Ceguera voluntaria y complicidad paracriminal con la dictadura
En momentos de crisis profunda, los regímenes autoritarios no solo despliegan sus aparatos represivos hacia adentro: buscan, con igual urgencia, legitimación hacia afuera. Como ha señalado un análisis sobre las redes de influencia de los autoritarismos globales, enfocado en el caso cubano, toda dictadura busca ampliar su legitimidad externa. En ese contexto debe leerse la reciente activación de la flotilla “Nuestra América”, una iniciativa que, bajo retórica humanitaria, se inserta en una red más amplia de apoyos políticos, intelectuales y activistas al régimen cubano.
Los activistas de extrema izquierda involucrados en dicha flotilla —lejos de constituir actores neutrales o meramente solidarios— participan, consciente o inconscientemente, en un dispositivo de legitimación internacional del autoritarismo cubano. Su responsabilidad ética es, por tanto, ineludible. Y su conducta puede ser analizada con precisión a partir de dos claves: la noción de “ceguera voluntaria” y la pertenencia a una red transnacional de apoyo al autoritarismo.
La ceguera voluntaria como actitud política
En mi ensayo La ceguera voluntaria, di cuenta de un fenómeno persistente: la negativa activa de ciertos sectores de la izquierda global a reconocer la naturaleza represiva del régimen cubano, incluso cuando disponen de información suficiente para hacerlo. No se trata de ignorancia, sino de una forma de negación ideológica. Un “no querer saber” que distorsiona la percepción de la realidad y bloquea el juicio moral.
Esta categoría resulta crucial para entender la conducta de los activistas de la flotilla, quienes no operan en el vacío informativo. La represión documentada contra disidentes, periodistas y manifestantes —incluyendo detenciones, hostigamiento y censura— forma parte del registro público . Asimismo, la existencia de presos políticos y la ausencia de libertades fundamentales han sido ampliamente señaladas por organizaciones de derechos humanos y análisis independientes.
Sin embargo, la narrativa dominante entre los promotores de la flotilla insiste en encuadrar la crisis cubana exclusivamente como resultado de sanciones externas, minimizando o ignorando las causas estructurales internas: un modelo económico fallido y un sistema político cerrado. Esta operación discursiva no es inocente: es un acto de selección interesada de la realidad. La ceguera voluntaria, en este caso, adopta una forma particularmente sofisticada: se reviste de humanitarismo y se presenta como solidaridad, cuando en realidad implica una toma de posición política que exonera al régimen de responsabilidad y desplaza el foco hacia actores externos.
La flotilla como dispositivo de legitimación
Cualquier investigación somera acerca de la flotilla “Nuestra América” revela elementos clave que desmienten su supuesta neutralidad. La iniciativa está impulsada por cuadros y activistas de la Internacional Progresista, organización que mantiene vínculos directos con figuras del aparato estatal cubano, incluyendo a Mariela Castro. Su principal portavoz, David Adler, ha sostenido relaciones institucionales previas con autoridades del régimen, participando en proyectos y eventos coordinados con el Gobierno cubano. Además, la flotilla carece de mecanismos transparentes para garantizar la distribución independiente de la ayuda. No se especifica cómo los insumos llegarán directamente a la población ni qué controles existirán para evitar su apropiación por estructuras estatales. Esta opacidad no es un detalle técnico: es un indicador político.
En regímenes donde el Estado monopoliza la distribución de recursos, cualquier ayuda no supervisada puede ser instrumentalizada para reforzar el control social. La historia cubana ofrece ejemplos de estructuras como los Comités de Defensa de la Revolución, que combinan funciones sociales con mecanismos de vigilancia y control político. En este contexto, la flotilla no solo corre el riesgo de ser cooptada: forma parte de un entramado que facilita esa cooptación. Como señala la investigación sobre redes de apoyo al régimen, estas alianzas operan como “operaciones de influencia” que articulan actores diversos —ONGs, medios, activistas— en función de una narrativa convergente.
El elemento más problemático de la flotilla es su uso del lenguaje humanitario. La ayuda a poblaciones en crisis es, en principio, un imperativo moral. Pero en contextos autoritarios, ese imperativo puede ser instrumentalizado. La clave no está en la intención declarada, sino en el efecto real. Y el efecto de iniciativas como esta —en ausencia de independencia operativa— es reforzar la narrativa del régimen: presentar la crisis como resultado de agresiones externas y mostrar apoyo internacional como prueba de legitimidad.
Este fenómeno no es nuevo. Como ha documentado la literatura sobre el embargo y sus efectos políticos, la solidaridad internacional puede ser reinterpretada por el régimen como respaldo político, debilitando las presiones externas por democratización. En este sentido, la flotilla reproduce un patrón histórico: la conversión de la empatía en capital político para el autoritarismo. Detrás de esa realidad puede haber distintas motivaciones personales por parte de los participantes en la iniciativa. Intentar comprenderlas y valorarlas dentro del contexto y sentido de la misma puede ser necesario.
De la ingenuidad a la complicidad: anatomía de la responsabilidad militante
Una objeción frecuente es que muchos de estos activistas actúan de buena fe. Que su motivación es humanitaria y que no buscan legitimar al régimen. Este argumento, sin embargo, resulta insuficiente. Como se ha señalado en análisis recientes sobre la participación de académicos y juristas en eventos organizados por el Estado cubano, la presencia en estos espacios “no es un gesto neutro”, sino una elección ética que tiene consecuencias políticas . Lo mismo aplica a la flotilla.
Podemos distinguir tres niveles de responsabilidad, con diferencias de grado, aunque no de naturaleza: a) ingenuidad informada de actores que, pese a conocer el contexto, subestiman sus implicaciones; b) complicidad limitada de quienes priorizan objetivos ideológicos o identitarios sobre la coherencia ética y c) complicidad protagónica: actores que comprenden plenamente el carácter del régimen y, aun así, colaboran activamente con él por razones políticas.
La tipología de responsabilidades esbozada anteriormente —ingenuidad informada, complicidad limitada y complicidad protagónica— merece un desarrollo más fino, no solo para clasificar conductas, sino para comprender los mecanismos morales y políticos que permiten a actores externos convertirse en piezas funcionales de un engranaje autoritario. Lejos de ser categorías rígidas, estos niveles operan como un continuo dinámico: los sujetos pueden desplazarse entre ellos, radicalizando o matizando su implicación según contextos, incentivos y experiencias.
La ingenuidad informada constituye el nivel más extendido —y quizá más peligroso por su capacidad de reproducción— dentro de la constelación de apoyos al régimen cubano. Aquí se ubican aquellos activistas que, si bien no desconocen completamente la naturaleza del sistema político cubano, operan a partir de marcos interpretativos simplificados, heredados o ideológicamente filtrados.
No son ignorantes en sentido estricto. Han tenido acceso —directo o indirecto— a información sobre represión, censura o ausencia de pluralismo. Pero esa información es relativizada, reinterpretada o subordinada a una narrativa mayor: la del antiimperialismo, la resistencia soberana o la justicia social. En este esquema, los abusos del régimen aparecen como “excesos”, “errores” o “desviaciones”, nunca como rasgos estructurales. La “ceguera voluntaria” aquí no adopta la forma de negación frontal, sino de jerarquización moral selectiva. Se reconoce parcialmente el problema, pero se le resta centralidad. La pregunta implícita no es si hay represión, sino si esa represión es lo suficientemente grave como para invalidar el proyecto político en su conjunto. Y la respuesta, casi siempre, es negativa.
Este tipo de actor suele recurrir a comparaciones asimétricas: contrapone las limitaciones cubanas con las desigualdades de democracias liberales, concluyendo que toda crítica al régimen resulta hipócrita o funcional a agendas externas. El resultado es una ética de la simplificación, donde la complejidad del caso cubano se reduce a un binarismo cómodo: revolución vs. imperialismo.
Sin embargo, esta posición tiene consecuencias. Al minimizar la centralidad de los derechos civiles y políticos, estos activistas contribuyen a normalizar su ausencia. Y al participar en iniciativas como la flotilla, refuerzan una narrativa que invisibiliza a las víctimas reales del sistema: los ciudadanos cubanos privados de libertades básicas. La responsabilidad aquí radica en la negligencia moral: no en la intención de dañar, sino en la negativa a revisar críticamente los propios supuestos cuando la evidencia lo exige.
Un segundo nivel lo ocupan aquellos actores que han superado —al menos parcialmente— la fase de ingenuidad, pero que eligen no actuar en consecuencia, asumiendo una complicidad limitada con el aliado autoritario. Saben. Han leído informes, escuchado testimonios, quizá incluso presenciado dinámicas de control o censura. Pero deciden continuar participando en iniciativas alineadas con el régimen, ya sea por razones estratégicas, identitarias o pragmáticas. Aquí la ceguera voluntaria ya no es cognitiva, sino performativa. El sujeto ve, pero actúa como si no viera. Se produce una disonancia entre conocimiento y acción que se resuelve mediante racionalizaciones: “es mejor estar dentro que fuera”, “el diálogo es más efectivo que la confrontación”, “hay que evitar darle munición a la derecha”.
Este tipo de actor suele ocupar posiciones intermedias en redes académicas, ONG o movimientos sociales. Su capital simbólico depende, en parte, de su inserción en circuitos internacionales donde la causa cubana sigue teniendo valor identitario. Romper con esa narrativa implicaría costos: pérdida de redes, de visibilidad, de coherencia biográfica. La flotilla, en este sentido, funciona como un espacio de confort moral. Permite a estos actores mantener una imagen de compromiso humanitario sin tener que confrontar abiertamente las implicaciones políticas de su acción. La ayuda material se convierte en coartada ética.
Pero esta coartada es frágil. En contextos autoritarios, la neutralidad operativa es ilusoria. Toda acción que interactúa con estructuras estatales termina, de una u otra forma, integrándose en su lógica. La ausencia de mecanismos independientes de distribución no es un accidente: es una condición estructural del sistema cubano. La responsabilidad en este nivel es más grave que en el anterior. No se trata ya de negligencia, sino de omisión consciente. De una decisión de no actuar —o de actuar de manera ambigua— pese a conocer las consecuencias.
En el nivel más alto de responsabilidad se encuentran aquellos actores que comprenden plenamente la naturaleza del régimen cubano y, aun así, deciden apoyarlo de manera activa y deliberada. Aquí la ceguera voluntaria desaparece: es reemplazada por una lógica de una complicidad protagónica. Estos actores no necesitan creer en la narrativa oficial para reproducirla. La utilizan. Saben que el régimen es autoritario, pero lo consideran un aliado útil en una lucha geopolítica o ideológica más amplia. Cuba se convierte en símbolo, en trinchera, en recurso discursivo.
El lenguaje humanitario, en este caso, es una mera herramienta. La flotilla no es solo un gesto solidario, sino una operación política cuidadosamente diseñada para generar imágenes, titulares y capital simbólico. La ayuda material es secundaria frente al valor performativo de la acción: mostrar que Cuba no está sola, que existe un respaldo internacional, que la narrativa del régimen tiene eco fuera de la isla.
Estos actores suelen ocupar posiciones de liderazgo en redes transnacionales: son los coordinadores de iniciativas, voceros, articuladores de alianzas. Su capacidad de influencia es mayor, y por tanto también lo es su responsabilidad. A diferencia de los niveles anteriores, aquí no hay disonancia ni simplificación. Hay coherencia interna, pero orientada hacia fines problemáticos. El régimen cubano es visto como un “mal necesario” o incluso como un modelo imperfecto pero defendible frente a alternativas consideradas peores.
La ética que subyace a esta posición es profundamente instrumental: los derechos individuales pueden ser sacrificados en nombre de causas mayores. La democracia liberal es relativizada como una entre varias opciones posibles, no necesariamente superior. Este tipo de razonamiento ha sido históricamente característico de diversas formas de complicidad intelectual con regímenes autoritarios. Su peligro radica en su capacidad de sofisticación: no apela a la ignorancia, sino a la estrategia.
Conclusión: ética, verdad y responsabilidad
La situación actual de Cuba —marcada por crisis económica, represión política y protestas sociales— exige claridad moral. No basta con denunciar sanciones externas ni con enviar ayuda simbólica. Es necesario reconocer la naturaleza del régimen y las dinámicas internas que sostienen la crisis.
Es importante subrayar que estos tres niveles no son compartimentos estancos. Un activista puede comenzar en la ingenuidad informada, transitar hacia la complicidad pasiva y, en ciertos casos, derivar en formas de cinismo estratégico. Este desplazamiento suele estar mediado por procesos de socialización política, incentivos organizacionales y experiencias personales. Asimismo, existen zonas grises. Actores que oscilan entre posiciones, que muestran ambivalencias, que expresan dudas pero no las traducen en cambios de conducta. Sin embargo, la existencia de ambigüedad no elimina la responsabilidad. Al contrario: la prolongación de la ambigüedad en contextos de alta represión puede convertirse en una forma de complicidad prolongada.
En última instancia, la responsabilidad no se mide solo por la intención, sino por el impacto. Y el impacto de iniciativas como la flotilla —independientemente de las motivaciones individuales— es contribuir a la legitimación internacional de un régimen que enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente. La pregunta, entonces, no es únicamente qué saben o qué creen estos activistas, sino qué hacen con ese conocimiento. Y, sobre todo, qué efectos produce su acción en un contexto donde la neutralidad no es una opción disponible. La historia ofrece lecciones claras sobre la complicidad intelectual con el autoritarismo; persistir en la ceguera voluntaria no es un error cognitivo: es una elección moral y política. Y en el caso de Cuba, hoy, esa elección tiene consecuencias concretas para millones de ciudadanos que no pueden darse el lujo de ignorar la realidad.
Los promotores y activistas de la flotilla “Nuestra América” enfrentan una disyuntiva ética fundamental: persistir en la ceguera voluntaria o asumir la responsabilidad de sus actos. No hay neutralidad posible cuando la acción contribuye, directa o indirectamente, a legitimar un sistema que niega derechos humanos fundamentales. Si ese sistema —sus dirigentes, métodos, resultados— revela crecientemente su naturaleza criminal, entonces quienes le justifican y apoyan activamente desde fuera de las fronteras cubanas asumen, de facto, una complicidad clara. Una complicidad paracriminal.
Armando Chaguaceda. Politólogo e historiador cubano-mexicano. Investigador en el think tank Gobierno y Análisis Político (GAPAC). Con 30 años de experiencia docente en Cuba, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Venezuela. Experto del proyecto V-Dem especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en América Latina y Rusia. Editor, coautor y/o autor de numerosas publicaciones sobre esas temáticas.