Fueron palabras pronunciadas por el presidente de Nicaragua Daniel Ortega en Managua, durante el acto del 47. aniversario de la Revolución Sandinista. De inmediato el Congreso, controlado en su totalidad por el oficialismo, se ha dado a la tarea de redactar reformas para implementar “constitucionalmente” la orden del mandatario.
Estamos, se quiera o no, frente a un acontecimiento histórico. Por primera vez en la historia de América Latina , y quizás del mundo, un presidente electoralmente elegido -aunque lo hubiera sido en elecciones tramposas como han sido casi todas las convocadas por Ortega- decide suprimir las elecciones como fuente originaria de su propio poder político. A partir de ese momento el poder político se basará, no solo realmente, sino también formalmente, en la pura fuerza bruta; o sea, dejará de ser político.
Es un hecho inédito. Ni siquiera en Cuba Fidel Castro suprimió las elecciones. Simplemente, desde el comienzo de su dictadura, no hizo ninguna, alegando, y con cierta razón, que el origen de su poder no provenía de un proceso electoral sino de las armas. El castrismo, desde un comienzo, desconectó con la tradición democrática de un Guiteras, de un Chibás, de un Grau San Martin, de un Prío Socarraz, de la Constitución de 1948 y de los partidos, el Ortodoxo y el Auténtico (sin esa tradición Batista no habría sido nunca derrocado) para acoplarse a una “nueva tradición revolucionaria” vista por Gevara y Castro como un eslabón inicial de una revolución antimperialista de carácter continental e incluso mundial.
Desde el comienzo de la revolución el castrismo se declaró en estado de guerra permanente en contra del “imperialismo norteamericano ” y, siguiendo esa lógica, el líder supremo adujo que en un estado de guerra no puede haber elecciones. Y así es. Solo a los secuaces del dictador Putin se les puede ocurrir, por ejemplo, exigir elecciones en Ucrania, un país azotado por la invasión de un poder militar, como es el de Rusia. No así el Sandinismo, llegado al poder, no solo por las armas, sino gracias al apoyo de gran parte del mundo democrático, incluyendo a los EE UU del presidente Carter.
La tarea del Sandinismo, a diferencias del castrismo, fue la de construir las formas de la democracia liberal al nivel de los países latinoamericanos donde regían normas democráticas.
El Sandinismo, no olvidemos, fue originariamente un frente democrático en donde tenían cabida diversos sectores políticos, incluyendo conservadores y cristianos. Ahora bien, ese Sandinismo no solo ha sido traicionado por la práctica dictatorial de la siniestra pareja presidencial (Ortega/Murillo). Además, Ortega ha propiciado el golpe de gracia a su propia historia al secar la fuente formal (a estas alturas solo formal) del poder: el sufragio universal. Algunos comentaristas opinan que con ese golpe (efectivamente, este julio del 2026 ha sido consumado un golpe de estado desde el propio estado) Ortega ha puesto a Nicaragua al nivel de Corea del Norte. Pero ni siquiera ha sido así: El poder dinástico de Kim-Jong-un proviene de una región en donde nunca ha habido democracia, ni formal ni informal. Kim, en ese sentido, no ha traicionado a ninguna tradición como sí lo ha hecho Ortega. Por eso nos atrevemos a decir: lo que han hecho Ortega y Murillo no tiene nombre. Estamos frente a una violación política y jurídica de una nación. Nada menos.
Sin posibilidad de elegir no puede haber política pues la política no solo es lucha por el poder (como afirmaron Weber y Schmitt) sino el lugar del debate, del enfrentamiento de ideas e ideologías, de la discusión y del discurso público. La política, dicho en breve, es el modo como una nación se piensa a sí misma. Suprimir las elecciones, razón de la política, desaparece el pueblo político en cuanto tal para ser reducido a la condición de simple masa aclamatoria. En ese sentido se trata de algo más que una de supresión electoral. El de la pareja Ortega- Morillo es la supresión del derecho a elegir, el más sagrado de todos los derechos políticos.
Maduro por ejemplo, robaba elecciones, pero no robó el derecho a votar. Precisamente, mediante el ejercicio de este derecho (negado en diferentes ocasiones por la propio oposición venezolana con sus persistentes llamados a la abstención) los fraudes de Maduro quedaron al descubierto.
Después de su crimen, la pareja presidencial nicaragüense imagina seguramente tener más poder que antes. Pero no es así. El que ostentan es un poder sin autoridad. Sin autoridad tradicional ni autoridad conquistada y mucho menos sin autoridad constitucional, o lo que es lo mismo, sin autoridad de origen ni de ejercicio.
Hoy Ortega debe ser acusado ante los tribunales internacionales (si es que quedan) por haber violado a una nación política y jurídicamente constituida. En sentido estricto, con las bases formales de su propio poder, Ortega es solo un presidente de facto. No de jure.
¿Cómo se explica que justamente después de 47 años de sandinismo, Ortega se hubiera atrevido a romper con la propia historia del movimiento al que creía todavía pertenecer? Para responder a esa pregunta, un historiador debe caminar por dos vías que llevan a la explicación de los llamados fenómenos históricos. La primera vía está constituida por las condiciones de lugar. La segunda, por las condiciones de tiempo.
De acuerdo con la primera vía, Nicaragua, como la mayoría de los países centroamericanos (con excepción de Costa Rica) está lejos de poseer una tradición democrática. Largas dictaduras como las de Somoza y las de Ortega pueden ser, en parte, explicadas por el predominio de la tradición agrarista del país, vale decir, por la ausencia de polis, tanto en sentido demográfico como político.
Como en la mayoría de los países centroamericanos, la tendencia de los gobiernos a caer en el caudillismo, es persistente. Por un momento podía pensarse que bajo la llegada del Sandinismo al poder – incluyendo el periodo de Violeta Chamorro (1990-1997)- más el apoyo internacional con que contaba, Nicaragua podía alcanzar un rápido desarrollo democrático. No fue así. Ortega, empecinado en apoderarse de la totalidad del poder, hizo lo posible por desconectar a las elites intelectuales, entre las que debemos contar a no pocos sacerdotes, de las organizaciones populares. Hoy la mayoría o casi todos los intelectuales y dirigentes políticos democráticos se encuentran en el exilio. La Iglesia católica, a su vez, ha recibido más persecuciones que las que recibiera en el pasado, en los países comunistas.
Ortega y su mujer, cuando tuvieron que elegir entre el rol del gobernante revolucionario ilustrado y la brutalidad del poder total del caudillo autoritario al estilo del Patriarca popularizado por García Márquez, eligieron la segunda opción. No obstante, no estaba escrito que el autoritarismo orteguista iba a a alcanzar tal grado de degeneración como exactamente ocurrió. Para que ello sucediera se necesitaban de ciertas condiciones que algunos llaman objetivas, es decir, condiciones de tiempo que favorecieran al autoritarismo militar del orteguismo. Esas condiciones fueron iniciadas desde después del derrumbe del comunismo y del advenimiento de la globalización de los mercados, cuando comenzó a conformarse una ola ofensiva en contra de las democracias, hecho que hoy estamos experimentando a nivel mundial.
En otros textos hemos hablado de una contrarrevolución antidemocrática de connotaciones globales, una que arrasa con las instituciones, normas y reglas de convivencia internacional creadas después de la segunda guerra mundial, contrarrevolución que no solo afectaría al mundo de las relaciones internacionales, sino también al interior de diversas naciones, con la aparición de diversos movimientos nacional-populistas, unos dícense de derecha, otros dícense de izquierda.
Las llamadas nuevas derechas, así como las llamadas nuevas izquierdas (sobre todo en su versión woke) no tienen mucho que ver con las derechas conservadoras y tradicionalistas del pasado y con las izquierdas obreristas que prevalecían a lo largo de siglo XX. Personajes histriónicos, nada de conservadores, incluso anárquicos, de vida más bien disoluta, como Milei, Bukele, el colombiano Espriella, representan todo lo contrario al líder de tipo derechista. patriarcal. conservador y católico del pasado reciente. Al revés, personajes como Díaz Canel, Chávez, Maduro, Ortega-Murillo, fanáticos militaristas, todos nacionalistas (más bien, tribalistas) se parecen, en su concepción del poder político, más a un Pinochet o a un Videla que a un Lula o a un Petro.
No nos vendemos los ojos: los seguidores del nacional-populismo pueden autodenominarse de izquierda o de derecha. Pero lo importante para ellos es negar a la democracia. Y eso es lo que precisamente está ocurriendo en nuestros días. Solo algunos prisioneros del pasado pueden seguir pensando todavía en términos de derecha-izquierda como contradicción principal de nuestro tiempo. Para poner un ejemplo, los que condenamos una vez a Evo Morales porque en nombre de la izquierda nacionalista impuso su reelección en contra de la Constitución de su país, no podemos aplaudir a Bukele porque en nombre de una derecha nacionalista hiciera exactamente lo mismo.
Vivimos tiempos en que dos presidentes de dos grandes imperios, Putin y Trump, cada uno a su manera, coinciden en dejar pasar por alto a las instituciones internacionales, a las leyes, reglas y usos democráticos de pos-guerra. Hoy, gracias a ellos, la legislación internacional es un cascarón vacío. La guerra a Ucrania ha arrasado con todos los acuerdos y convenciones internacionales. No obstante, Trump nunca se ha opuesto a esa realidad. Todo lo contrario. Ha proclamado su derecho a incorporar a la soberanía norteamericana a territorios que nunca han pertenecido a los EE UU como Groenlandia, Canadá, el Canal de Panamá, y más recientemente Venezuela. Con esas declaraciones Trump no puede criticar a Putin su expansión a Ucrania. La verdad, nunca lo ha hecho. De la misma manera, los que imaginaron que la anexión del petróleo venezolano la haría Trump en nombre de la democratización del atormentado país, han debido tragar sus esperanzas. Trump, antes y después de erradicar al dictador Maduro, nunca habló en nombre de la defensa de la democracia en Venezuela, como todavía no lo ha hecho directamente en contra de la supresión de las elecciones cometidas por Ortega en su país. Toda su argumentación en el caso venezolano la hizo en nombre de una supuesta guerra en contra del narcoterrorismo en la que estaría involucrado el dictador Maduro. Nunca ha hablado, en verdad, de democratizar a Venezuela.
O digamos más claro: a Trump interesa un bledo la democracia, ya sea en los EE UU ya sea en los demás países del globo. Para él la contradicción dictadura-democracia no existe. Según Trump solo existe la contradicción entre países afines o contrarios a la expansión económica norteamericana.
Los que defienden a Trump arguyen que el presidente es un representante de la Real-Politik. Tampoco es así. Si bien todos somos conscientes de que la economía forma parte de la política, lo que está haciendo Trump es diferente: está sustituyendo a la política por la economía. En cortas palabras, Trump no es un demócrata.
Ahora bien, en este mundo cada vez más despolitizado, Ortega pensó seguramente que la supresión de la política y con ello de las elecciones era un acto consonante con los tiempos anti-democráticos que estamos viviendo. Efectivamente lo es. ¿Quien sabe si lo que Ortega hizo es lo que realmente gustaría hacer a los demás autócratas del planeta? ¿Para que exponerse a entregar el poder mediante elecciones o a aparecer como tramposos si al fin tenemos los medios para eliminar las elecciones? Eso deben pensar dictadores como Lukashenko o autócratas como los ayatolas o Erdogan. En esa terrible deducción yace justamente la peligrosidad del acto de Ortega. Lo aque ha ocurrido en Nicaragua es grave; muy grave.
El crimen de Ortega- Murillo puede convertirse en un hecho precedente, o si se prefiere, en un acto precursor al servicio de la cada más ascendente anti-democracia mundial. Esa es también la razón por la cual lo que queda del mundo democrático está llamado, no solo a emitir declaraciones que se las lleva el viento, sino a actuar sincronizadamente en contra de la dictadura de Ortega-Murillo, exigiendo la revocación de su ley maldita. Los países de América Central y del Caribe nos están dando, desde ya, un buen ejemplo.
Lo importante es no esperar que la reacción venga desde los EE UU. Solo vendrá de ahí si la presión internacional en contra de la dinastía orteguista continúa creciendo. Tampoco hay que esperar que los EE UU reaccionen sobre la base de la Carta de Seguridad Interior del 2025. Nicaragua no representa ningún peligro para la órbita que se han adjudicado los EE UU y la defensa de la democracia no aparece en ninguna página de ese documento, como sucedía en documentos anteriores. La defensa de la democracia mundial ha sido suprimida por la administración Trump. No forma parte del nuevo discurso norteamericano. Y no por último, Nicaragua no tiene petróleo ni tierras raras.
Lo que está en juego no solo es la democracia en Nicaragua, al fin y al cabo un país cuya importancia mundial es muy relativa. Lo que aquí está en juego, dicho sin dramatismo, es el futuro de la democracia en América Latina y, no por último, en diversos lugares del mundo. No estamos hablando de sanciones económicas, las que como ya sabemos afectan principalmente a la población de cada país, sino a sanciones diplomáticas y políticas, sobre todo las que niegan la presencia de Nicaragua en todas las instituciones y eventos en donde participen países democráticos.
Algún día, en los museos antropológicos, serán expuestos los retratos de esos monstruos llamados Ortega y Murillo, como una muestra de lo que eran las especies gubernamentales durante el periodo de la pre-historia política. Pero para ese día todavía falta tiempo.