Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de
observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio
distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o
ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el
restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá
cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
333 y 350. En esos números está todo. En esos
dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.
En términos impecables la fiscal Luisa Ortega
Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro,
intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo
origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo
entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en
dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la
forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la
tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.
La dimensión política limita con la jurídica
pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el
proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor
relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las
revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido
las Asambleas Constituyentes.
Las Asambleas Constituyentes vistas desde una
perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional quiere decir fundar o refundar
una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias
históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a
una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una
nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un
cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la
república) Por último, también suelen ser
convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la
Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes
públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido
decisiva.
Eso significa: en cada nueva Constitución
existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber,
dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia
revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la
vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.
Solo por esa razón, al convocar a una
Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha
puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política
de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de
usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido
por el régimen de Maduro.
La Constitución vigente en Venezuela fue
aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su
intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa
refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes
vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a
una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la
continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero
nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo,
democrático y popular.
Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó
de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho
para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo
efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la
primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el
apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para
realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el
pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.
Importante es recordar que el plebiscito del
2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció
dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo
constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero
esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la
Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa
mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un
antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho
más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá
de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho
así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos
campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo
anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y
la cúpula militar.
A partir del éxito del 2007 comenzaría a
crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que
entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía
pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás
todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de
ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales
del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En defensa de la AN surgió la iniciativa de
la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena.
Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta
constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones
libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no
encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a
ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.
La Constituyente de Maduro fue un misil
lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha
atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran
concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar
en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de
esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo
el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen
son repudiados en todo el mundo democrático.
La Constitución del 99 dejó de ser la
Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por
la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de
todos los ciudadanos.
Parece no haber dudas. En Venezuela está
teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia
latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un
papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en
el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O
ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la
constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven
demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador
Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la
Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y
determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el
programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y
no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones
de izquierda, derecha y centro.
Nadie conoce el final de esta historia. Sin
embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego
la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con
las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan
gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno
políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva la Constitución!