Antes que otro, el
siguiente: las grandes marchas y manifestaciones iniciadas el 19-A surgieron
como respuesta al golpe de estado (o golpe al pueblo, o golpe al parlamento)
cuyo propósito fue cerrar a la AN por medio de un TSJ elegido a dedo. Decisión
que significaba la instauración inmediata de una dictadura militar-civil con
Maduro a la cabeza.
Las manifestaciones
de abril -así lo han dicho los líderes más significativos de la oposición-
buscan restaurar el orden constitucional. Eso pasa, en primera línea, por
establecer la independencia de la AN. Pero a la vez, y por eso mismo, por
restituir la continuidad electoral. Ahora bien; esa segunda exigencia precede,
cronológica y políticamente hablando, al 19-A.
Leída así la
historia, el cierre de la AN fue para el régimen el resultado del cierre a la
vía electoral.
En efecto, al
clausurar la vía electoral (30 de marzo), el régimen se definió abiertamente,
ante sí y ante el mundo, y sin ningún tapujo, como una dictadura. Mas todavía:
a partir de la supresión de las elecciones, Maduro y su mafia intentaron calcar
sobre el plano venezolano –rompiendo así con la tradición electoralista de
Chávez- al sistema cubano de dominación política. En ese sistema, como es
sabido, no solo no hay elecciones, tampoco hay parlamento.
Para decirlo más
claro: los soldados que masacran a ciudadanos indefensos en las calles, luchan
por la cubanización de su propia patria. Pocas veces las instituciones armadas
de una nación han sido tan envilecidas como sucede hoy en Venezuela.
Partiendo desde
esas mismas razones, luchar por el restablecimiento de la soberanía de la AN y
por la convocatoria a elecciones significa luchar por el restablecimiento de la
Constitución Nacional. Las movilizaciones iniciadas el 19-A poseen un carácter
democrático, constitucional y- no hay que olvidarlo nunca- electoral. Sí;
electoral.
La lucha por
elecciones libres comenzó en la práctica a tener lugar antes de la clausura de
la AN. Dicho concretamente: comenzó cuando los partidos de la MUD aceptaron la
revalidación inventada por la CNE con el objetivo de que esos partidos se
dividieran entre sí (electoralistas y antielectoralistas) . Las masivas
jornadas por la revalidación de los partidos realizadas en marzo del 2017, demostraron, por el contrario, la voluntad de la MUD por asistir a las
elecciones regionales (se insiste, regionales), pero no como una decisión
táctica, sino porque siempre lo han hecho.
Desde que hay MUD,
sus partidos, incluyendo a los más radicales, han concurrido a elecciones, aún
a sabiendas que el CNE es una institución al servicio del régimen. Ahí, justo
en ese punto, ahí reside la superioridad político-ética de la oposición con
respecto al régimen. Superioridad al fin reconocida por el mundo democrático
internacional.
El generoso apoyo
de la OEA y de los países asociados, a las movilizaciones de la oposición, nunca
habría sido posible si la MUD hubiera roto alguna vez con su línea electoral.
Elecciones: es la
palabra clave a la que no puede renunciar la oposición. No solo porque luchar
por elecciones sea una carta de presentación frente a la diplomacia
internacional, tampoco como una alternativa elegida en un bazar de estrategias,
sino porque las elecciones –digámoslo directamente- son parte de la naturaleza,
de la identidad y de la historia de la oposición venezolana. Desconocer ese
hecho es desconocer la historia reciente de Venezuela. Esa es la razón por la
cual, de las cinco principales exigencias por las que hoy se lucha –las otras
cuatro son libertad para los presos políticos, retiro de las inhabilitaciones,
independencia de la AN y canal humanitario – la última a la que el régimen
podría y querría aceptar –aunque Maduro se esfuerza en decir lo contrario– son
las elecciones.
Y si es verdad que
la dictadura jamás va a aceptar realizar elecciones libres ¿por qué y para qué
luchar por ellas?, se preguntarán muchos. La respuesta solo puede ser:
precisamente por eso. Si una dictadura anti-electoral llama a elecciones, es
porque ha perdido la batalla decisiva. Eso quiere decir: cuando un régimen es
anti-electoral, el llamado a elecciones se convierte en una salida
insurreccional.
Las elecciones
significan, efectivamente, la muerte del régimen. La muerte en vida o la muerte
en muerte, da lo mismo. Elecciones que perdería si las hace, elecciones que
perdería si no las hace. Por eso mismo, las elecciones pautadas en la
Constitución se han convertido en la más radical exigencia de la oposición.
Decir sí a las elecciones es decir sí a la Constitución. Decir sí a la
Constitución es decir no a la dictadura.
¿Pero de qué
Constitución nos hablan?, nos dirán. Esa Constitución no existe desde hace
mucho tiempo. Efectivamente. Justamente porque ya no existe, se lucha por su
existencia. Pues si la Constitución rigiera, nadie lucharía por ella. “Solo se
quiere lo que no se tiene” (Sócrates).
Otros dirán:
primero derribemos a Maduro, después hablamos de elecciones. Quienes pronuncian
esa frase son, por lo general, personas radicales de la oposición. Sin embargo,
la frase es solo radical en su forma. En su intención es acomodaticia y, en sus
objetivos, entreguista.
Maduro, al no ser
confrontado por una salida electoral, solo puede ser derribado por el ejército,
es decir, por una parte del sistema de dominación. Ahora, exigir que el
ejército realice de modo ilegal la tarea legal que corresponde a la oposición,
llevaría, en el mejor de los casos, a la mantención del sistema dictatorial sin
Maduro (si fue posible un chavismo sin Chávez, un madurismo sin Maduro es aún
más posible).
En otras palabras:
delegar las tareas de la oposición a quienes hoy actúan como verdugos de esa
oposición, las FANB, no tiene nada de radical. Significaría, por el contrario,
desconfiar de las propias fuerzas, renunciar a la autonomía política alcanzada
en la lucha anti-dictatorial y convertir a los partidos de oposición en
colaboradores objetivos de un grupo de golpistas. Eso no quiere decir, por
supuesto, perder de vista la posibilidad de una quiebra al interior del
ejército. Hay, incluso, indicios.
Si la presión
popular se mantiene y logra quebrar tanto al partido- estado (PSUV) como a su ejército
pretoriano, las FANB, la oposición y no "los militares buenos” estarán en
condiciones de imponer sus exigencias, entre ellas, la más radical de todas:
las elecciones. Pero para que eso ocurra, hay que hacer chocar al régimen con
la letra de la Constitución. Como se ha venido haciendo hasta ahora. Además, no
hay otra alternativa: la oposición debe ser consecuente consigo misma. Si ella
se ha definido como constitucional, debe ser constitucional hasta el final.
La ruta lleva al fin de la dictadura. El mapa de esa ruta es la
Constitución. Y su guía son las elecciones.