Título original: Lo que está pasando en Israel no es una reforma judicial, es un golpe antidemocrático
Hay sobre todo dos tipos de golpes de Estado en la historia. Uno es el “golpe desde abajo”, que es fácil de detectar. Por ejemplo, en una república bananera, un general ávido de poder decide hacerse con él. Una mañana temprano, los ciudadanos se despiertan y se encuentran con carros de combate por las calles de la capital. Un batallón blindado rodea el Parlamento y dispara proyectiles contra el elegante edificio de mármol. Una compañía de paracaidistas asalta la casa del primer ministro, lo detiene y lo encarcela en un calabozo militar.
Mientras tanto, una segunda compañía de paracaidistas toma la emisora central de televisión y, a las ocho de la mañana, los aterrorizados ciudadanos encienden sus aparatos y descubren al general que, con la pechera cubierta de medallas de oro, anuncia en tono enérgico que, “por el bien del pueblo”, ha decidido tomar el control del país.
Normalmente, cuando pensamos en un golpe de Estado, pensamos en ese tipo de suceso. Pero hay otro muy común en la historia: un golpe “desde arriba”. Y ese es más difícil de descubrir.
Un golpe de Estado desde arriba ocurre cuando un Gobierno que llegó al poder de forma perfectamente legal infringe las restricciones que le impone la ley y trata de adquirir un poder ilimitado. Es un truco muy antiguo: primero se utiliza la ley para ganar poder y luego se utiliza el poder para distorsionar la ley.
Cuando hay un golpe “desde arriba”, la confusión puede ser grande. A primera vista, todo parece normal. No hay tanques en las calles y ningún general con un uniforme cargado de medallas interrumpe las emisiones de televisión. El golpe se da a puerta cerrada, con la aprobación de leyes y la firma de decretos que eliminan todo lo que limita al Gobierno y desmantelan todos los controles y equilibrios. Por supuesto, el Gobierno no proclama que está llevando a cabo un golpe. Sólo afirma que está aprobando varias reformas muy necesarias, “por el bien del pueblo”. ¿Cómo podemos determinar si lo que está ocurriendo en Israel es una auténtica reforma o un golpe de Estado?
La forma más sencilla de comprobarlo es preguntarse: ¿sigue habiendo límites al poder del Gobierno? Cuando el Gobierno establece un paquete de reformas, introduce cambios significativos, pero sigue respetando las restricciones a las que está sujeto su poder. Incluso después de que las reformas entren en vigor, eso no significa que el Gobierno puede hacer lo que quiera. En cambio, un golpe de Estado es una situación en la que el Gobierno intenta obtener un poder ilimitado. Si el golpe triunfa, a partir de ese momento deja de haber restricciones a las decisiones y acciones del Gobierno.
Según estos criterios, es evidente que lo que está ocurriendo actualmente en Israel es un golpe de Estado, no una serie de reformas. El Gobierno intenta sembrar la confusión centrando la atención de los medios de comunicación en complejos aspectos técnicos como: “¿Cuál será la composición exacta del comité que nombre a los jueces?”. ¡No nos dejemos distraer por esas manipulaciones! Lo que debemos hacer es seguir preguntando: “¿Qué límites tendrá el poder del Gobierno israelí bajo el nuevo régimen?”. Supongamos que la coalición gobernante decide aprobar una ley que priva a los árabes del derecho al voto: ¿existe algún mecanismo capaz de impedir esa medida?
En otras democracias existen muchos instrumentos para impedir la aprobación de una ley tan racista y antidemocrática. En Israel, en la actualidad, no existe más que uno: el Tribunal Supremo. Si una mayoría de los miembros de la Kneset vota a favor de quitar el derecho de voto a los árabes, o a favor de negar a los trabajadores el derecho a la huelga, o a favor de cerrar todos los periódicos que se atrevan a criticar al Gobierno, el Tribunal Supremo es la única institución autorizada para intervenir y anular esa ley.
La “reforma legal” del Gobierno pretende destruir la independencia y el poder del Tribunal Supremo y así desmantelar la única restricción que sujeta a la coalición de gobierno. Algunos pueden alegar que seguirá existiendo un mecanismo muy importante que limita el poder de los gobernantes: las elecciones. Haga lo que haga el Gobierno, si a los votantes no les gusta, en las siguientes elecciones tienen libertad para sustituirlo. Pero este argumento no se sostiene.
En primer lugar, este mecanismo no protege los derechos de las minorías. En segundo lugar, con el nuevo régimen, la coalición gobernante podría cambiar el sistema electoral como quisiera y poner muchas trabas para sustituir el Gobierno. Si la coalición sospecha que puede perder las elecciones, puede impedir que los partidos de la oposición participen o inventar algún otro truco que le asegure la victoria. La nueva legislación que intenta aprobar el Gobierno no incluye ningún mecanismo capaz de impedirlo.
Desde luego, el mecanismo del Tribunal Supremo no es sagrado. Si, además de debilitar el Tribunal, el Gobierno hubiera propuesto a cambio otras medidas para controlar y contrarrestar su propio poder, se podría creer que el único interés del Gobierno era verdaderamente instaurar unas reformas, no establecer una dictadura. Pero el Gobierno no ha propuesto ninguna medida alternativa.
Cuando se pregunta explícitamente a los organizadores del golpe qué va a limitar el poder del Gobierno en ese nuevo régimen, la única respuesta que dan es: “Nuestra buena voluntad. Confíen en nosotros”. Es la clásica respuesta que dan todos los dictadores. El general, cuando toma el poder con la ayuda de un batallón blindado, también declara en su discurso a la nación: “Confiad en mí. Yo os protegeré. Cuidaré de vosotros”.
A los ciudadanos les da igual que sea un batallón blindado o un bombardeo legislativo lo que los haga depender por completo de la buena voluntad del gobernante. En ambos casos, el resultado es una dictadura. Cuando lo único que limita el poder del Gobierno es su propia buena voluntad, ésa es la definición de dictadura.
Si por casualidad se encuentran con alguien que diga que el Gobierno israelí está llevando a cabo una reforma benigna y no un golpe de Estado, háganle esta pregunta: ¿qué limitará el poder del Gobierno en el nuevo régimen? Si una mayoría de los miembros de la Kneset decide quitar a los árabes el derecho al voto, o prohibir todos los periódicos de la oposición, o penalizar la homosexualidad, ¿qué mecanismo se lo impedirá?
Yuval Hoah Harari, historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es mundialmente reconocido por Sapiens. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.