expresadas por el autor son personales.
Trump, el enemigo de la democracia – Foreign Affairs Latinoamérica