La soberanía popular se refiere a la idea de que el poder reside en el pueblo y que es a través del voto que los ciudadanos expresan su voluntad y legitiman a sus gobernantes. Desde la instauración de la democracia liberal en 1958 en nuestro país, a pesar de todas sus imperfecciones, las elecciones han sido el mecanismo fundamental para canalizar la voluntad popular y legitimar a los gobernantes. Prueba de ello fue la victoria electoral de Chávez en 1998 y su posterior reconocimiento sin mayores traumas ni contratiempos institucionales.
Sin embargo, en Venezuela, la relación entre la soberanía popular y el ejercicio del voto se ha visto comprometida desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. La confianza en el voto como expresión de la soberanía popular se ha visto erosionada por la realización sistemática de elecciones no competitivas, marcadas por el abuso, el ventajismo, el chantaje, el control social, la coacción y la violencia.
A pesar de lo irregular y antidemocrática que fue la pasada campaña electoral, los venezolanos acudieron masivamente a votar el pasado 28 de julio. La campaña estuvo caracterizada por el ventajismo oficial, lapsos muy cortos para el registro de nuevos votantes, la persecución contra miembros de la oposición, barreras arbitrarias para inscribirse en el padrón en el exterior, libertades restringidas para actores políticos y medios de comunicación, y la actuación de las autoridades del CNE en favor del oficialismo.
Como todos los sondeos de opinión habían anticipado, y tras esta jornada ejemplar de voluntad democrática, Maduro fue apabullantemente derrotado por el candidato opositor Edmundo González. Sin embargo, Elvis Amoroso, sorpresivamente, anunció a Maduro como vencedor de la contienda presidencial y procedió a su proclamación sin los resultados desglosados que sustentaran su cuestionada victoria.
Se consumaba así el mayor fraude electoral en la historia republicana, y se producía un golpe de Estado en contra de la voluntad popular, respaldado por la pestilente bota militar. La indignación no se hizo esperar, y la protesta, principalmente en los sectores populares, se materializó de forma espontánea.
Ante la falta de votos y apoyo popular, el autoritarismo madurista respondió con una brutal represión que, en solo 36 horas, dejó 25 jóvenes asesinados, más de 1.503 detenidos, de los cuales 129 eran adolescentes (14-17 años) y 177 eran mujeres. Los detenidos han sido estigmatizados como delincuentes y drogadictos, y acusados de terrorismo e incitación al odio.
Instancias como la OEA, Provea, Amnistía Internacional, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como presidentes de varios países latinoamericanos y la Comunidad de Países Europeos, han elevado su voz de protesta ante la despiadada represión. También han surgido voces críticas sobre la necesidad de un conteo transparente y publico de los votos por parte de movimientos y partidos de izquierda que alguna vez fueron aliados del chavismo, lo cual desmonta la narrativa oficial de que las críticas al proceso del 28/7 provienen de la derecha fascista.
Al margen de la falaz propaganda oficialista, organizaciones como el Centro Carter y la Comisión de las Naciones Unidas han afirmado que el proceso electoral del 28/7 no alcanzó los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y que violó numerosas disposiciones de la propia legislación electoral. Esto, aunado a la falta de verificación de los resultados que respaldan la presunta victoria fraudulenta de Maduro.
En su desesperado afán por contrarrestar la condena nacional e internacional del fraude electoral, el régimen ha recurrido a un espectáculo bufonesco ante la Sala Electoral del TSJ al interponer un recurso contencioso electoral. Es importante señalar que, dado que la única actuación del CNE ha sido la proclamación de Maduro, nos encontramos ante una situación paradójica en la que Maduro está impugnando su propia proclamación. “Cosas veredes, amigo Sancho”.
La conducta autoritaria y tramposa de Maduro y su grupete socavan la voluntad popular. Escuchar al inquilino de Miraflores vociferar “No le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político”, los venezolanos nos preguntamos: ¿Dónde queda el respeto a la voluntad popular? ¿Para qué sirven las elecciones? ¿Quiénes son los fascistas que reprimen y asesinan en nombre de la paz?
Es urgente la creación de un amplio frente democrático que trascienda las fronteras de la candidatura de Edmundo González en la lucha contra la represión y en defensa del respeto a los resultados electorales. Solo un esfuerzo conjunto podrá asegurar un camino exitoso hacia el respeto de la voluntad popular expresada el pasado 28/7.
Ni las bayonetas de los chafarotes, ni las togas genuflexas podrán aplastar a la voluntad popular.