El presidente Nayib Bukele, utilizando el control que tiene sobre la nueva Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, durante los últimos tres días ahondó la deriva autoritaria de su gobierno.
El mandatario está aplicando con extrema rigurosidad, paso a paso, el manual sobre cómo asesinar una democracia desde el poder; método que lamentablemente ya hemos visto en varios países tanto dentro como fuera de la región.
A los ataques -en el inicio de su mandato- al anterior Parlamento, la descalificación de los partidos de oposición, el acoso a los periodistas y medios independientes y las restricciones a la libertad de expresión, le siguió en mayo de este año, la destitución de todos los jueces de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. Esta semana Bukele avanzó y obtuvo dos triunfos adicionales de gran valor para consolidar su proyecto autoritario.
La Asamblea Legislativa, que está bajo el control absoluto de su partido Nuevas Ideas (debido al rotundo triunfo obtenido en las elecciones legislativas del pasado mes de febrero) adoptó una ley que obliga la jubilación anticipada de 1/3 de los 690 magistrados del país y, una sentencia de Sala de lo Constitucional, le abrió las puertas para buscar su reelección presidencial inmediata en 2024.
Bukele tampoco es original en relación con este último tema. La región está llena de reformas dirigidas a cambiar las reglas sobre la reelección para permitirle al mandatario un nuevo periodo presidencial.
Mientras unas se hicieron vía reforma constitucional otras tuvieron lugar mediante habilitación judicial. Dentro de estas últimas –la modalidad que sigue ahora El Salvador- destacan los casos de Nicaragua (Daniel Ortega), Honduras (Juan Orlando Hernandez) y Bolivia (Evo Morales). Todas estas habilitaciones judiciales tuvieron lugar -como en este caso- para permitirle al mandatario de turno buscar y obtener su reelección.