Hernán Ibarra - EL ECLIPSE DE "LA REVOLUCIÓN CIUDADANA"


                 

Las nuevas condiciones creadas por la recesión económica y el debilitamiento de Alianza País se proyectan hacia la contienda electoral de febrero de 2017. Es también el nuevo escenario del fin del ciclo de los gobiernos progresistas en América del Sur. El modelo económico de la revolución ciudadana y su régimen político se hallan cuestionados. Es un panorama de incertidumbre con las posibles políticas de ajuste que deberá encarar el nuevo gobierno.

Las elecciones de febrero de 2017 se inscriben en un nuevo escenario con el fin del ciclo de los gobiernos progresistas que arribaron al poder tras el agotamiento de las políticas neoliberales. Estos gobiernos fueron el resultado de una oposición social al neoliberalismo y tuvieron la fortuna del ascenso de los precios de las materias primas en el mercado mundial. En efecto, los precios de bienes agrícolas, mineros e hidrocarburos se beneficiaron -con oscilaciones- de mejores precios entre 2003 y 2013 cuando comienza una tendencia descendente de precios y exportaciones. El flujo de recursos que significó este boom exportador facilitó el regreso del Estado y políticas desarrollistas.
El triunfo de Macri en Argentina, la derrota de Evo Morales en el referéndum de febrero de 2016, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y la intensa oposición contra Maduro en Venezuela son un conjunto de acontecimientos que evidencian un giro político hacia gobiernos de derecha que plantean la vuelta a políticas neoliberales con  el acento en la menor intervención del Estado en la economía.
El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas de 2015 con PRO (Propuesta Republicana), una formación política de derecha, es parte de un nuevo fenómeno que recorre América Latina, las “nuevas derechas”, que estarían en capacidad de proponer una defensa de la democracia representativa, cierto énfasis en lo social y un tejido de alianzas sociales. Como empresario exitoso y vinculado a la dirección del Club de fútbol Boca Juniors,  con la creación de PRO en 2005, conquistó inicialmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007. Su construcción política se halla asociada a sectores empresariales, antiguos grupos provenientes de la derecha, junto a la captación de liderazgos y bases provenientes del peronismo y el radicalismo. Macri ha construido un discurso modernizador y posideológico forjado en la oposición a los gobiernos kirchneristas. A partir de un fuerte apoyo en los sectores medios y altos, penetró en los sectores populares.
Evo Morales fue derrotado en su intento por reformar la constitución para facilitar su reelección con un cuarto mandato consecutivo, lo que sitúa una barrera de continuidad al proceso boliviano sin su liderazgo. Era la primera vez que perdía en las urnas desde el año 2006. No obstante el MAS y su base social esperan una nueva oportunidad para insistir en una nueva postulación de Morales.
La situación de Venezuela implica la confluencia de una aguda crisis económica y el fortalecimiento de la oposición política tras el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Después del fallecimiento de Chávez en 2012 y la elección de Nicolás Maduro como Presidente  en 2013, éste se ha enfrentado a una creciente oposición que luego de ganar las elecciones parlamentarias emprendió el camino de su destitución por la vía de un referendo. Al  bloquearse esta salida surge la posibilidad de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición que podrían implicar acuerdos para afrontar la crisis proveniente de la caída de los precios del petróleo. Desde el año 2013 se incrementaron la pobreza, la inflación y el desabastecimiento. Así mismo, la tasa de homicidios se ha elevado sustancialmente en los últimos años abonando al clima de inseguridad en la población venezolana. Las trabas y el bloqueo al referendo revocatorio que condujo la MUD,  han diferido en el tiempo la permanencia de Maduro hasta las elecciones de 2018.
La revolución bolivariana se encontró ante un condicionamiento histórico difícil de transformar: el “Estado mágico”, que consiste en la amplia dependencia de los ingresos generados por el petróleo para financiar el gasto público impulsando una sociedad y economía dependientes del control estatal mediante el manejo de la renta petrolera. Durante el periodo de Chávez  se desarrolló el Estado comunal como una estructura paralela al Estado formal en contradicción con el régimen de representación electoral y de partidos afectando al pluralismo político. La  estructura industrial que tuvo cierta importancia hasta los años noventa declinó durante el régimen chavista. El ciclo de altos precios del petróleo incrementó aún más la dependencia de los ingresos públicos provenientes de la renta petrolera que además sirvió para afianzar las relaciones internacionales de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).
Lo más decisivo en estos cambios es el papel de Brasil. La destitución de Dilma Rousseff tiene muchas consecuencias dentro del fin de ciclo de los gobiernos progresistas puesto que significa un cambio en el papel que venía cumpliendo Brasil en América del Sur. Los gobiernos del PT implicaron el fortalecimiento de una burguesía interna en el marco de un intento de desarrollo de una propuesta integradora con UNASUR. Dado el peso de Brasil como la mayor economía de América del Sur contribuía al reforzamiento de la autonomía nacional y regional. De hecho, los gobiernos progresistas de América del Sur no habrían podido sostenerse sin los cambios producidos en Brasil. De la misma manera que el fin del ciclo neoliberal fue empujado por el proceso brasileño, el nuevo momento puede implicar un conjunto de nuevas relaciones con Estados Unidos y el mayor peso de los tratados de libre comercio. Además, el involucramiento del PT en actos de corrupción, tiene un efecto de descrédito sobre una formación de izquierda que implicó inicialmente una propuesta de renovación ética de la política brasileña.
El triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, ha sido interpretado como el producto de la activación de un electorado blanco que ha encontrado en un líder de derecha una respuesta a los cambios producidos en la economía y la sociedad estadounidense. Si bien se ha puesto mucha atención a su discurso anti inmigrantes y su machismo, Trump pudo captar el malestar producido entre los trabajadores blancos con la desindustrialización del medio oeste, la resistencia a la migración de origen latino y el cuestionamiento a las políticas dirigidas a las minorías. Su oposición a los tratados de libre comercio significa una defensa de las estructuras locales de la producción industrial. Esta postura antiglobalización tiene muchas incógnitas, puesto que significaría desmontar inversiones y flujos de capital e intercambio ya plenamente instalados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Un escenario de recesión
La recesión de la economía ecuatoriana tiene algunas manifestaciones que seguirán en los próximos años. Las exportaciones han venido descendiendo de 24.751 mil millones de dólares en 2013 a 18.331 mil millones de dólares en 2015. Los precios del petróleo han bajado de un promedio de 96 dólares por barril en 2013 a 84 dólares en 2014, 42 dólares en 2015  y 33 dólares en 2016. Sin embargo, el tema del empleo se presenta como un agudo problema con la pérdida de puestos de trabajo en todas las áreas de la economía y la retracción del empleo público. El desempleo abierto se incrementó del 4,86 % en 2013 al 6,68 % en 2016. Del mismo modo, el subempleo creció del 38,22 % en 2013 al 45,94 % en 2016. En tanto que el empleo adecuado descendió del 56,92% en 2013 al 47,38 % en 2016.
Para financiar el gasto público se ha recurrido al incremento de la deuda pública interna y externa. La deuda pública total pasó de 22.840 millones de dólares en 2013 a 37.108 millones de dólares en 2016. Este crecimiento de la deuda pública ha implicado un mayor endeudamiento externo con China y organismos multilaterales. La mayor deuda ha permitido mantener el gasto público difiriendo medidas de ajuste para el nuevo gobierno.
La recesión económica con un crecimiento negativo del PIB en -1,6 % para 2016, es el telón de fondo del proceso electoral. Las medidas de política económica que ha tomado el gobierno se van dirigiendo a un horizonte de menor intervención del Estado. Se han hecho concesiones de puertos, y se abre la posibilidad de participación privada en las empresas hidroeléctricas junto a la venta de activos del Estado. Este clima  de recesión económica ya instalado condiciona las propuestas políticas que se centran en el cambio de la economía.
El dominio de Alianza País en el espacio político
El espacio político que se estructuró durante los sucesivos gobiernos de Correa resultó en la configuración de un polo dominante localizado en la acción estatal bajo el liderazgo de Correa y AP. Al lado del polo dominante se produjo el aparecimiento de movimientos aliados u organizaciones satélites. Un polo que tuvo como una condición de su implantación el declive de los partidos políticos y su reemplazo por movimientos políticos con liderazgos de poca convocatoria. En el polo dominado del espacio político se produjo el arrinconamiento de la derecha, el centro y la izquierda opositora.
AP se presenta como un actor político dominante ante un conjunto de actores fragmentados que han debido constituir federaciones de movimientos políticos, personalidades y gremios. Alianza País mismo, constituyó el Frente Unidos para disponer de una constelación de apoyos.
Los cuestionamientos al régimen de Correa provinieron desde distintos frentes. Es necesario diferenciar la crítica de los círculos empresariales y de la derecha política de aquella proveniente de los movimientos sociales y organizaciones de izquierda.
Los gremios empresariales y la derecha política han criticado sobre todo la intervención estatal y reclamaban mejores condiciones para invertir y atraer la inversión extranjera. Pero las condiciones nuevas creadas por las alianzas público privadas y la oferta de privatizaciones y concesiones abrieron canales de relación del gobierno con los empresarios. Esto es muy importante porque implica la retracción y re direccionamiento de la intervención estatal que supone un acercamiento a los argumentos propios del enfoque neoliberal, tan denostado por el gobierno. Y de paso, quita argumentos a la derecha y centro derecha, en tanto significan medidas que de hecho coinciden con sus propuestas de menor intervención estatal. De modo que el régimen de Correa ya ha dado un paso adelante en un programa de política económica que recoge medidas de corte neoliberal que fueron muy difíciles de implantar en el pasado.
Los movimientos sociales y organizaciones de izquierda que han desempeñado  una acción de oposición tienen varias expresiones políticas y justificaciones. Si se observa  el espectro de posiciones radicales, estas plantean desde la idea de que el gobierno de Correa es una prolongación del neoliberalismo a otras que argumentan sobre la imposibilidad de que se pueda producir un cambio político sin violencia. También hay  posiciones que invocan a la movilización social y respuestas organizadas conducentes a una perspectiva de acumulación de fuerzas y capacidad de construcción contra hegemónica con el apoyo a la candidatura de Paco Moncayo. Desde una perspectiva pragmática, se insiste más bien en la necesidad de recuperar libertades democráticas y espacios organizativos que han sido vulnerados con dispositivos represivos y fracturas del tejido organizativo. Tanto para Unidad Popular (UP) -expresión reconstituida del Movimiento Popular Democrático (MPD)- como para Pachakutik, se trata de obtener un espacio político de gestión de demandas en espacios locales y en la representación parlamentaria. Aunque el debilitamiento de la CONAIE en su capacidad de movilización ha sido compensado por la reanimación del sindicalismo opositor al régimen que se tornó visible desde 2014.
El ciclo de la revolución ciudadana iniciado en 2007, tuvo como punto de partida un creciente vacío político y de representación que fue llenado con el liderazgo de Correa que condujo una modernización conservadora asentada en la incesante concentración de poder. Su legitimidad inicial se construyó con el apoyo de la población mediante una amplia política de subsidios y su proyección mediática. La puesta en marcha de un proyecto de desarrollo económico sustentado en la intervención del Estado implicó la expansión de los aparatos estatales y políticas públicas que significaron una creciente centralización. El liderazgo de Correa estaba en capacidad de jugar en medio de las múltiples tendencias y facciones que existían dentro de Alianza País, desde aquellas provenientes de tendencias radicales hasta las corrientes conservadoras. A la larga, la estructuración de Alianza País como una organización política heterogénea ha significado su opción por ser un movimiento y no un partido. Pero esto ha implicado ante todo la dependencia de las relaciones que se pueden tejer dentro de la institucionalidad estatal. Como Correa ha persistido con el discurso anti político con la crítica a la partidocracia, se torna no viable una acción fundamentada en argumentos políticos que impliquen un proyecto. La política ha devenido en la adhesión a las ideas y propuestas del líder. Al quedar la política atada al líder y la capacidad de captación de segmentos del Estado, AP adquiere el rol de un movimiento con una visión vertical y opuesta a la sociedad civil, donde justamente se produjo la creciente oposición al régimen.
La condición general de estas elecciones es el declive de las formas clásicas de organización partidaria. El predominio de los movimientos políticos emerge como la forma de articulación del electorado. Inicialmente, los movimientos políticos locales aparecieron relacionados con las políticas de descentralización del Estado, y han proseguido después de 2007. Aunque el número de movimientos políticos ha disminuido, la estructuración de partidos políticos no emerge en el horizonte con signos claros.
Las opciones electorales
La contienda electoral de febrero de 2017 presenta ocho candidatos presidenciales, y entre estos, son cuatro los principales. AP presentó la candidatura de Lenin Moreno, Acuerdo Nacional por el Cambio tiene a Paco Moncayo como candidato, el PSC postuló a Cynthia Viteri y Guillermo Lasso es el candidato de CREO-SUMA. Se produjo sobre todo en las filas de la derecha una dificultad para lograr un acuerdo de unidad. De la alianza inicial que dirigía el PSC, el movimiento Podemos conducido por Paul Carrasco el Prefecto de Azuay y Suma (Movimiento Sociedad Unida Más Acción) emigraron hacia el apoyo a  Lasso y CREO. El comportamiento de Ramiro González y Avanza que podía haberse aproximado al centro izquierda ha sido sinuoso, puesto que González prefirió acercarse al PSC en una alianza que finalmente no se concretó. Existe la probabilidad de que su potencial electoral proveniente del control de gobiernos seccionales pueda ser transferido a la representación parlamentaria. Álvaro  Noboa que optó por no postularse a la presidencia  señala el ocaso del magnate bananero que ha sido cercado y vulnerado por la acción gubernamental. Su disminuido movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante evidencia la decadencia de una forma de acción política patrimonial.
La candidatura de Lenin Moreno surgió después de una intensa lucha dentro de AP donde la preferencia de Correa se había inclinado por el vicepresidente Glas que fue promocionado visiblemente a lo largo de los últimos dos años. Esta candidatura significa la continuidad del régimen con una figura amigable que proyecta la posibilidad de acuerdos y menores prácticas autoritarias. Un ingrediente de la campaña es una consulta que acompañará a la papeleta electoral con una pregunta sobre la cuestión relativa a un pacto ético relacionado con los paraísos fiscales. Ésta es obviamente una forma de afectar a la candidatura de Lasso y de intervención en la campaña esperando reforzar el apoyo a Moreno.
El liderazgo de Guillermo Lasso proyecta una imagen de empresario pragmático poseedor de un acentuado sesgo moral encarnado en valores ideológicos muy similares a los de los socialcristianos. Ha logrado aglutinar a sectores empresariales modernos de la costa y la sierra y estructurar una organización política nacional. Surgido desde el capital bancario, estuvo vinculado al gobierno de Mahuad y Gutiérrez. Su gestión del Banco de Guayaquil le permitió sobrevivir a la crisis económica de 1999 y ser uno de los bancos que domina en el sector financiero. Con el Banco del Barrio, tendió puentes hacia la microempresa y sectores populares urbanos. La estructuración de Creando Oportunidades (CREO) con dirigencias empresariales mutadas hacia  la dirigencia política  busca la construcción de un lugar para la derecha política modernizada. Lasso obtuvo el 23% de los votos en 2013 frente al 57% de la votación que consiguió Correa. Lasso ha insistido en la disminución de la intervención estatal en la economía, la reducción de impuestos y tiene entre otras ofertas la creación de un millón de empleos, impulsando a la empresa privada y el autoempleo para los sectores jóvenes. Por su conflicto particular ha propuesto también la eliminación de la SENESCYT. Su alianza con SUMA implica tener un espacio de penetración en el electorado de Quito. Sin embargo, es difícil saber si el electorado que votó por Rodas para Alcalde de Quito en 2014 sea transferible a Lasso puesto que fue una votación proveniente de múltiples tendencias políticas.
La candidatura de Cynthia Viteri provino de una iniciativa del PSC que decidió prescindir de aliados y forzar a grupos menores a apoyarla. El liderazgo de Jaime Nebot sobre el PSC, es el factor de mayor peso en su campaña. Para los socialcristianos, se trata de enfrentar el mismo obstáculo ya conocido en contiendas pasadas. El PSC ha mostrado desde los años noventa una dificultad por penetrar en el electorado de la sierra. En las elecciones presidenciales de 1992 y 1996 Nebot fue derrotado, aunque desde el 2000 ha sido electo alcalde de Guayaquil por cuatro ocasiones consecutivas. Y durante el régimen de la revolución ciudadana terminó enclaustrándose en Guayaquil como un indiscutido bastión electoral al que AP enfrentó afectando parcialmente su hegemonía local. La propuesta de Cynthia Viteri no tiene mayor diferencia que la de Lasso en términos de la menor intervención del Estado y medidas de política económica, excepto matices de tipo social.
Acuerdo Nacional por el Cambio es el frente que ha presentado al General Paco Moncayo como candidato presidencial. Es un frente político que articula a la Izquierda Democrática, Unidad Popular y Pachakutik. La ID se reconstituyó formalmente, se reinscribió como partido y asoma como un intento por situar un eje del centro político. Pero se trata de una formación política sensiblemente disminuida por sus disidencias y liderazgos que emigraron hacia Alianza País o hacia el centro derecha. También es un problema de identidad política de una organización que pasó por un período de hibernación y las dificultades por definir un perfil que nominalmente fue de naturaleza socialdemócrata aunque realmente con el predominio de idearios cercanos al liberalismo político por el origen de su liderazgo y base social. Su propuesta política plantea sobre todo recuperar el espacio de las libertades políticas y organizativas, manteniendo algunas políticas del régimen de la revolución ciudadana.
La corrupción, entendida como el enriquecimiento producido mediante posiciones claves de funcionarios en los lugares decisivos de la contratación pública se ha presentado en la campaña electoral afectando a los candidatos de AP. Las revelaciones de la corrupción en Petroecuador que involucra a directivos y ex directivos de la empresa, puso al descubierto una trama que afecta al entorno del Vicepresidente Glas. Los eventos de corrupción que se han conocido en el transcurso de la revolución ciudadana, ocurrieron en diversas instancias estatales, gobiernos locales y la policía. Han tenido una cobertura mediática junto a una neutralización en las instancias administrativas y el aparato judicial.
Si bien se argumenta que la corrupción está enraizada en el Estado, no se debe desconocer que la disminución de controles y la capacidad de fiscalización han incidido en actos de corrupción en un periodo de mayor intervención estatal. Precisamente la mayor disponibilidad de recursos públicos crea una masa mayor de fondos que pueden ser objeto de actos corruptos como se puede inferir de la experiencia internacional de análisis de la corrupción. Las denuncias de la corrupción en diversos niveles de gobierno que tuvieron un conocimiento público entre 2000 y 2015, permite observar que una mayor cantidad de actos de corrupción sucedió efectivamente en algunos años en los momentos de crecimiento del gasto público, aunque la dinámica a lo largo del tiempo también responde al hecho de que fueron divulgados por la prensa.


Fuente: CAAP, Observatorio de Conflictividad.

De acuerdo a las encuestas de intención de voto emerge la incertidumbre de quién será el contendor de Moreno en la segunda vuelta electoral. Surge la incógnita de los alcances de un frente anti Alianza País que deberá enfrentar una transición del modelo económico y la declinación  de la intervención estatal. La recesión económica exigirá medidas de ajuste que han sido diferidas. La conformación de la Asamblea Nacional tendrá una alta fragmentación con una importante bancada de AP. Parece abrirse un panorama que evoca los años noventa del siglo pasado con la remisión de la intervención estatal y el regreso de políticas neoliberales.

Título original - El eclipse de la revolución ciudadana ante las elecciones de 2017
Publicado originariamente en Ecuador Debate No. 99, diciembre 2016)

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