Rafael Quiñones - EL POLÍTICO, EL ANALISTA Y EL CIUDADANO

  
  Todo aquel que intenta analizar una coyuntura política determinada y en consecuencia formular un curso de acción, se enfrentará con la sensación de inseguridad acerca de cómo hacer dicho diagnóstico y su respectiva recomendación. En teoría esto se resuelve a través del análisis informado y profundo del problema político, que puede ser objetivo pero nunca completamente  imparcial. El problema está en que dicho análisis posiblemente se elabora para formular una acción en política y por ende está influenciada por intereses políticos, siendo los más importantes el del líder político que solicita el análisis, los de la ciudadanía que él representa y los del analista.
  La primera tentación en estas circunstancias es que el analista quiera plegar su diagnóstico y recomendaciones de acuerdo a los intereses y valores del líder político que sirve. Una forma fácil de ceder a esta tentación es concebir al político como un profesional especializado en una esfera de la acción humana, que actúa racionalmente casi todo el tiempo y de acuerdo al interés común de la sociedad que desea gobernar. Esto es heredado del pensamiento de la Ilustración, donde se pensaba que en todos los ámbitos de la vida del ser humano (con especial énfasis en la política) la capacidad de la razón humana era infinita y por lo tanto cuando el poder se subordina a criterios racionales, se le puede permitir todo. La cuestión es que como ha demostrado la práctica por encima de la teoría, la lucha política lo racional juega un papel secundario y muchas veces los intereses del líder no son necesariamente racionales para todo el conjunto de la sociedad (a veces ni siquiera para sí mismo). Por lo tanto, el político necesita tanto las presiones de los expertos como de la ciudadanía a la que representa para encauzar mejor las decisiones que tome. Todo político es representante de algo y de alguien, y es estúpido tanto para él como para los demás que ejerza el poder sin responder a nadie y mucho menos el no querer que sus acciones no sean objeto de crítica por sus asesores y representados.
  La segunda tentación es que el analista haga su diagnóstico y recomendaciones de acuerdo a sus propios valores y de aquellos a los que él considere como “cultos”. Esta alternativa se basa en parte que tanto el político como los ciudadanos quieren confiar al experto, pues desean que sus preferencias tengan más peso que las de  ellos. Más hay que tener en cuenta que en democracia los valores de los “sabios” no valen más que las opiniones de cualquier otro y especialmente que los mismos no son infalibles. Si en democracia aceptamos que consejeros, burócratas y tecnócratas se sientan como una élite gobernante que tiene el derecho de sabotear las decisiones de los políticos e ignorar la exigencia de los gobernados, se prepara para un nuevo tipo de corrupción, que no necesariamente tiene que ver con robar fondos públicos. Se pasa del reino de los príncipes filósofos a la dictadura de los expertos, donde los mismos tratan como un lisiado mental tanto a la ciudadanía a la que sirve como al político al que asesora. 
  Y la tercera y última tentación, es caer como criterios para analizar y tomar decisiones políticas es buscar ser el mayor exponente de los intereses de los ciudadanos gobernados en sociedad. Esta tentación es la más fuerte y compleja de las tres que nos podemos enfrentar, porque bajo el principio de la democracia, los gobernados tienen la soberanía última sobre todo en política y por lo tanto lo que quiera los gobernados es la palabra de Dios. Esta lógica es irrefutable, la cuestión nace es que si existen unos criterios absolutos e inapelables para poder detectar cuales son los intereses y valores del “Pueblo”. En democracia, la cuestión se resuelve de manera parcial e imperfecta por medio de adoptar los intereses de las mayorías ¿Debe ser eso un criterio absoluto aplicado a todo incluso los derechos civiles? ¿Hay una forma de medir de manera perfecta dicha opinión pública? Las respuestas no son fáciles.
  Hay que tener en cuenta que el “Pueblo político” no es lo mismo que el “Pueblo demográfico”. En política no existe el interés público absoluto o el bienestar general inapelable. Los intereses de una población son muchos, variados y en constante conflicto, anulando en el acto una fórmula completamente eficaz para reconciliar todos los intereses individuales y grupales. Toda decisión política puede satisfacer los intereses de un grupo de personas pero perjudicar al de otras. Digamos que tenemos  una decisión que satisface un poco  a un 60% de la población pero perjudica un poco al otro 40%; luego una segunda opción donde la decisión con que el 75% de las personas está muy satisfecho pero perjudica mucho al 15% restante; y una decisión que el 90% de la población concuerda y se beneficia  completamente pero que daña irreversiblemente al 10% restante que no lo aprueba ¿Cuál debería tomarse? 
  Al leer sobre estas tres tentaciones el lector se sentirá enormemente frustrado ¿Cómo se reconcilia los intereses de las tres partes para un acuerdo completamente voluntario? La respuesta  no es agradable: No se puede. Toda decisión política implica más imposición que consenso puro, más esta imposición se cristaliza tomando en cuenta a las otras partes y al menos escuchar sus argumentos. En los regímenes autoritarios la imposición de decisiones políticas se logra por medio del terror, en las democracias es gracias a la persuasión. Y la persuasión implica en asimilar los puntos de vistas de quienes nos adversan para formular nuestra retórica con base a eso y así lograr que accedan (de buena o mala gana) a aceptar  nuestro criterio en la toma de la decisión política. Ya sea un político, el analista y un ciudadano común el que quiera imponer una decisión política, no la podrá tomar sino concibe los valores, ideas e intereses  de las otras dos partes y con eso elabore un instrumento de persuasión para imponer sus respectivos valores. Quien no pueda persuadir a las otras partes, no merece ser el quien tome la decisión política.
  Si usted quiere analizar una situación política para luego tomar una decisión trascendente, debe aceptar de antemano que existen posiciones divergentes con la suya y que sólo podrá vencer si sabe persuadir mejor a las otras partes tomando lo mejor de sus propios puntos  de vista. A la final, la política es la que tiene que decidir lo cual implica generalmente más músculo que cerebro.

Comentarios