Desde los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que violan el derecho internacional, ha surgido un debate en Alemania que sigue un patrón notable: el gradual desprecio del derecho internacional. Este fenómeno no es nuevo. Lo nuevo es el volumen con el que se presentan los ataques y el centro político del que proceden.
Durante la Guerra de los Doce Días en el verano de 2025, el canciller Friedrich Merz ya había declarado que Israel estaba haciendo el "trabajo sucio" por Europa. Aun así, las críticas a ella eran contenidas. Mientras tanto, el tono se ha intensificado: los medios exigen "más trabajo sucio, menos derecho internacional" y los políticos centristas incluso afirman que "el derecho internacional beneficia a dictadores y sistemas autoritarios". ¿Así que el enemigo es la ley?
Lo que está ocurriendo aquí no son errores. Algo se está escapando políticamente aquí. En los debates políticos, los comentarios mediáticos y los análisis de política de seguridad, el derecho internacional aparece cada vez más como un obstáculo para una política exterior supuestamente más realista. Lo que resulta especialmente llamativo del debate es la ligereza con la que algunos comentaristas están dispuestos a plantear principios centrales del derecho internacional en nombre de una política de derechos humanos supuestamente realista. Precisamente donde la indignación moral se articula correctamente sobre las condiciones en Irán, surge de repente la demanda de que la prohibición del uso de la fuerza por parte de la Carta de la ONU se trate como una formalidad legal obstructiva. No se debe permitir que uno se deje frenar por "grilletes legales" si se persiguen objetivos moralmente imperativos.
A primera vista, esta actitud parece decidida y pragmática ante el régimen inhumano de los mulás en Irán. Sin embargo, al observarlo más de cerca, resulta ser peligrosamente miope. La prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU —quizás la innovación normativa más importante del siglo XX— no nació de un euforia idealista, sino de la experiencia de dos guerras mundiales. La idea de que los Estados ya no son libres para decidir sobre la fuerza militar fue consecuencia de una época en la que precisamente esta libertad había provocado violaciones masivas de los derechos humanos. La llamada ley de mantenimiento de la paz no es, por tanto, un sueño febril moral, sino una experiencia histórica institucionalizada. No es un intento de abolir la política de poder —eso sería ilusorio— sino una forma de contenerla mediante reglas.
Particularmente paradójico es la afirmación de un supuesto dilema entre los derechos humanos y el derecho internacional. Este argumento surge con regularidad precisamente cuando se pretende legitimar intervenciones militares fuera del sistema legal existente. Hay que decidir, según la tesis directa: o se adhiere a las normas legales internacionales o se protege a las personas de injusticias graves.
Sin embargo, esta comparación es engañosa por varias razones. En primer lugar, el sistema internacional de derechos humanos es, por supuesto, parte del derecho internacional. Cualquiera que ataque el "derecho internacional" en todos los ámbitos al mismo tiempo deslegitima los tratados, instituciones y procedimientos en los que se basa la protección global de los derechos humanos.
En segundo lugar, la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU no protege principalmente la soberanía estatal, sino las sociedades y las poblaciones civiles. Se creó para evitar una espiral de ataques y represalias que se conoce desde hace miles de años. Es precisamente esta dinámica conflictiva la que estamos viviendo actualmente en Oriente Medio: una docena de países han estado implicados militarmente en la guerra de Irán y más de 1.300 personas han muerto, incluidos 165 niños de un colegio femenino en el sur del país.
En tercer lugar, la guerra contra Irán en la forma en que está justificada no es un buen ejemplo de tal dilema. Ni Estados Unidos ni Israel han afirmado seriamente actuar en nombre de los derechos humanos. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, y el secretario de Estado Marco Rubio incluso han declarado explícitamente que no se trata de un "cambio de régimen". Es indiscutible que el régimen iraní masacra a su población y comete las violaciones más graves de los derechos humanos. Pero los ataques entre Estados Unidos e Israel no persiguen el objetivo de proteger los derechos de la población iraní. Por eso precisamente esta guerra es extremadamente inadecuada como ejemplo de una supuesta tensión entre el derecho internacional y los derechos humanos.
Hay casos en los que la tensión entre la prohibición del uso de la fuerza y los derechos humanos ha determinado con mayor claridad los motivos de las partes en conflicto. La intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 fue contraria al derecho internacional, pero detuvo una masacre y, al mismo tiempo, no logró evitar más asesinatos. Pero Kosovo no es adecuado como pase libre. Fue un caso límite que se discutió como tal, con una grave carga legal de justificación, con debate internacional, con el intento de traducir posteriormente la acción en normas, de donde surgió el concepto de "Responsabilidad de proteger". Lo que estamos experimentando hoy es lo contrario: no hay carga de justificación, ni debate, ni desarrollo de normas. Pero la simple afirmación de que el derecho termina donde comienzan los intereses políticos.
Nadie espera que el régimen de Teherán tome en serio el derecho internacional. Un Estado que ejecuta a manifestantes, utiliza presos políticos como moneda de cambio y priva sistemáticamente a las mujeres de sus derechos se ha despedido del círculo de personas respetuosas de la ley. Esto está documentado, condenado y debe ser procesado bajo el derecho penal internacional. Estos regímenes son prueba de que la ley tiene enemigos. Sin embargo, no son tanto sus oponentes abiertos quienes son peligrosos para la ley. Un peligro mayor son las democracias que no infringen la ley, sino que la doblan. Que no lo rechazan, sino que lo reetiquetan. No: "estamos ignorando el derecho internacional", sino: "las circunstancias especiales requieren una interpretación diferenciada". Esta práctica socava el derecho internacional desde dentro, mucho más eficazmente que cualquier hostilidad abierta. Tan pronto como las reglas universales son sustituidas por juicios morales situacionales, el poder de decisión inevitablemente pasa a aquellos actores que disponen de medios militares. Para los despreciadores del derecho internacional como Trump, un mundo sin reglas vinculantes no es una amenaza, sino una oportunidad estratégica. Así que cualquiera que socave la autoridad del derecho internacional en nombre de un supuesto realismo está trabajando —intencionadamente o no— precisamente en este cambio.
Otras voces llegan a una conclusión diferente al ejemplo de Irán: dado que el derecho internacional ya no se observa, se debería referirse menos al derecho y hablar con mayor sobriedadez sobre poder, intereses y necesidades geopolíticas.
Este diagnóstico no solo se abrevia analíticamente. El error básico ya reside en su suposición inicial. En ninguna otra área del derecho se concluiría por la existencia de infracciones de la ley que la ley es inútil. La debilidad del derecho internacional no es un argumento contra la ley, es un argumento para su defensa. Su autoridad surge de la práctica política, de las instituciones y de las expectativas. Fortalecer instituciones como la Corte Penal Internacional sería la consecuencia adecuada. Pero cualquiera que socave retóricamente su autoridad —como hizo Merz en el caso de las órdenes de arresto contra Netanyahu, que prefiere ignorar si es necesario— contribuye a su erosión. Referirse a esta debilidad después es intolerante.
Además, apenas hay evidencia histórica que respalde empíricamente la idea de que los sistemas autoritarios pueden democratizarse mediante intervención militar externa. Más bien, la historia reciente ofrece ejemplos de advertencia. La guerra de Irak en 2003 comenzó con escenarios de amenaza falsos y la promesa de traer democracia y estabilidad al país. En cambio, siguieron años de ocupación, un estado destruido, cientos de miles de muertes y un Irán fortalecido. La intervención militar en Afganistán terminó tras dos décadas con el regreso de los talibanes. Libia, donde una intervención inicialmente limitada llevó a un cambio de régimen, sigue marcada por la fragmentación política y la violencia.
Es precisamente aquí donde se hace evidente el verdadero dilema del debate actual. No es la tensión entre derechos humanos y derecho internacional invocada por Merz. El verdadero dilema es otro: el gobierno alemán está cediendo a la voluntad de Trump porque no quiere molestar a Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a su apoyo a Ucrania, que se está defendiendo contra una guerra ilegal de agresión. Conseguir este apoyo es un motivo comprensible, pero no un argumento para aceptar la violación de la ley entre Estados Unidos e Israel. Esto plantea otra cuestión muy concreta para los políticos alemanes: según el artículo 26 de la Ley Fundamental, Alemania no puede participar en actos de agresión que violen el derecho internacional, ni directa ni indirectamente.
Esto también se aplica al apoyo logístico proporcionado por la infraestructura militar en territorio alemán, en particular la base aérea estadounidense de Ramstein. El verano pasado, el Tribunal Constitucional Federal enfatizó en la sentencia Ramstein que el gobierno federal debe actuar en caso de graves riesgos de violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de otros estados. Esto también se aplica a la concesión de actos de agresión desde el propio territorio que sean contrarios al derecho internacional. Este deber no es una opción política, sino una obligación constitucional. Pedro Sánchez demuestra que este cumplimiento de la ley es posible: el presidente del Gobierno español se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice bases militares españolas para esta guerra y es criticado en el debate alemán por no ser capaz de formar una alianza. La señal que envía es devastadora: cualquiera que cumpla la ley es considerado un alborotador.
Cuando el canciller Friedrich Merz declara que "nada se puede lograr" con las clasificaciones bajo el derecho internacional, esto no es realpolitik sobria. Es una declaración de bancarrota contra los Principios de Núremberg y contra la promesa de respetar la ley aunque cueste algo políticamente. Lo que se percibe como pragmatismo es en realidad una capitulación ante la lógica de la política de poder imperial, que se basa en la fuerza militar para hacer valer sus propios intereses. Para un canciller alemán, tal actitud es en efecto mucho más que un simple error político. Supone una ruptura con la responsabilidad histórica de la que surgió el orden constitucional alemán en primer lugar. Sin embargo, esta responsabilidad no es una opción política, sino una obligación constitucional. Cualquiera que los ignore rompe no solo con el derecho internacional, sino también con su propia constitución. Ese es el dilema. (IPG)