Un informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advierte de una crisis de derechos humanos en Nicaragua. Una crisis “enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”.
Bachelet se remite a las protestas de abril de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega reprimió hasta la muerte a más de 400 manifestantes que exigían reformas en el país.