La perdida, si no de legitimidad de origen, de credibilidad ante su propio electorado es algo
que, en países democráticos, implica la posibilidad de ser dispensado del cargo a través de
nuevas elecciones, en los tiempos constitucionales previstos, que permitan darles un voto
castigo a los políticos que incumplen sus plataformas electorales. Pero en nuestro caso,
pareciera que la ruptura de un pacto no escrito con esos sectores que habrían depositado su
voto a favor del presidente Paz la perciben los sectores agraviados como una traición a
promesas electorales en favor suyo y que sólo puede ser castigada con la renuncia obligada y el
retorno a un momento previo electoral. Esta movilización sediciosa pidiendo la renuncia de Paz
con bloqueos de carreteras y un cerco radical a la ciudad de La Paz se explicaría aparentemente
por la nostalgia que sienten los campesinos indígenas del altiplano por los años de bonanza
durante los gobiernos de Evo Morales, obviando el hecho de que las condiciones para esa
bonanza fueron mayormente producto de los anteriores gobiernos neoliberales y del auge de
las commodities, particularmente del gas natural exportado a Brasil y Argentina.
Los sectores movilizados y algunos segmentos de la sociedad que apoyan la petición de los que
bloquean los caminos e ingresos a la ciudad de La Paz no se dan cuenta (o se dan perfecta
cuenta) que están apoyando una posición antidemocrática, incluso golpista por la violencia que
ha acompañado esta movilización desde un inicio (aparte de los bloqueos en sí mismos que
impiden el ingreso de abastecimientos básicos para una población citadina desprovista de
medios de subsistencia propios, por las muestras de violencia verbal y física de que hicieron
gala los movilizados durante estas jornadas violentas de mayo con insuficiente represión
policial), por muy justificados que puedan ser los reclamos de los afectados por la mala gestión
en la provisión de combustibles (gasolina “basura”) o por muy humilde que pueda ser la
condición social de los movilizados y entendibles los agravios de los pobres del campo y las
ciudades.
Pacto civilizatorio
Pero no pretendo minimizar la gravedad del asunto en esta percepción de un “pacto roto”
entre el presidente boliviano y los campesinos aymaras. En los antecedentes históricos de la
sociedad boliviana, la cuestión del pacto, tregua o acuerdo societal entre sectores
heterogéneos de nuestra nacionalidad ha sido siempre un asunto de capital importancia,
aunque no siempre explícito.
Según el antropólogo bolivianista Tristan Platt, las relaciones asimétricas entre ayllu andino y
Estado boliviano confluyeron, hacia mediados del siglo XIX, en un implícito “pacto de
reciprocidad” entre ambos, un equilibrio sociopolítico precario, pero no por ello menos crucial
para nuestra historia, en el marco de relaciones de dominación colonial entre unas minorías
blanco mestizas y las mayorías indígenas que se prolongó hasta bien entrado el periodo
republicano en nuestro país. Sin entrar en pormenores, se podía concluir de su estudio sobre
los ayllus de Chayanta del norte de Potosí que la percepción indígena de un pacto implícito por
el cual el Estado colonial o republicano se comprometía a respetar el acceso a la tierra
comunitaria de los ayllus y comunidades indígenas, en reciprocidad por la debida recolección
del tributo indígena por parte de los kuraqas de ayllu en favor del fisco. Más aún, ese
entendimiento mutuo había posibilitado el surgimiento decimonónico de un espacio
económico andino y el crecimiento de una economía regional que rebasó incluso las fronteras
nacionales antes de que las políticas librecambistas y liberales lo desconocieran décadas más
tarde.
Otras investigaciones históricas sugieren asimismo que similares pactos o treguas entre
enclaves de colonización hispano dominante y pueblos indígenas se dieron también en otras
latitudes del país en los siglos XVII y XVIII; un ejemplo emblemático de aquellas “treguas”
coloniales fueron los “pactos reduccionales” de las misiones jesuíticas en tierras bajas de
Bolivia. Sin duda, estos pactos civilizatorios fueron precarios y temporales, siempre
amenazados por el desconocimiento unilateral de una de las partes, que derivaba en largos
períodos de inestabilidad y hostilidad. Esta ruptura y ausencia de un pacto societal caracterizó
las relaciones del Estado boliviano con las comunidades indígenas, muchas de las cuales se
vieron despojadas de sus prácticas culturales y tierras comunales desde mediados o fines del
siglo XIX.
La reforma agraria como restitución del pacto social
Por lo que se sabe, la restitución de un pacto de convivencia pacífica que disminuyera las
relaciones hostiles entre unas minorías blancoides y las mayorías indígenas tardó en
concretarse muchas décadas y años en que ocurrieron varias revueltas y masacres indígenas en
tierras altas. Saltando en el tiempo, sabemos que la revolución de 1952 cambió drásticamente
las relaciones de propiedad en el altiplano y los valles, con todas sus consecuencias económicas
y sociales. Lo que no siempre se considera es que la Reforma Agraria del MNR, al legalizar la
redistribución de la tierra entre los campesinos del altiplano y los valles, también implicó un
nuevo tipo de pacto social entre el campesinado indígena y el Estado de 1952, aunque el
período revolucionario de las reformas MNRistas tampoco estuvo exento de violencia exaltada
en la toma de haciendas y ajuste de cuentas con los patrones que se vieron obligados a emigrar
a las ciudades.
Sin embargo, a pesar de la exacerbación de la violencia política y estatal en varios momentos
del acontecer político durante los regímenes civiles y militares en la segunda mitad del siglo XX,
las relaciones entre las clases medias blanco mestizas de las ciudades y los campesinos
indígenas de tierras altas estuvieron signadas por ese marco de convivencia acordado
tácitamente a través de las reformas de la revolución del ’52.
Casi medio siglo después, cuando se inauguraba el nuevo milenio este marco se volvió a
romper. Se puede identificar quizás a la “guerra del agua” que estalló en Cochabamba el 2000
como el punto de quiebre provocado por la intensificación de la agenda privatizadora global de
los 1990, a la que siguió un quinquenio de inestabilidad crónica con bloqueos de carreteras y
ciudades sitiadas que provocaron la caída de 2 presidentes sucesivos, en medio de la llamada
“guerra del gas” con los conflictos más violentos registrados desde los golpes de Estado
militares de los 1970 y 1980.
La oportunidad perdida de nuevo “contrato social”
Finalmente, como respuesta a la crisis política del 2003 que se prolongó hasta unas nuevas
elecciones en 2005, asumió el poder Evo Morales a la cabeza de una poderosa coalición de
organizaciones sociales populares bajo la sigla del MAS, con las cuales gobernó del 2006 al
2019. Aunque la hora de un gobierno que representara a los sectores populares indígenas
aparentemente había llegado, ello no obviaba la necesidad de restituir un pacto de convivencia
obligada con las élites criollas que habían gobernado hasta entonces con el respaldo de las
minorías blanco mestizas de las ciudades y pueblos. El escenario ideal para ello pudo haber sido
la Asamblea Constituyente de 2006-07 si no fuera porque ésta fue más bien instrumentalizada
como estrategia para consolidar el poder del MAS e impedir el retorno al poder de las clases
medias tradicionales que habían sido desalojadas del palacio de gobierno en 2006.
La prueba de que la Constitución aprobada en 2009, aunque negociada con la oposición política
fuera del marco de la Asamblea Constituyente, no llegó a representar un verdadero pacto o
contrato social fue el desconocimiento descarado del referendo 21F de 2016 por parte de Evo
Morales, con el argumento de que las “organizaciones sociales” habían decidido desestimar el
triunfo del NO en el referendo constitucional y buscar la habilitación de Morales por vías
alternativas, entre ellas el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional que terminó
reivindicando el supuesto “derecho humano” de la dupla Morales/García a postularse para un
cuarto período de gobierno.
Se puede considerar, retrospectivamente, que esta maniobra de las organizaciones sociales
para obviar el precepto constitucional que impone límites a la reelección presidencial tuvo
éxito, a pesar de la resistencia movilizada de la ciudadanía que defendió el 21F, debido a que la
Constitución del 2009 nunca representó para ellas un nuevo pacto societal entre las dos
mitades aparentemente heterogéneas y antagónicas de la sociedad boliviana.
El abismo de la violencia identitaria y la consigna de “guerra civil”
De cualquier manera, 20 años después de esa oportunidad perdida reaparece la percepción de
un “pacto roto” no precisamente entre “las 2 Bolivias” como postulaba Felipe Quispe, el mallku
aymara y secretario ejecutivo de la CSUTCB en 2003, sino entre el titular del poder político
elegido en noviembre 2025 y los sectores campesinos que lo habrían votado en base a sus
promesas electorales y ahora piden su renuncia debido a una presunta traición al pacto
caudillista.
El conflicto actual con marchas y bloqueos de ponchos rojos y comunidades aymaras a la sede
de gobierno durante más de 3 semanas, y la crisis política que refleja por la debilidad de un
gobierno frágil que para compensarla se ha alineado prontamente con los designios
hemisféricos del trumpismo y la agenda extractivista del agropoder en el oriente boliviano,
hace patente de manera dramática la ausencia de ese pacto societal que, en ciertos momentos
de nuestra historia, nuestros antepasados supieron establecer a pesar de las asimetrías de
poder que caracterizaban las relaciones de dominación en las que se encontraban inmersos.
Es importante reconocer, sin embargo, que los actuales niveles de conflictividad política y
étnico cultural tienen su origen más inmediato en el desconocimiento de la Constitución por
parte de las propias organizaciones sociales y sindicales que la habían promovido. Es evidente
además que si bien estas organizaciones corporativas tenían antaño cierta legitimidad de
representación de los sectores populares, al presente muchas de estas organizaciones están
divididas y sus capas dirigenciales pugnan ferozmente por el liderazgo imponiendo a las
comunidades rurales la obligatoriedad de los bloqueos (mediante multas y amenazas a los
comunarios por parte de dictaduras sindicales que se parecen demasiado a las prácticas
violentas de las mafias) todo con tal de recuperar su acceso prebendal a las estructuras
estatales en las que hasta hace poco tenían cuotas de poder y privilegios. Por ello mismo, la
polarización que se alienta en las redes sociales al criminalizar en bloque a los manifestantes
como “masistas”, “delincuentes” o “vándalos” es contraproducente por simplificadora y porque
impide el diálogo con las bases.
Otros actores que se movilizan para pedir la renuncia del presidente Paz Pereira son los
adherentes a Evo Morales en varias regiones del país, particularmente en Cochabamba, que
pretenden recuperar el poder perdido en 2019 a través de nuevas elecciones “en 90 días” en
las que buscarían que Morales sea habilitado para postularse de nuevo. En este caso, la crisis
política en Bolivia tiene ribetes geopolíticos y del crimen organizado al sospecharse que las
movilizaciones de los evistas y otros grupos están presuntamente financiadas por el
narcotráfico, por el obvio interés de los carteles de drogas y sus capos en preservar las redes de
protección existentes en el aparato estatal boliviano a través de gobiernos más amigables con
las actividades ilícitas. Por otro lado, el expresidente autoconfinado en el Chapare, para evitar
ser detenido con mandamientos de aprehensión por delitos de estupro y trata/tráfico de
menores, sigue recibiendo el apoyo de los gobiernos populistas de izquierda desde sus mismos
presidentes, como Petro y Sheinbaum, y el respaldo mediático de plataformas digitales del
progresismo internacional que aún defienden a los regímenes del populismo de izquierda
autoritaria.
Aunque ni la sombra de la poderosa confederación laboral que otrora fue, también la Central
Obrera Boliviana (COB), que aglutina a las organizaciones sindicales del reducido sector formal
de la economía boliviana y apoyó a los gobiernos del MAS hasta hace poco, se ha sumado a las
movilizaciones populares que pretenden la caída del gobierno mediante bloqueos criminales y
violentos que ya han provocado muertes de personas que no pudieron ser auxiliadas
oportunamente, además de enormes daños materiales y económicos. A pesar de los desmanes
y la violencia ejercida por movilizados y bloqueadores, estos son aplaudidos por algunos
ideólogos nostálgicos de la “revolución socialista” o que sueñan con la recomposición del
llamado “bloque popular”; paralelamente y como era de esperarse, las movilizaciones
campesinas son defendidas también por algunos portavoces de la utopía del retorno al “vivir
bien” de los pueblos originarios y las sociedades diárquicas de los Andes.
Pero lo más inquietante del sitio a La Paz por los indígenas altiplánicos es la reiteración de la
consigna de “guerra civil” que nos retrotraen a los días de la caída de Evo Morales en
noviembre de 2019, así como de las arengas a la unidad en base a la identidad étnico cultural
de los sublevados, entre ellos los “ponchos rojos” de las 20 provincias aymaras de La Paz que
son muy representativos de esos segmentos de la población nativa que miran con odio a los
“foráneos” –aquellos bolivianos que tienen apellidos de inmigrantes extranjeros no importa de
qué generación anterior–. Se trata de un sentimiento que, bien mirado, es equivalente al odio a
los inmigrantes de los que se consideran nativos del lugar en otras latitudes de América y
Europa. Tampoco muy distinto, sin embargo, de los sentimientos de desprecio racial hacia los
inmigrantes indígenas que expresan algunos segmentos de la población mestiza en las
ciudades, ¡particularmente los de última generación en venirse del campo! (y especialmente a
través de las redes sociales de TikTok y otras plataformas que refuerzan los discursos de odio y
los memes denigrando a los otros).
Por todo este panorama complicado que se ha prolongado demasiado sin resolución alguna,
creemos que es tarde para pretender ahora lograr acuerdos o pactos sociales de gran alcance
más allá de los instituidos en la propia Constitución; a lo más que podemos aspirar en las
actuales circunstancias de encono visceral y amenaza de un desborde de la violencia anárquica
entre bolivianos –debido a la falta de decisión oportuna de un gobierno débil y acorralado– es
abogar por el surgimiento de iniciativas de pacificación que logren al menos una tregua social
que permita desbloquear el porvenir inmediato de nuestra perenne conflictividad étnico-
cultural.
*El autor es traductor, editor y divulgador en redes sociales de La Paz (Bolivia) del pensamiento
e ideas de Iván Illich, Hannah Arendt, Fernando Mires, entre otros autores.