En Cuba tiene lugar el conflicto entre una comunidad de jóvenes artistas, que busca un marco asociativo independiente, y el Gobierno de la isla. El cubano, uno de los pocos regímenes del socialismo real que persisten, posee instituciones (Unión de Escritores y Artistas, Asociación Hermanos Saíz, consejos nacionales, Instituto de Cine y otros), subordinadas con mayor o menor rigidez al Ministerio de Cultura y al Partido Comunista.
Las nuevas generaciones, que han sufrido una intensificación de mecanismos de control y censura, presionan para crear nuevas normas a favor de la autonomía gremial. Cineastas han demandado una ley que flexibilice la producción cinematográfica, dramaturgos y actores lo mismo, nuevas cooperativas de producción musical son un fenómeno creciente. En ese contexto de demanda de autonomía tuvo lugar el último proceso de redacción de la Constitución de 2019 y de una serie de decretos que regulan la libertad de expresión artística.
Mientras la Constitución, en su artículo 54, “reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”, varios decretos, el 349, el 370, el 373 y la ley de símbolos nacionales, restringen la actividad creadora en la isla. Estos decretos imponen obstáculos al reconocimiento de amateurs, que llaman “intrusos”, penalizan el uso de espacios privados para la difusión cultural, limitan el ejercicio del cine independiente y sacralizan los símbolos nacionales.