Los venezolanos concurrieron al evento electoral preñados de esperanzas renovadoras a pesar de las circunstancias adversas que rodearon a la campaña electoral. La campaña estuvo caracterizada por una falta de competitividad, el uso grotesco de los recursos del Estado en favor del candidato oficialista, la imposición de una estricta censura comunicacional que limitó la información independiente y plural y la ausencia de una veeduría internacional. Además, se conculcó el derecho al voto de los venezolanos residentes en el exterior, quienes se vieron impedidos de ejercer su derecho democrático debido a trabas burocráticas y restricciones injustificadas impuestas por el régimen. Todo esto ocurrió ante la complicidad de un CNE arrodillado ante el inquilino del Palacio de Misia Jacinta.
A pesar de este panorama desalentador, el pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas con la esperanza de derrotar políticamente al proyecto bolivariano. Sin embargo, lo que debía ser un acto soberano de expresión ciudadana se transformó en una farsa grotesca. Las primeras señales de irregularidades fraudulentas empezaron con la negativa de permitir que los testigos de la oposición entraron a los centros de votación por parte de los milicos del Plan República, agravándose en horas de la noche con la expulsión de los testigos al momento de la totalización en los centros de votación.
Un mensaje politizado e intimidatorio del ministro de la defensa confirmó los planes de subvertir la voluntad popular. Los uniformados en lugar de proteger el derecho al sufragio y la voluntad de los ciudadanos se convirtieron en garantes del fraude y la manipulación electoral. Los reportes de violencia e intimidación comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Los testigos que intentaban defender el voto ciudadano fueron expulsados de los centros de votación, y reprimidos con una brutalidad desmedida por parte de efectivos militares y grupos paramilitares.
El CNE, con el apoyo de los chafarotes del régimen, oficializó el fraude al anunciar como ganador de las elecciones al analfabeto de Miraflores con el 51.2% de los votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González. La consumación del fraude dejó en evidencia el precio que estaba dispuesto a pagar el régimen de Maduro para mantenerse en el poder. La jornada electoral se convirtió en un escenario de enfrentamiento entre la voluntad popular y un bloque de poder decidido a mantenerse a toda costa, en medio de una escena de represión y asesinatos.
En este contexto, la comunidad internacional le toca jugar un papel crucial ante tan grotesco fraude. La condena y el rechazo a las prácticas autoritarias del régimen deben ser contundentes y consistentes para ejercer presión y promover el respeto a los principios democráticos. Mandatarios de la región ya han tomado una postura firme. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado de manera categórica que "Chile no reconocerá ningún resultado que no sea verificable". De manera similar, António Guterres, secretario general de la ONU, ha solicitado la publicación de los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales. Por su parte, el Centro Carter y la Cancillería brasileña ha hecho un llamado a una "verificación imparcial de los resultados", destacando la necesidad de una supervisión internacional rigurosa para asegurar la integridad del proceso electoral. Estas demandas toman una nueva dimensión ante la denuncia de que Edmundo González obtuvo 6.275.182 votos, mientras que el hijo bastardo solo logró 2.759.256 votos, cifras fundamentadas en el análisis del 73,2% de las actas electrónicas proporcionadas por las máquinas de votación. Solo con una presión sostenida y un compromiso firme de la comunidad internacional se podrá lograr revertir este grotesco fraude electoral, permitiendo que la causa democrática prevalezca sobre el autoritarismo y la represión. Además, es esencial mantener la visibilidad de la situación en Venezuela en la agenda global, garantizando que los derechos humanos y la voluntad popular sean respetados y restaurados.
El pasado 28 de julio se demostró de manera contundente que el chavismo-madurismo ha perdido su relevancia como referencia política en Venezuela. No cuentan con el respaldo mayoritario de los venezolanos y por ello el arrebato antidemocrático que han ejecutado con el apoyo de las bayonetas. La violencia y el fraude electoral perpetrados durante esa jornada oscura subrayan la desesperación de un régimen que, en su debilitamiento, recurre a tácticas autoritarias para mantener el poder a toda costa. Sin embargo, esta situación también puede servir como un catalizador para el renacer de nuevas luchas sociales y políticas. La adversidad enfrentada por el pueblo venezolano puede fortalecer su determinación y convertirse en un motor para la resistencia y el cambio político que el país reclama. A pesar de la oscuridad que envuelve el presente, la voluntad popular y el deseo de democracia siguen siendo fuerzas poderosas que impulsan la búsqueda de un futuro más justo y equitativo.
El espíritu democrático de los venezolanos permanece hoy más vivo que nunca. Su incansable búsqueda de libertad y justicia seguirá motivando sus esfuerzos por derrotar al proyecto autoritario chavista-madurista. A pesar de la represión y las adversidades, los venezolanos continúan demostrando una valentía y resistencia admirables, organizándose en comunidades, participando en manifestaciones pacíficas y utilizando todas las herramientas a su disposición para exigir el respeto a los resultados electorales.