Es importante que todas las fuerzas políticas que concurrieron el año pasado al acuerdo por la paz, contra la violencia y en pro de una nueva Constitución, sean capaces —en las semanas y meses que vienen—de preservar el camino institucional, denunciar la violencia destituyente y poner presión sobre el PC y los sectores del FA para que abandonen las ambigüedades.
Ni el PC ni el FA concurrieron a este acuerdo, alegando circunstancias formales y de procedimiento, pero sin ocultar su disgusto frente a ese acuerdo que restaba viabilidad a cualquiera estrategia rupturista movilizada por la violencia en las calles. Percibían, además, que ese golpe de timón —logrado por las fuerzas políticas y dirigentes del arco democrático— volvía a poner el conflicto dentro del cauce institucional, el cual en los días anteriores estuvo a punto de desbordarse. Daba una tregua al gobierno y al propio presidente —que los grupos radicalizados pretendían voltear— y confirmaban al Congreso Nacional como el centro de las negociaciones por venir.Si la posición del PC y de la mayoría del FA fue ambigua frente a la violencia desatada a partir del 18-O, los grupos que se auto califican más a la izquierda (ultra izquierda) en sus variadas expresiones entendieron el pacto del 15 de noviembre como una maniobra espuria destinada, justamente, a frenar el proceso de ruptura que debía conducir hacia una “auténtica” asamblea constituyente, capaz de cambiar de raíz el poder constituido.