Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se convirtió en escenario de una de las operaciones políticas más cínicas de la diplomacia estadounidense reciente. Bajo el lema de la “restauración democrática”, Washington ha impulsado una campaña contra el régimen autoritario de Maduro que jamás ha tenido como objetivo el fortalecimiento democrático del país. Detrás del discurso grandilocuente del inquilino de la Casa Blanca se esconde una estrategia colonial de vieja data: el control de los recursos naturales y la subordinación de los países de la región. La lucha por las libertades democráticas ha servido como pretexto y como herramienta retórica destinada a legitimar la injerencia. En ese marco, el secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero no constituye un hecho aislado, sino una confirmación más de que Mr. Trump actúa como gendarme del mundo, arrogándose la potestad de aplicar la legislación estadounidense más allá de sus fronteras, como si se tratara de un mandato universal incuestionable, en línea con la lógica histórica de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823).
Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos.
El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.
Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.
El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.
Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.
Jose Rafael Lopez Padrino
Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos.
El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.
Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.
El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.
Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.
Jose Rafael Lopez Padrino