La administración Trump está tratando la destitución de Maduro como un éxito táctico que habla por sí mismo, incluso mientras asume deliberadamente la responsabilidad de lo que viene después. El presidente Donald Trump ha sido explícito respecto a esa elección. Al anunciar que Estados Unidos "gobernará Venezuela" durante un tiempo, no se limita a proyectar confianza. Está asumiendo intencionadamente la responsabilidad de las consecuencias políticas, económicas y de seguridad que conllevan.
La historia ofrece una advertencia. En mayo de 2003, el presidente George W. Bush se situó bajo la bandera de "Misión Cumplida" y declaró la victoria en Irak. Lo que siguió no fue estabilización, sino fragmentación: una insurgencia, una crisis de legitimidad y años de costosos enredos. Venezuela se encuentra ahora en un punto de inflexión similar. Eliminar a Maduro podría abrir la puerta a una transición duradera. Podría igualmente arrastrar a Estados Unidos a un peligroso atolladero.
Si Washington logra la siguiente fase con disciplina—combinando coacción con incentivos y fuerza con legitimidad política—podría reiniciar la trayectoria de Venezuela, volver a integrar al país en la comunidad de democracias del hemisferio y reafirmar la influencia estadounidense en una región que ha pasado la última década protegiéndose del poder estadounidense. Si esto ocurre, la recompensa sería considerable.
El colapso de Venezuela en las últimas dos décadas ha sido el principal motor de migración irregular, crimen transnacional, corrupción y flujos financieros ilícitos en el hemisferio, afectando negativamente los intereses de Estados Unidos. La estabilización abordaría esos problemas en su origen en lugar de en la frontera estadounidense. También cerraría un entorno permisivo que permitía al régimen de Maduro cometer crímenes sistemáticos contra su propia población—crímenes que vaciaban la sociedad venezolana mientras exportaban la inestabilidad al extranjero. Y privaría a los adversarios estadounidenses (incluidos China, Irán y Rusia) de una base estratégica.
Pero lograr tal resultado requerirá un grado de política hábil y circunstancias afortunadas que están lejos de estar aseguradas en ninguna administración. Los caminos plausibles del fracaso incluyen una transición parcial que deja intactas las redes criminales, un prolongado periodo de limbo político que sostiene la migración y la inestabilidad, o un compromiso de seguridad creciente que Estados Unidos nunca tuvo la intención pero que le cuesta deshacer. Lo que ocurra a continuación determinará si este momento se convierte en una bisagra en la historia hemisférica o en otra entrada en el largo catálogo de excesos de poder estadounidenses.
LA APUESTA
La operación que puso fin al mandato de Maduro lleva la inconfundible huella de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Refleja una visión del mundo que valora la decisión, el espectáculo y la recompensa, tanto política como económica. Para Trump, Venezuela es menos un problema de política exterior que un activo a explotar. Estados Unidos, insiste, "gobernará el país", extraerá y venderá petróleo venezolano y convertirá el apalancamiento geopolítico en un retorno tangible. Esto es mercantilismo, aplicado sin disculpas: la diplomacia difuminada con el beneficio y la oportunidad creada no solo para las empresas estadounidenses, sino también para aliados políticos e intermediarios cercanos al poder en particular.
Esos instintos ya están moldeando las expectativas en el sector energético. Más allá de Chevron, se espera ampliamente que empresas estadounidenses como ConocoPhillips —que llevan mucho tiempo atrapadas en litigios sobre activos expropiados— vuelvan a entrar en Venezuela. Pero el margen de maniobra de Trump es limitado. La mayoría de los campos productores ya están adjudicados por contrato, incluso a empresas chinas que insistirán en que se respeten esos acuerdos. Esto limita las opciones de Washington y aumenta la tentación de eludir por completo al futuro gobierno venezolano. Si Estados Unidos busca en cambio captar directamente los ingresos petroleros estatales venezolanos, dejará poco margen fiscal para la reconstrucción interna—asegurando efectivamente que Washington "gobierne" Venezuela independientemente de quién ocupe formalmente el cargo.
Para Rubio, las apuestas son diferentes pero no menos significativas. Durante años, ha argumentado que la presión incremental solo afianzaba al régimen mientras expandía la influencia china, iraní y rusa. Este momento ofrece la oportunidad de demostrar que el poder duro puede lograr resultados donde la diplomacia y las sanciones fracasaron y de remodelar los términos del debate sobre el liderazgo estadounidense en el hemisferio.
Si la apuesta sale bien, las implicaciones van mucho más allá de Caracas. Validaría lo que los críticos han denominado la "Doctrina Don-Roe", una reinterpretación de la era Trump de la Doctrina Monroe que favorece la aplicación unilateral frente a la moderación multilateral. Indica que Washington está dispuesto a reafirmar la primacía en su entorno cercano, incluso a costa de fricciones institucionales y incomodidad diplomática.
Esto obligaría a una recalibración en América Latina y el Caribe, recordando a los gobiernos que el desenganche de Estados Unidos es una elección, no una limitación—y que el poder estadounidense, cuando se ejerce, puede ser lo suficientemente decisivo como para dejarles pocas opciones de oposición abierta. También envalentonaría a los defensores de Washington que favorecen resultados estratégicos y comerciales por encima del proceso diplomático y la persuasión en la política hemisférica.
Pero esa lógica se basa en suposiciones forjadas en otra época. La Doctrina Monroe funcionaba cuando el poder estadounidense era inigualable en el hemisferio y los competidores externos estaban distantes. Ese mundo ya no existe.
La operación que puso fin al mandato de Maduro lleva la inconfundible huella de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Refleja una visión del mundo que valora la decisión, el espectáculo y la recompensa, tanto política como económica. Para Trump, Venezuela es menos un problema de política exterior que un activo a explotar. Estados Unidos, insiste, "gobernará el país", extraerá y venderá petróleo venezolano y convertirá el apalancamiento geopolítico en un retorno tangible. Esto es mercantilismo, aplicado sin disculpas: la diplomacia difuminada con el beneficio y la oportunidad creada no solo para las empresas estadounidenses, sino también para aliados políticos e intermediarios cercanos al poder en particular.
Esos instintos ya están moldeando las expectativas en el sector energético. Más allá de Chevron, se espera ampliamente que empresas estadounidenses como ConocoPhillips —que llevan mucho tiempo atrapadas en litigios sobre activos expropiados— vuelvan a entrar en Venezuela. Pero el margen de maniobra de Trump es limitado. La mayoría de los campos productores ya están adjudicados por contrato, incluso a empresas chinas que insistirán en que se respeten esos acuerdos. Esto limita las opciones de Washington y aumenta la tentación de eludir por completo al futuro gobierno venezolano. Si Estados Unidos busca en cambio captar directamente los ingresos petroleros estatales venezolanos, dejará poco margen fiscal para la reconstrucción interna—asegurando efectivamente que Washington "gobierne" Venezuela independientemente de quién ocupe formalmente el cargo.
Para Rubio, las apuestas son diferentes pero no menos significativas. Durante años, ha argumentado que la presión incremental solo afianzaba al régimen mientras expandía la influencia china, iraní y rusa. Este momento ofrece la oportunidad de demostrar que el poder duro puede lograr resultados donde la diplomacia y las sanciones fracasaron y de remodelar los términos del debate sobre el liderazgo estadounidense en el hemisferio.
Si la apuesta sale bien, las implicaciones van mucho más allá de Caracas. Validaría lo que los críticos han denominado la "Doctrina Don-Roe", una reinterpretación de la era Trump de la Doctrina Monroe que favorece la aplicación unilateral frente a la moderación multilateral. Indica que Washington está dispuesto a reafirmar la primacía en su entorno cercano, incluso a costa de fricciones institucionales y incomodidad diplomática.
Esto obligaría a una recalibración en América Latina y el Caribe, recordando a los gobiernos que el desenganche de Estados Unidos es una elección, no una limitación—y que el poder estadounidense, cuando se ejerce, puede ser lo suficientemente decisivo como para dejarles pocas opciones de oposición abierta. También envalentonaría a los defensores de Washington que favorecen resultados estratégicos y comerciales por encima del proceso diplomático y la persuasión en la política hemisférica.
Pero esa lógica se basa en suposiciones forjadas en otra época. La Doctrina Monroe funcionaba cuando el poder estadounidense era inigualable en el hemisferio y los competidores externos estaban distantes. Ese mundo ya no existe.
FRAGMENTACIÓN SIN RESOLUCIÓN
La destitución de Maduro no significa el colapso del chavismo—el sistema híbrido ideológico, político y criminal construido en torno al proyecto bolivariano de Hugo Chávez (predecesor de Maduro, que llegó al poder en 1999 y murió en el poder en 2013) y sostenido mediante clientelismo, represión y financiación ilícita. El régimen nunca fue una estructura única. Era una coalición, unida por el acceso a los alquileres y un miedo compartido a la represalia. Con Maduro fuera, esa coalición se fragmentará. Pero la fragmentación no es lo mismo que la transición política.
La variable decisiva son las fuerzas armadas. Hay pocas pruebas de una ruptura institucional clara que sugiera una rápida transferencia de poder. Un escenario más probable es la negociación prolongada, la deserción selectiva y la cobertura. Algunos comandantes buscarán un acuerdo con la autoridad que surja. Otros se aferrarán, apostando a que la incertidumbre juega a su favor. Los intermediarios civiles de poder —gobernadores, funcionarios del partido, intermediarios económicos— seguirán el mismo cálculo.
La constitución de Venezuela ofrece un camino estrecho y controvertido. Convoca nuevas elecciones en un plazo de 30 días tras una vacante presidencial, reconociendo también los resultados de la votación de julio de 2024 que Maduro se negó a respetar—una votación que produjo una clara victoria opositora para Edmundo González, un exdiplomático elegido para postularse en lugar de la líder opositora, María Corina Machado, una victoria ampliamente reconocida en el extranjero pero nunca aplicada en el país. La tensión entre el procedimiento constitucional y la realidad política refleja el desafío central que se avecina: la legalidad por sí sola no resolverá la transición sin la aplicación y el apoyo de quienes aún controlan el poder coercitivo.
Sigue siendo posible una transición pacífica. Requerirá una presión calibrada, garantías creíbles y una disposición a priorizar la reintegración sobre el castigo general. De lo contrario, surgirán spoilers—no solo los duros ideológicos, sino también actores racionales actuando con autopreservación.
Complicando las cosas está el ecosistema que Maduro dejó atrás: traficantes, funcionarios corruptos, grupos armados, actores de seguridad. Estas entidades están profundamente arraigadas en el Estado y la economía. Quitar la figura de proa no desmonta el sistema.
La destitución de Maduro no significa el colapso del chavismo—el sistema híbrido ideológico, político y criminal construido en torno al proyecto bolivariano de Hugo Chávez (predecesor de Maduro, que llegó al poder en 1999 y murió en el poder en 2013) y sostenido mediante clientelismo, represión y financiación ilícita. El régimen nunca fue una estructura única. Era una coalición, unida por el acceso a los alquileres y un miedo compartido a la represalia. Con Maduro fuera, esa coalición se fragmentará. Pero la fragmentación no es lo mismo que la transición política.
La variable decisiva son las fuerzas armadas. Hay pocas pruebas de una ruptura institucional clara que sugiera una rápida transferencia de poder. Un escenario más probable es la negociación prolongada, la deserción selectiva y la cobertura. Algunos comandantes buscarán un acuerdo con la autoridad que surja. Otros se aferrarán, apostando a que la incertidumbre juega a su favor. Los intermediarios civiles de poder —gobernadores, funcionarios del partido, intermediarios económicos— seguirán el mismo cálculo.
La constitución de Venezuela ofrece un camino estrecho y controvertido. Convoca nuevas elecciones en un plazo de 30 días tras una vacante presidencial, reconociendo también los resultados de la votación de julio de 2024 que Maduro se negó a respetar—una votación que produjo una clara victoria opositora para Edmundo González, un exdiplomático elegido para postularse en lugar de la líder opositora, María Corina Machado, una victoria ampliamente reconocida en el extranjero pero nunca aplicada en el país. La tensión entre el procedimiento constitucional y la realidad política refleja el desafío central que se avecina: la legalidad por sí sola no resolverá la transición sin la aplicación y el apoyo de quienes aún controlan el poder coercitivo.
Sigue siendo posible una transición pacífica. Requerirá una presión calibrada, garantías creíbles y una disposición a priorizar la reintegración sobre el castigo general. De lo contrario, surgirán spoilers—no solo los duros ideológicos, sino también actores racionales actuando con autopreservación.
Complicando las cosas está el ecosistema que Maduro dejó atrás: traficantes, funcionarios corruptos, grupos armados, actores de seguridad. Estas entidades están profundamente arraigadas en el Estado y la economía. Quitar la figura de proa no desmonta el sistema.
¿LA PRÓXIMA GUERRA ETERNA?
El fracaso sería costoso, tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Un rápido desenganche de Estados Unidos corre el riesgo de dejar a Venezuela en un limbo: sin gobierno, inestable y continuando desangrando personas y capital. Quedarse demasiado tiempo conlleva un peligro diferente: enredarse en un conflicto de bajo grado que drena la atención, legitimidad y voluntad política de Estados Unidos. Esta es la paradoja de la intervención: demasiado poco invita al caos, demasiado invita al lodazal. El margen de error es escaso, y los costes de un error de cálculo se sentirían mucho más allá de las fronteras de Venezuela.
Una crisis prolongada crearía espacio para una intervención externa adicional. Irán y Rusia han apoyado lazos de seguridad. China ha jugado un juego a largo plazo—centrado en infraestructuras, finanzas y acceso al mercado. Una presencia militar estadounidense autoritaria podría fortalecer involuntariamente la posición de Pekín al reforzar la percepción de que Washington ofrece coerción mientras China ofrece desarrollo.
Aquí es donde la "Doctrina Donroe" falla. El poder militar ya no es la herramienta más eficaz para moldear los resultados en América Latina y el Caribe. Puede que fuera en el siglo XIX y principios del XX, cuando Estados Unidos impuso el orden mediante ocupaciones y diplomacia cañonera. Pero hoy, la lucha por la influencia en el hemisferio ya no es principalmente militar. Es económico y tecnológico. China lo reconoció hace años, integrándose en cadenas de suministro, puertos, redes eléctricas e infraestructuras digitales, a menudo interveniendo donde Washington dependía de sanciones o conferencias. Sin un seguimiento económico, la primacía militar no expulsará a China de Venezuela ni de la región. Fomentará el uso de certas.
Las reacciones regionales y globales al ataque estadounidense dejan clara la importancia de lo que ocurrirá a continuación. Brasil, Colombia y México han condenado la medida estadounidense, incluso cuando muchos venezolanos celebran abiertamente la destitución de Maduro. Las respuestas europeas —de Bruselas, Londres y París— han sido cautelosas más que críticas: en general apoyan el resultado, pero reservan el juicio sobre los métodos y las consecuencias. El apoyo a la destitución de Maduro es real. El respaldo a cómo Estados Unidos gestiona lo que sigue es condicional.
El balance, más que el campo de batalla, resultará ser el escenario más decisivo—y aquí, el instinto de Trump de recompensar a los aliados políticos corre el riesgo de desviar capital y control de la inversión a largo plazo necesaria para reconstruir la economía venezolana. El país ha perdido más de tres cuartas partes de su PIB en una década. La producción de petróleo se ha desplomado, incluso cuando el país sigue teniendo algunas de las reservas más extensas del mundo (las mayores según algunas medidas). Los servicios públicos apenas funcionan. Ningún esfuerzo de recuperación postconflicto en el hemisferio se acerca a esta magnitud. En ese contexto, el control sobre los ingresos petroleros no es una cuestión técnica: es el factor central para determinar si algún gobierno futuro puede gobernar. Si esos ingresos se desvían hacia el exterior, la soberanía política quedará vacía, independientemente de las elecciones.
El control sobre el petróleo venezolano tiene implicaciones globales. Incluso bajo suposiciones optimistas, el deterioro de infraestructuras, las limitaciones de capital, las reclamaciones de los acreedores y el riesgo político ralentizarán el crecimiento de la producción a corto plazo. Sin embargo, con el tiempo, el suministro venezolano podría alterar significativamente los equilibrios globales. En ese escenario, Washington se convertiría en un participante de facto en la configuración de los mercados globales del petróleo, insertándose funcionalmente en la lógica de la OPEP+ sin la membresía formal.
Esta es una oportunidad para que Estados Unidos compita donde tiene ventajas reales. La diplomacia económica —no el dominio militar— determinará si la reintegración de Venezuela fortalece o socava la influencia estadounidense. La estabilización requerirá mucho más que el alivio de las sanciones. Exige inversión privada, reestructuración de la deuda, restauración de la producción energética e integración en los cambios tecnológicos que están transformando la economía global. América Latina y el Caribe están al borde del cambio estructural: en inteligencia artificial, sanidad, energía limpia y manufactura avanzada. Venezuela debe participar en ese futuro, o permanecer atrapada en la extracción y la dependencia.
El fracaso sería costoso, tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Un rápido desenganche de Estados Unidos corre el riesgo de dejar a Venezuela en un limbo: sin gobierno, inestable y continuando desangrando personas y capital. Quedarse demasiado tiempo conlleva un peligro diferente: enredarse en un conflicto de bajo grado que drena la atención, legitimidad y voluntad política de Estados Unidos. Esta es la paradoja de la intervención: demasiado poco invita al caos, demasiado invita al lodazal. El margen de error es escaso, y los costes de un error de cálculo se sentirían mucho más allá de las fronteras de Venezuela.
Una crisis prolongada crearía espacio para una intervención externa adicional. Irán y Rusia han apoyado lazos de seguridad. China ha jugado un juego a largo plazo—centrado en infraestructuras, finanzas y acceso al mercado. Una presencia militar estadounidense autoritaria podría fortalecer involuntariamente la posición de Pekín al reforzar la percepción de que Washington ofrece coerción mientras China ofrece desarrollo.
Aquí es donde la "Doctrina Donroe" falla. El poder militar ya no es la herramienta más eficaz para moldear los resultados en América Latina y el Caribe. Puede que fuera en el siglo XIX y principios del XX, cuando Estados Unidos impuso el orden mediante ocupaciones y diplomacia cañonera. Pero hoy, la lucha por la influencia en el hemisferio ya no es principalmente militar. Es económico y tecnológico. China lo reconoció hace años, integrándose en cadenas de suministro, puertos, redes eléctricas e infraestructuras digitales, a menudo interveniendo donde Washington dependía de sanciones o conferencias. Sin un seguimiento económico, la primacía militar no expulsará a China de Venezuela ni de la región. Fomentará el uso de certas.
Las reacciones regionales y globales al ataque estadounidense dejan clara la importancia de lo que ocurrirá a continuación. Brasil, Colombia y México han condenado la medida estadounidense, incluso cuando muchos venezolanos celebran abiertamente la destitución de Maduro. Las respuestas europeas —de Bruselas, Londres y París— han sido cautelosas más que críticas: en general apoyan el resultado, pero reservan el juicio sobre los métodos y las consecuencias. El apoyo a la destitución de Maduro es real. El respaldo a cómo Estados Unidos gestiona lo que sigue es condicional.
El balance, más que el campo de batalla, resultará ser el escenario más decisivo—y aquí, el instinto de Trump de recompensar a los aliados políticos corre el riesgo de desviar capital y control de la inversión a largo plazo necesaria para reconstruir la economía venezolana. El país ha perdido más de tres cuartas partes de su PIB en una década. La producción de petróleo se ha desplomado, incluso cuando el país sigue teniendo algunas de las reservas más extensas del mundo (las mayores según algunas medidas). Los servicios públicos apenas funcionan. Ningún esfuerzo de recuperación postconflicto en el hemisferio se acerca a esta magnitud. En ese contexto, el control sobre los ingresos petroleros no es una cuestión técnica: es el factor central para determinar si algún gobierno futuro puede gobernar. Si esos ingresos se desvían hacia el exterior, la soberanía política quedará vacía, independientemente de las elecciones.
El control sobre el petróleo venezolano tiene implicaciones globales. Incluso bajo suposiciones optimistas, el deterioro de infraestructuras, las limitaciones de capital, las reclamaciones de los acreedores y el riesgo político ralentizarán el crecimiento de la producción a corto plazo. Sin embargo, con el tiempo, el suministro venezolano podría alterar significativamente los equilibrios globales. En ese escenario, Washington se convertiría en un participante de facto en la configuración de los mercados globales del petróleo, insertándose funcionalmente en la lógica de la OPEP+ sin la membresía formal.
Esta es una oportunidad para que Estados Unidos compita donde tiene ventajas reales. La diplomacia económica —no el dominio militar— determinará si la reintegración de Venezuela fortalece o socava la influencia estadounidense. La estabilización requerirá mucho más que el alivio de las sanciones. Exige inversión privada, reestructuración de la deuda, restauración de la producción energética e integración en los cambios tecnológicos que están transformando la economía global. América Latina y el Caribe están al borde del cambio estructural: en inteligencia artificial, sanidad, energía limpia y manufactura avanzada. Venezuela debe participar en ese futuro, o permanecer atrapada en la extracción y la dependencia.
LOS CAMINOS QUE TENEMOS POR DELANTE
Tres escenarios amplios parecen probables inmediatamente después de la salida forzada de Maduro.
Tres escenarios amplios parecen probables inmediatamente después de la salida forzada de Maduro.
El primer camino es una transición gestionada. Las elecciones pueden continuar, pero sigue siendo incierto si una sola figura opositora emerge como un líder viable en el gobierno. El impulso político de Machado, aunque real, no se traduce automáticamente en autoridad gobernante en un panorama post-maduro marcado por la decadencia institucional, actores de seguridad con poder de veto y equilibrios de poder de poder no resueltos. El exilio, la fragmentación y el cansancio han debilitado al banquillo de la oposición. El poder podría en cambio unirse en torno a una autoridad interina o un arreglo tecnocrático aceptable para actores clave internos, incluidos elementos del antiguo régimen y las fuerzas armadas. Este escenario ofrece la mejor oportunidad de estabilización, pero solo si se combina con un rápido alivio económico y garantías de seguridad creíbles.
El segundo camino es la continuidad criminalizada. Gran parte de la arquitectura coercitiva y criminal del régimen permanece intacta. Los grupos armados y los traficantes continúan operando. El cambio político se vuelve cosmético, mientras que la inestabilidad persiste. El poder podría entregarse formalmente a un civil provisional —como la vicepresidente Delcy Rodríguez— que ofrezca a interlocutores internacionales continuidad procesal mientras preserva las redes subyacentes que sostuvieron el régimen. Las primeras señales incluirían procesos judiciales selectivos, garantías discretas a las élites de seguridad y la preservación del control sobre fuentes clave de ingresos en lugar de su reforma.
El tercer camino es la escalada. Las luchas de poder se vuelven violentas, los actores armados proliferan y Estados Unidos—tras haberse proclamado la propiedad—se enfrenta a la presión para intervenir de nuevo. Lo que comienza como estabilización corre el riesgo de convertirse en otro compromiso indefinido.
El camino que prevalezca dependerá menos de la operación que destituyó a Maduro y más de la estrategia estadounidense que le siga. Venezuela es ahora una prueba—no solo del poder estadounidense, sino del juicio estadounidense. La tentación de declarar la victoria y seguir adelante será fuerte. También lo hará el impulso de controlar directamente los resultados. Ambos deben ser resistidos.
Si Trump y Rubio tienen éxito, remodelarán la política hemisférica y validarán una visión dura del liderazgo estadounidense. Si fracasan, los costes se repetirán durante años: alimentando la migración, empoderando a los adversarios y reforzando el escepticismo sobre la intervención estadounidense. El futuro de Venezuela no se decidirá por la destitución de Maduro, sino por la disciplina, la contención y la imaginación económica aplicadas tras su secuela.(Foreign Affairs)
El segundo camino es la continuidad criminalizada. Gran parte de la arquitectura coercitiva y criminal del régimen permanece intacta. Los grupos armados y los traficantes continúan operando. El cambio político se vuelve cosmético, mientras que la inestabilidad persiste. El poder podría entregarse formalmente a un civil provisional —como la vicepresidente Delcy Rodríguez— que ofrezca a interlocutores internacionales continuidad procesal mientras preserva las redes subyacentes que sostuvieron el régimen. Las primeras señales incluirían procesos judiciales selectivos, garantías discretas a las élites de seguridad y la preservación del control sobre fuentes clave de ingresos en lugar de su reforma.
El tercer camino es la escalada. Las luchas de poder se vuelven violentas, los actores armados proliferan y Estados Unidos—tras haberse proclamado la propiedad—se enfrenta a la presión para intervenir de nuevo. Lo que comienza como estabilización corre el riesgo de convertirse en otro compromiso indefinido.
El camino que prevalezca dependerá menos de la operación que destituyó a Maduro y más de la estrategia estadounidense que le siga. Venezuela es ahora una prueba—no solo del poder estadounidense, sino del juicio estadounidense. La tentación de declarar la victoria y seguir adelante será fuerte. También lo hará el impulso de controlar directamente los resultados. Ambos deben ser resistidos.
Si Trump y Rubio tienen éxito, remodelarán la política hemisférica y validarán una visión dura del liderazgo estadounidense. Si fracasan, los costes se repetirán durante años: alimentando la migración, empoderando a los adversarios y reforzando el escepticismo sobre la intervención estadounidense. El futuro de Venezuela no se decidirá por la destitución de Maduro, sino por la disciplina, la contención y la imaginación económica aplicadas tras su secuela.(Foreign Affairs)
JUAN S. GONZALEZ trabajó en el Departamento de Estado de EE. UU. de 2004 a 2016 y fue Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de 2021 a 2024.