Nelly Arenas - NO ES MADURO, ES CHÁVEZ


En su texto Historia documental del 4 de febrero publicado en 1998,  Kleber Ramirez, uno de los más respetados ideólogos del movimiento bolivariano, argumentaba a favor de una  Constituyente Comunal.   Tal organismo sería  expresión de la “comunidad constituida soberanamente”  con el fin de decidir sobre “problemas trascendentes propios”.  “Revocar, sancionar, o modificar las decisiones adoptadas por las autoridades”, son las funciones que le competerían. El escrito data de mayo de 1992, tres meses apenas luego de que resultara fallido el golpe de Estado;  tiempos “pre revolucionarios” tal como Ramirez los calificaba,  en los que el MBR-200 y sus líderes discutían todavía las formas sociales, económicas y políticas que un gobierno insurgente impondría al país. El marco de acción de estas formas de organización sería lo que  el ideólogo llamaba  “democracia comunera” o “comunal” desde la cual comenzarían a gestarse formas socialistas de producción, hasta llegar a la democracia socialista propiamente. Esta última atravesaría varias etapas hasta llegar a la fase final, la democracia total, en la cual el Estado, de existir, sería una “entelequia”.  El reino del gobierno  comunal se materializaría. Estos planteamientos con tinte inequívocamente marxista leninista, ingenuos y soñadores en apariencia, encerraban lo que ha sido una constante  en los regímenes totalitarios.  A saber, la imposición de un orden sociopolítico que no deriva de la dinámica social desde abajo; que no reconoce la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, sino que pretende  instalarlo desde la cúpula del poder convencida de  sintetizar  la voluntad general. 

Esta disposición de los bolivarianos fue claramente mostrada en los decretos que se proponían aplicar, una vez que la conspiración militar del  4 de febrero se consumara exitosamente. Dos tipos de edictos regirían: el del Consejo General Nacional (CGN)  como expresión suprema del nuevo estado insurreccional y el de la Presidencia de la República. Ambas modalidades  delineaban la acción del  Gobierno de Emergencia Nacional que se instalaría de facto. De los  24 decretos  llaman la atención especialmente aquéllos destinados a anular y vaciar las viejas instituciones como el Parlamento, las Asambleas Legislativas  y la Corte Suprema de Justicia. A las mismas se las pretendía  sustituir  por consejos conformados por individuos escogidos a discreción  del Consejo General Nacional,  órgano este que pretendía empinarse, cual Dios, por sobre lo humano y lo divino desplomando de un solo manotazo  la república. Merece nuestra  atención también  el Decreto número 7, a partir del cual se procedería  al nombramiento de  una Comisión de Salud Pública concebida la misma como “la personificación de la conciencia pública nacional” cuya misión sería “velar por  una elevada ética en las funciones que se realicen en cualquier instancia de la administración pública”. Con esta resolución estamos  nada más y nada menos que frente a la moral colectiva secuestrada y personalizada en una  elite auto ungida destinada a higienizar el aparato estatal.  

Aparece perfilado así, en palabras premonitorias de Alberto Arvelo Ramos (en El dilema del chavismo. Una incognita en el poder,  (1998)  un “Estado totalitario como jamás hemos tenido alguno (…) Los Decretos le dicen al mundo el tipo de gobierno que piensan implantar, y definen sus características esenciales: disolución de los Poderes Públicos, Comité de Salud Pública, control rígido de los asuntos privados y civiles, concentración de la sociedad política en los militares y los amigos de confianza de los mismos.”  Esta amplia y prolija  batería de decretos reflejaba una voluntad autoritaria  largamente madurada que esperó y ha esperado con convicción y paciencia  su hora  para cercenar definitivamente la democracia.  A pesar del alto número de procesos electorales que el chavismo impulsó cuando las urnas le favorecían,  burlar sus resultados cuando los mismos no favorecen a la cúpula, ha sido parte privilegiada de la tarea. O, encerrarse a cal y canto  en su empeño de impedir elecciones a sabiendas de la derrota. Tal como ahora está ocurriendo.  

No es inoficioso recordar que en los años inmediatamente  posteriores al golpe, 1993 y 1995, Chávez trabajó para  lo que él llamaba  “abstención electoral activa”. Se jactaba de que fuera su organización, el MBR-200, quien hubiese  logrado un  nivel de rechazo al voto sin precedentes  en el país. “La abstención tiene para nosotros el signo de la muerte para el viejo régimen. Es otro 4 de febrero en otra dimensión” diría Chávez a Agustín Blanco Muñoz en el texto Habla el comandante (1998).  No es sino hasta 1996 cuando   la  vía electoral comienza a activarse, una vez  convencido   de que era éste el único instrumento posible para acceder al poder.  Alcanzado el triunfo dos años después, se dio comienzo al proceso constituyente, principal oferta del candidato Chávez en su campaña por la presidencia. 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que resultó electa en julio de 1999, se ocupó fundamentalmente de despejar el tránsito del  Presidente hacia la consolidación de un poder omnímodo. Aprobada la nueva Carta Magna, la ANC decretó un Régimen de Transición del Poder Público no contemplado en la nueva Constitución que diluyó el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y nombró a los nuevos integrantes de dichos poderes además del contralor de la república, el fiscal general y los miembros del Consejo Nacional Electoral. Organizó también un Comité Nacional Legislativo configurado por 11 miembros de la ANC y 10 señalados “a dedo” por ésta; es decir  no producto del voto popular. De modo que, gracias a estos antidemocráticos artilugios,  los poderes  de la República terminaron en  manos de funcionarios fieles  al proyecto bolivariano. Con las variaciones del caso, la fantasía revolucionaria dibujada en los decretos jacobinos del 4 de febrero se hacía realidad.  La ruta electoral tan denostada por el líder  golpista, paradójicamente, la había hecho posible. 

En algunos de sus aspectos, el ordenamiento constitucional resultante, sin embargo, comenzó a convertirse  en una molestia en los zapatos del Presidente. La incorporación de aspectos no deseados en aquél  sería obra de quienes  lograron “infiltrarse” en su elaboración, según el mandatario.  Era imperativo entonces introducir reformas en el documento supremo  a fin de derribar los obstáculos que impedían el avance del proyecto revolucionario. La consulta de 2007 tuvo ese propósito.  Reelección presidencial indefinida; ampliación de las competencias de la Fuerza  Armada Nacional;  creación  del Poder Popular cuyo pivote principal sería  la comuna, concebida esta como el núcleo espacial básico e indivisible del Estado socialista, serían los principales cambios sugeridos  Con respecto al Poder Popular específicamente, Chávez se pronunciaría   dejando muy claras las cosas en el proyecto de reforma: “El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Conquistado el poder por la vía comicial, el Presidente intentaba regresar las aguas de su proyecto a sus cauces originales: negación del voto directo, secreto y universal con el que la democracia venezolana estaba casada desde 1947.  
Derrotado en la consulta de 2007, Chávez optó por imponer sus reformas apelando al  control que ejercía sobre la Asamblea Nacional. Las habilitaciones que recibió para estos fines actuaban como dispositivos que, salvando las distancias temporales y de contexto, sustituían, otra vez,  los Decretos del 4 de febrero. Era como si el golpe del 92, hubiese triunfado en el 99 con la acción arbitraria de la ANC y, otra vez, en el 2007 con las habilitaciones que lo convertían  en un monarca sin corona del siglo XXI.

En diciembre de 2010, sin contar con la opinión de la sociedad, la Asamblea sancionó 5 Leyes Orgánicas destinadas a implantar el Estado comunal.  Dos tipos de Estado formalmente hablando comenzaron a discurrir simultáneamente: el Estado liberal consagrado constitucionalmente y el Estado  comunal apuntando hacia la construcción del edificio socialista. De acuerdo al articulado que las rige,  el principio de representación encarnado en los “voceros” de las comunas  no emanan del sufragio universal directo y secreto,  sino de una elección de segundo grado.   
La muerte de Chávez en 2013 adormiló, de algún modo, la euforia comunal. A pesar de que Maduro haya insistido en que el futuro de la democracia está en las comunas, apenas 103 de estas organizaciones se han registrado frente al gobierno nacional. Esto significa que el Estado comunal formalmente existente, está lejos de hacerse realidad; mucho menos, si el carisma del  padre creador no está presente para animar su desarrollo y consolidación. 

A pesar de esta precariedad,  el presidente Maduro ha propuesto una Constituyente Comunal a fin de dar a luz una nueva Constitución. Sin duda, es este un ardid  para perpetuar en el poder a la oligarquía militarista que hoy asola al país. La base de los comicios para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente sería “sectorial” y “territorial”; vale decir, con sentido corporativo.  Siendo así, estaríamos de vuelta al origen: instauración de un gobierno integrado por autoridades públicas no derivadas del voto de cada uno de los venezolanos.  Tal como el movimiento bolivariano lo plasmó en sus Decretos.  Tal como Hugo Chávez concibió el poder popular. No fue  de la chistera del Presidente Maduro entonces, de donde salió la proposición de Constituyente Comunal corporativa. La propuesta se emparenta perfectamente con el núcleo totalitario fundacional inherente al movimiento insurgente del 4 de febrero.  Maduro no está traicionando el legado del máximo líder de la revolución bolivariana: lo está perfeccionando.      

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