En 1950, Yves Congar, posiblemente el teólogo más influyente del siglo XX, titulaba de este modo un libro sobre la Iglesia católica. El dominico defendía que, para evitar cismas, las reformas de la Iglesia debían de producirse en su seno, de ahí la bastardilla. Nuestra universidad adolece, sensu contrario, del mismo mal. Por eso, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que presentará en septiembre el ministro Castells, para su aprobación por el Congreso, debería anunciar una verdadera reforma de la Universidad. Su actual estado de postración es fruto del modus operandi de dos agencias estatales notoriamente dañinas: la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que valora las publicaciones de los profesores; y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que los selecciona mediante comisiones y expertos anónimos, fingidamente independientes.
Como ya apuntaron Cajal y Marañón, la raíz del atraso científico de España está en la selección del profesorado universitario. La composición de los tribunales, que antes era por sorteo, ahora se controla de forma opaca por estas dos agencias. Llamarlas opacas no es un juicio de valor, sino una descripción del Tribunal Supremo, lo que socava su pretendida independencia y estimula la promiscuidad endogámica y el nepotismo. Seleccionar al profesorado compete a las universidades, en virtud de su autonomía, pero los procedimientos tienen que ser transparentes porque la opacidad es una injusticia grave que vulnera el derecho de los profesores a que no existan secretos, pues “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados” (Kant, Sobre la paz perpetua) . SEGUIR LEYENDO>>