Al llegar a la Ciudad de México vislumbré velatorios que se encendían por toda la ciudad, en un clamor silencioso de indignación que pronto se haría multitudinario y a veces violento. Era 11 de noviembre. La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa (Guerrero) el 26 de septiembre ha hecho explotar dolor y rabia retenidos largo tiempo contra la violencia de un narcoestado local impune por la pasividad y a veces la complicidad de autoridades federales y ejército. Los normalistas fueron a Iguala para recabar apoyos en su campaña contra la penuria de las escuelas rurales. Alguien alertó a la esposa del alcalde que los estudiantes podrían perturbar el banquete que ella daba como autohomenaje. La narcoseñora, del cártel Guerreros Unidos, pidió al marido sacárselos de encima. Los policías municipales mataron a seis personas, hirieron a muchas más, capturaron a 43 normalistas y los entregaron a los narcos. Nunca más se supo de ellos. En principio era un incidente más entre tantos otros. Al menos 22.000 personas han desaparecido en México en la última década. Y 2197 normalistas han sido detenidos. Pero esta vez ha sido distinto. Hubo reacción inmediata. Leer