Las elecciones han pasado a ser un ejercicio de alto riesgo en nuestra región. Los 91 políticos asesinados durante la reciente campaña electoral en México o la persecución y encarcelamiento de todos los precandidatos a los próximos comicios en Nicaragua son un indicador brutalmente obvio.
Pero estas estadísticas, escandalosas e indignantes, forman también parte de una crisis más profunda, que alimenta en nuestros países dudas y desconfianzas sobre la democracia y sus procedimientos. La denuncia de fraudes invisibles, la descalificación o el ataque desde el poder a los tribunales electorales, son también maneras de violentar los procesos comiciales, de socavar la ya frágil institucionalidad de nuestras naciones. En la encuesta de Latinobarómetro de 2018, la satisfacción con la democracia alcanzaba solo el 24 por ciento en la región, a diferencia del 44 por ciento en 2010. Es una perspectiva preocupante en un continente con una gran tradición autoritaria.
No importa demasiado el nombre que le pongamos: polarización, populismos, crisis de representación política, neototalitarismos de derecha o de izquierda… Lo cierto es que los eventos y mecanismos de elección política están cada vez más tocados por distintas formas de hostigamiento y, cada vez menos, consiguen la legitimidad que buscan. Ahora es todavía más evidente: las democracias dependen de las instituciones.
Lo que sucede actualmente en el Perú emblematiza muy bien lo que ocurre o puede ocurrir en un grupo de países de la región. Con el 100 por ciento de las boletas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Pedro Castillo tiene la mayoría de los votos. La diferencia es estrecha —menos de 45.000 actas— pero los resultados son claros.
A pesar de haber asegurado que aceptaría y reconocería los resultados, a pesar de todas las promesas y de haber ofrecido la marca Vargas Llosa como garantía, a pesar de las declaraciones de Estados Unidos, la Unión Europea —que felicitaron al país ...... SEGUIR LEYENDO