La semana pasada el presidente Daniel Ortega, candidato a la reelección para un quinto período de Gobierno, ejecutó un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad.
Cuando solamente faltan cinco meses para las elecciones del 7 de noviembre, Ortega se adelantó a sacar de la competencia política a cuatro precandidatos presidenciales de la oposición. Todos fueron apresados por la Policía, inaugurando las leyes represivas aprobadas en 2020 para fabricarles graves delitos penales que conduzcan a inhibirlos de participar en la competencia electoral.
El miércoles dos de junio, una jueza ordenó el allanamiento y arresto domiciliar de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata procesada y enjuiciada por presunto lavado de dinero y sin que exista una sentencia firme, la despojó de sus derechos políticos; y tres días después, la Policía capturó en el aeropuerto al precandidato Arturo Cruz, quien se encuentra detenido en El Chipote, acusado de violar la Ley 1055, llamada “Ley de Soberanía”, con la que de forma discrecional le pretenden imputar el presunto delito de “traición a la Patria”.
Este martes 8 de junio la Policía ejecutó una redada de opositores al amparo de la misma Ley 1055 que criminaliza como “conspiración, injerencia extranjera, terrorismo y desestabilización”, cualquier acción de protesta cívica en demanda de elecciones libres. En menos de doce horas, fueron encarcelados los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, cuando salía de declarar de la Fiscalía al mediodía, y Juan Sebastián Chamorro, tras el allanamiento de su vivienda en horas de la noche. También fueron apresados por la misma causa la activista Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Ciudadana. La cacería continuó este miércoles en León, donde el comisionado Fidel Domínguez, el símbolo más conspicuo de la represión, exhibió como trofeo de caza al directivo de la Coalición Nacional José Pallais, y en Managua se emitió una orden de captura contra el expresidente de AmCham, Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica.