Mario Garcés: El movimiento estudiantil en Chile

El movimiento estudiantil y la crisis de legitimidad de la política chilena

Mario Garcés D.[1]








Este jueves 30 de junio de 2011, cuando los termómetros no superaban los 12 grados, mujeres y hombres libres transitaban por las “grandes alamedas” de Santiago de Chile. Allende probablemente tenía razón, en su discurso de despedida de aquella mañana del 11 de septiembre, “más temprano que tarde”, ello acontecería. Y así aconteció, unos 120 mil, según los primeros informes policiales, 200 mil, según los organizadores marcharon por la Alameda, la principal arteria de Santiago, exigiendo y demandando reformas a favor de la Educación Pública.

Un sentimiento de fiesta animaba a los jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, con creativas pancartas, improvisadas bandas de música y variadas acciones de artes. A los viejos, por su parte, nos envolvía una emocionada y más serena alegría. Si hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos tantos y en un ambiente tan animado y tan masivo, capaz de copar toda esa ancha Alameda por ambas calzadas y que la vista se nos perdiera sin saber dónde empezaba y dónde terminaba la marcha.

Y por más que la nostalgia se nos asomara como vieja camarada de sueños, luchas y derrotas, es decir, de memoria histórica, era evidente que muchos signos no eran los de antaño. Por ejemplo, casi no se divisaba ninguna bandera partidaria – más de alguien me comentó equivocadamente, es que esto no es político-; tampoco había mucha uniformidad en las consignas, salvo las referida a la defensa de la Educación Pública; y no íbamos camino a ningún lugar sagrado del Estado, sino a un sencillo escenario donde esperábamos escuchar a los jóvenes (la mayoría no llegamos a ese escenario porque la policía bloqueo las calles y cortó la marcha en dos, dejándonos a miles a medio camino).

No por una casualidad se me ocurrió iniciar este artículo recordando las palabras de  Allende. Han pasado ya 37 años del golpe y 40 años del proceso de reformas que inició  la Unidad Popular. La sociedad chilena de hoy no es, por cierto, la que imaginaron y por la que lucharon miles de chilenos en los años sesenta y setenta. Una sociedad fundada en la justicia social y la participación popular en la que al Estado debía jugar un  rol social fundamental en la distribución del ingreso, para asegurar derechos fundamentales a la población en el campo de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Esa era la apuesta fundamental que concitó el apoyo y el compromiso de la mayoría de los chilenos en aquellos años de cambio y de una revolución social en ciernes. Una revolución que encontró frente de sí, a poderosos enemigos, y que al mismo tiempo se enredó consigo misma sin saber resolver los asuntos del Estado y sin valorar lo suficiente los enormes aprendizajes que hacía el pueblo en sus luchas cotidianas. Entonces vino el golpe de Estado y los militares y la derecha antidemocrática impusieron un nuevo modelo de sociedad fundado en el mercado y el Estado mínimo. Esta enorme transformación, en una primera fase suponía expulsar al pueblo y aniquilar a la izquierda política. Fue la “fase terrorista” del cambio, la de la dictadura. Luego, cuando el pueblo se animó y expandió la protesta social en los 80, se preparó el camino de la transición o del retorno a la democracia, que políticamente organizó y condujo la Concertación de Partidos por la Democracia. Ahora, lo que importaba era administrar la herencia de la dictadura, es decir, una forma de democracia restringida que permitiera consolidar el modelo neoliberal y atender las demandas populares sin amenazar la “estabilidad política” ni los acuerdos con una derecha sobre representada en el parlamento. Esta fue la fase de “la democracia de los acuerdos” o de la gobernabilidad.

La sociedad actual, la que reorganizó la dictadura y aggiornó con débiles contenidos democráticos la Concertación, es una sociedad de rasgos elitistas en lo político y profundamente desigual en la distribución del ingreso y las “oportunidades” para acceder a servicios, o digamos mejor, a derechos fundamentales en el campo de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Dicho de otro modo, la sociedad actual es, de algún modo, la antitesis de la sociedad con la que soñaron y lucharon los chilenos de años sesenta y setenta.

Con este largo rodeo, lo que quiero decir, es que la desigualdad en la educación por la que protestan hoy los estudiantes, se inscribe en el centro de los que los historiadores llamamos, “la historia reciente” de Chile.

Para el lector poco informado, hay que indicar que en Chile, lo que en el pasado fuera el sistema educativo nacional, hoy se estructura bajo los principios y la lógica del mercado, que hace que haya educación para ricos; educación para las clases medias y educación para pobres. Esquemáticamente, la primera es privada y alcanza para 7% de la población y tiene un valor entre 300 y 500 dólares mensuales; la segunda es semi-privada, la financia el Estado y la gestionan empresas privadas, denominadas “sostenedores” –que han crecido enormemente en los últimos años- y alcanza al 50% del sistema (en ella, o no se paga o se  paga parcialmente en lo que se denominó,“financiamiento compartido”); la tercera, la educación para los pobres, es “municipal”, la gestionan corporaciones con escasos recursos, es gratuita, y alcanza para el 40% restante de la población escolar[2]

Todos los indicadores, que año a año conocemos los chilenos, relativos a la calidad, nos muestran los efectos de la desigualdad. Los pobres o las clases medias empobrecidas que egresan de escuelas administradas por “sostenedores” o municipios muestran serios problemas de lecto-escritura (se estima que un 40% de los que egresan de la Educación Media, leen y no entienden lo que leen) y en la prueba de ingreso a la Universidad, el 70% del universo escolar no alcanza el puntaje mínimo para postular a una carrera universitaria. Por su parte, para que nadie se pierda, el 70% de los que vienen de colegios pagados reúne el puntaje necesario para postular a la Universidad.

Ahora bien, si el sistema de educación media es desigual, ¿qué pasa con la Educación Superior?. Este presenta otras particularidades, también asociadas a la lógica del mercado. En primer lugar, en todo el sistema universitario chileno –público o privado- se paga. No existe en Chile acceso universal ni menos gratuito a la Universidad. Los valores de los estudios universitarios varían entre los 150 dólares mensuales (carreras humanistas, de bajo costo) hasta los 1200 dólares mensuales (ingenierías o medicina). En segundo lugar, se estructuró en dictadura y creció en democracia, un vasto sistema de universidades privadas (aproximadamente 60 universidades privadas), cuyo negocio u objeto de lucro es la educación. ¿Cómo fue posible este negocio?  Porque el Estado dejó de financiar a las universidades públicas y las privadas no exigían un puntaje mínimo de ingreso (ahora, las más consolidadas sí lo hacen). Bastaba y basta pagar. Pero, cómo hacerlo con las clases medias o los pobres que no podían ingresar a las públicas –porque no reunían el puntaje necesario- y que, además, carecen de recursos o ingresos suficientes. Endeudándose, es decir, contratando un crédito con el sistema bancario. Ganan las universidades-empresas y ganan los bancos.

Sería muy largo explicar todas las características del sistema y las reformas parciales  que introdujo la Concertación (por ejemplo, crédito universitario en el sistema bancario con aval de Estado), o las reformas y mejoras en la calidad de la educación primaria y media, todas de escaso rendimiento, que se ejecutaron sin la participación de los profesores, ni menos de los estudiantes.

Un Estado que se desentendió de la Educación Chilena, externalizando los servicios (sostenedores de escuelas) o haciendo de la educación un negocio (universidades privadas de bajo rendimiento académico) ciertamente ha hecho crisis para los sujetos estudiantes. No para el modelo, ya que como proclama la derecha, el sistema goza de muy buena salud, ya que creció la cobertura y hoy se forman más profesionales en Chile. La calidad es otro problema que el propio mercado se encargará de corregir.


La lucha por la defensa de la Educación Pública

En contra de este sistema educativo, de generación de desigualdades, es que se han levantado los estudiantes chilenos. A principios del 2000, los estudiantes secundarios tomaron las calles e interpelaron al Presidente Lagos en un movimiento denominada “mochilazo” (iniciaron el movimiento demandando regularizar el “pase escolar”). Luego,  en el 2006, volvieron a las calles y se tomaron sus colegios a lo largo del país, en lo que los medios de comunicación denominaron la “revolución pingüina”. Entonces, pusieron en jaque a la presidente Bachelet y provocaron la renuncia del Ministro de Educación. Los estudiantes secundarios, mediante sus movilizaciones hicieron posible que se modificará parcialmente la LOCE (una ley general “orgánica” de educación promulgada por Pinochet poco antes de dejar el poder). A pesar de estos logros en sus luchas, el movimiento de los secundarios del 2006 fue cooptado y más bien atrapado en los pasillos de la Moneda y en los intersticios institucionales. Bachelet formó una Comisión de expertos con débil participación de los estudiantes, cuyo resultado fue la LGE, una versión mejorada de la antigua ley de educación, pero que no modificó los asuntos relativos a la externalización (sostenedores) ni al lucro (universidades privadas).

            Los universitarios, por su parte, desde los años noventa han protagonizado también diversas movilizaciones (petitorios, marchas, paros, tomas de Universidades), pero sin alcanzar la masividad ni el impacto que alcanzaron los secundarios en el 2006. Sin embargo, este invierno del 2011 en que se han unido secundarios y universitarios, la situación es distinta. Se han sucedido las marchas –ya van cuatro- que fueron sumando adherentes, tanto entre los propios estudiantes, como entre los profesores de educación media y universitarios, trabajadores en conflictos sectoriales (los subcontratados del cobre), empleados públicos, etc. La primera marcha sumó 20 mil participantes a mediados de mayo; la última, el 30 de junio pasado, sumó a  120 mil, según la policía, a 200 mil, según los organizadores. Paralelamente, el movimiento se replicaba en las principales capitales de regiones y provincias, al punto que se estima que en la marcha del 30, en el nivel nacional, se movilizaron unas 400 mil personas

            Ciertamente este incremento de las movilizaciones de los estudiantes, más otras  manifestaciones ciudadanas, como las marchas de los homosexuales exigiendo igualdad jurídica y las del rechazo a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia, que convocó también a miles a las calles de Santiago y regiones  han creado un clima de cierta efervescencia social y política, frente a la cual el gobierno se ha visto interpelado y ha tenido que abrir espacios de diálogo  (cartas que responden a las demandas de los estudiantes) y de negociación (búsqueda de acuerdos con los rectores de las universidades públicas).


Movimientos sociales y crisis de legitimidad[3]

            En este contexto, en que “los chilenos vuelven a la calle”, se han planteado dos tipos de problemas: por una parte, la de explicar el por qué del incremento de las movilizaciones ciudadanas y su efectos políticos; y, por otra parte, saber cuál puede ser el camino de salida a las movilizaciones y demandas estudiantiles.

            Sobre el primer problema, que podríamos denominar “el retorno de los movimientos sociales”, he sostenido que su incremento e impacto se relaciona con la naturaleza de sus demandas (el sistema educativo como un sistema de generación de desigualdades es ya antiguo, se comenzó a gestar en la dictadura a principios de los años 80) y con las “oportunidades políticas” de los movimientos (por ejemplo, los inicios del gobierno de Bachelet, que se autoproclamó “gobierno ciudadano” y con un precio del cobre con alzas sostenidas). En el contexto actual, con la derecha en el gobierno y el empresario Sebastián Piñera como presidente,  el incremento de las movilizaciones ha tendido a superponerse con una “crisis de credibilidad” en el gobierno. En efecto, el año 2011 se inició con una masiva protesta en la ciudad de Punta Arenas, cuando se intentó subir el precio del gas por sobre lo prometido en campaña; en marzo tuvo que renunciar la Intendenta del Bio Bio, por sus dichos que agraviaban la credibilidad pública; al mes siguiente, la Ministra de la Vivienda por oscuros manejos en el uso de fondos públicos en favor de empresas privadas y cuando el balance de la reconstrucción – a un año del terremoto del 27 de febrero de 2010- mostraba signos negativos (solo se ha reconstruido un poco más del 20% de a viviendas dañadas). Y suma y sigue, el mayo se aprobaba el proyecto HidroAysen, que ha sido rechazado por vastos y variados sectores ciudadanos habida cuenta del daño al medio ambiente. Y así llegamos a mayo y junio, en que los estudiantes saltaron a la palestra.

            “Crisis de credibilidad” puede ser la mejor manera de nombrar la coyuntura política con relación al gobierno, pero si se atiende al tiempo largo de los movimientos sociales, y ya no solo al de  los estudiantes, sino que a las demandas de los mapuches, los ecologistas, las minorías sexuales, los empleados públicos, la perspectiva de análisis puede variar y se puede sugerir que estamos en medio de un asunto más complejo y más de fondo, el de la crisis de legitimidad del sistema político, que se comienza a configurar en dictadura y que se terminó de constituir en la transición a la democracia. Crisis en el sentido de la capacidad  para atender las demandas ciudadanas, algunas recientes y otras de vieja data. No hay que ser experto en ciencias políticas para saber, que el sistema político chileno actual proviene de una Constitución Política neoliberal impuesta a la ciudadanía por la dictadura, en 1980. Y que la transición a la democracia modificó solo parcialmente este engendro constitucional concebido como “una jaula” o un corset institucional que asegurara la estabilidad inhibiendo la democracia. Adelantados o aventajados discípulos del conservador Samuel Huntington, pensaron que mucha democracia produce poca gobernabilidad y que poca democracia produce mayor gobernabilidad.

            Una coyuntura crítica, como la que estamos comenzando a vivir en Chile, puede tener diversas salidas, desde el incremento de la represión, pasando por juegos de cooptación hasta negociaciones sectoriales que amainen el temporal  (Dicho en chileno, “apagar incendios” y ya hemos escuchado en estos días que el gobierno convocará a los partidos a un acuerdo nacional; a los rectores de las universidades públicas se les ofrecen más recursos; se discute sobre nuevos proyectos de ley para la educación, etc.). Es posible que este sea el curso más previsible de la crisis política actual, pero la cuestión de fondo, el de la legitimidad, persistirá y dará origen en el futuro a nuevas movilizaciones sociales y a nuevas crisis políticas.


           
Los estudiantes: de movimiento social a la búsqueda de “soluciones políticas”

            Si la “crisis de legitimidad” puede tomar tiempo en madurar, saber cuál puede ser el camino de salida a las movilizaciones y demandas estudiantiles, es un asunto tanto más complejo, que puede ser abordado en el tiempo corto y en el tiempo largo, según sea el campo de problemas que escojamos.

            En el tiempo corto, el de la coyuntura, es evidente que los estudiantes han alcanzado importantes logros simbólicos –por ejemplo, en el lenguaje, hoy se puede nombrar los que hasta ayer era innombrable-; también de tipo social, han logrado miles de chilenos, de distintas edades, oficios y posiciones sociales solidaricen con sus demandas. Y todo indica, que alcanzaran logros relativos en el campo de las políticas públicas: el gobierno propondrá proyectos de ley que regulen el lucro; la creación de una Subsecretaría de Educación Superior; un nuevo estatuto de universidades, que transparente un poco el negocio; y, en torno a la educación municipal, se propondrá alguna nueva forma de ampliación del mercado, con fundaciones o corporaciones. Habrá zonas críticas, que podrían traducirse en logros tanto más significativos, por ejemplo, reponer el “aporte basal” del Estado a las Universidades Públicas o redefinir la cuestión del “crédito fiscal” para los estudiantes de escasos recursos. El asunto de fondo, sin embargo, es que la mayor parte de estas medidas no modifican estructuralmente el sistema educativo nacional, sino que solo atienden aspectos parciales, algunos ciertamente apremiantes, pero, además, el gobierno no escucha con claridad las demandas y propuestas del propio movimiento estudiantil. 

Así, por ejemplo, en el contexto de las movilizaciones actuales, los estudiantes secundarios han propuesto la re estatización de la educación y la re nacionalización de las riquezas básicas para financiar la educación chilena. Una propuesta por cierto audaz,  y respecto de la cual, sumar apoyos sería una tarea de largo aliento, ya que es completamente anti-sistémica y probablemente no existe ningún político chileno que en la hora actual esté dispuesto a apoyar una propuesta como ésta. En más de un programa de TV y el propio  Ministro de Educación, han indicado que los estudiantes se han sobre ideologizado. Por supuesto, para estos actores -los medios de comunicación y el gobierno- el sistema neoliberal actual no es ideológico, es una manera más eficiente y más moderna, a tono con los tiempos, de hacer las cosas. Un conjunto de maneras, digámoslo también, debidamente resguardada por la Constitución heredada de la dictadura. Sin entrar en el debate sobre las ideologías, en realidad, el problema de la educación en Chile remite a un problema de soberanía. Los chilenos nunca han sido consultados sobre el sistema educativo que prefieren. Así como la Constitución fue impuesta, la reforma al sistema educativo chileno también fue impuesta por la dictadura en 1980. Y hasta hoy nos regimos por esas disposiciones legales, débilmente corregidas en un sentido democrático.

Pero, ¿por qué tanta imposición y tan precaria práctica de la soberanía? Se pueden formular diversas hipótesis a este respecto. Algunas de larga data, como aquellas sentencias de los que fundaron el Estado nacional, que consideraban que la sociedad no estaba preparada para la democracia y que era preferible “el peso de la noche” y la autoridad impersonal y obedecida (para los conservadores, la sociedad nunca está preparada para la democracia); otras, son más cercanas en el tiempo, por ejemplo, aquella de que Chile era una excepción en América Latina en el desarrollo de la democracia, que hacía pensar a la izquierda chilena, en los años setenta, que los militares eran un cuerpo “no deliberante” (después del golpe de 1973, muchos aprendieron que la democracia chilena no era tan avanzada y que los militares si deliberaban ¡y de qué manera!). Pero, hay también razones más cercanas y que se relacionan con la coyuntura actual. Me refiero a la forma en que se verificó el retorno a la democracia. En pocas palabras, la transición chilena, que se inició en los ochenta con un vasto movimiento de protesta social.-tal vez, el primer movimiento social anti-neoliberal de América Latina- fue una “transición enajenada” a los movimientos populares chilenos.[4] Dicho dentro modo, los políticos chilenos se reorganizaron a partir de la protesta social para retornar al Estado, excluyendo al mundo social de los “arreglos” de la transición y sobre, todo de la participación social. En el lenguaje de la Concertación, así lo hacia necesario la sacrosanta “gobernabilidad”. Sus críticas al neoliberalismo se moderaron, el sistema binominal, mal que mal funcionaba, y algunos declararon, más de una vez, que Pinochet era necesario y una garantía para la transición como Comandante en Jefe del Ejército. Una  salida “a la chilena”, un pacto en las alturas sin pueblo, para retornar y hacer posible el viejo ”estado en forma” y una democracia restringida o, mejor aún, con realismo político, una democracia, “en la medida de lo posible”. En el fondo, en el contexto transicional, se configuró una forma de hacer política separada de la sociedad civil.

 Por cierto que la forma de la transición postergó en el tiempo todas las demandas de cambio que provenían del mundo social y de los debilitados movimientos sociales. Pero, en la historia, el tiempo cuenta, y sobre todo el “tiempo social”, que hoy comienza a reemerger en la escena pública. En suma, es  la transición enajenada lo que  está a la base de la débil (o crisis) de legitimidad del sistema político chileno.


Las búsquedas y aprendizajes de los nuevos movimientos sociales en Chile

            Adelantábamos que es muy probable que los estudiantes vean solo parcialmente acogidas sus demandas, sobre todo porque el movimiento tiene evidentes sesgos anti-sistémicos. Habrá que ver cuanto madure la crisis de legitimidad para plantearse nuevos combates y nuevas metas. Sin embargo, hay una zona crítica que se relaciona ya no con el gobierno o el sistema político, sino que ni más ni menos, con las dinámicas y las formas en que se constituye el propio  movimiento. En efecto, el movimiento estudiantil actual tiene una enorme e indesmentible dimensión política, pero no está regido ni regulado por los partidos políticos, lo que no significa que no hallan orgánicas partidarias participando y animando el movimiento. He aquí un problema fundamental, los estudiantes han estado buscando producir nuevas formas de hacer política, lo que no es una tarea menor, ya que Chile es un país donde la política parece ser monopolio del Estado y de  los partidos políticos. Este es un tema de “cultura política nacional” y del peso del Estado sobre la sociedad chilena y que los políticos de la transición manejaron hábilmente hasta hace poco tiempo (al menos dio para 20 años de Concertación).

            Pero, volvamos al asunto principal, los estudiantes y otras agrupaciones sociales desde hace ya algún tiempo, vienen buscando nuevas formas de hacer política. Sus expresiones más visibles, son el rechazo al verticalismo (propio de los partidos) y su reemplazo por “colectivos”; su rechazo a las estructuras formales y los sistemas de representación (con sus consabidas cuotas de manipulación) y su reemplazo por la “asamblea”; su rechazo a la “línea política” que viene desde arriba (propia de los partidos) y su reemplazo por la elaboración colectiva. Incluso más, los movimientos estudiantiles del último tiempo, se han visto obligados -y lo han hecho con creatividad- a innovar en sus “repertorios de acción” (o sea, en las formas de lucha y de expresión pública). Este proceso general de innovación representa variados problemas, nada contra la corriente (la respuesta de los viejos es siempre, pero con quién vamos a conversar si no tienen representantes); es visto por muchos como “anarquismo” (claro, estos jóvenes radicales como son anti sistema, están en contra de todo y como son jóvenes, son inmaduros); en fin, se podrían seguir enumerando dificultades.

            Pero más allá de las diversas dificultades en las búsquedas de los jóvenes –algunas generacionales, otras doctrinales- hay problemas reales de corto y de mediano plazo. En el corto plazo, sería deseable una “conducción política” que sea capaz de traducir el actual movimiento estudiantil en una propuesta política (lo que antaño hacían los partidos) que haga viable la negociación con el gobierno y asegure de este modo, algunos logros y deje para mañana lo que hoy no se consiga. En el contexto actual, y reconocidas las tendencias y dinámicas al interior del movimiento estudiantil esta tarea no se ve fácil, y no seria extraño que afloren profundas diferencias y divisiones en el propio movimiento. Con todo, este problema de corto plazo se relaciona con el de largo plazo, en el sentido que las búsquedas de nuevas formas de hacer política son las que abren nuevos horizontes democráticos y los estudiantes no debieran renunciar a ellas por más que los viejos y los políticos tradicionales se incomoden.

            Sería largo exponer en qué sentido la búsqueda de nuevas formas de hacer política son fundamentales para cambiar el curso de las luchas sociales y las formas del sistema político. Hay razones históricas, que provienen del pasado y hay razones de futuro, que se relacionan con el sentido de futuras transformaciones sociales. Las del pasado son claras y simples de formular: la omnipotencia partidaria condujo al pueblo a más de una derrota en el tiempo reciente, a los callejones sin salida de la Unidad Popular y  a la enajenación de la protesta social de los ochenta. ¿Por qué pedirles a los jóvenes de hoy que repitan una y otra vez los fracasos partidarios, y más todavía, si ni esos mismos partidos son capaces de una autocrítica seria sobre su pasado?

            Sobre el futuro, el asunto es un verdadero desafío histórico, ya que los nuevos movimientos sociales deberían ser capaces de construir sus propias y nuevas formas de organización, que les aseguren, autonomía y democracia interna así como capacidades para elaborar propuestas políticas. Por otra parte, este ejercicio no significa el fin de los partidos políticos, sino que debiera significar un proceso de renovación de los partidos (claro que no sea esa renovación equivocada de los socialistas, que los llevó a negar su horizonte socialistas para hacerse liberales y funcionales al neoliberalismo y a la transición orientada por la gobernabilidad y escindida de lo social); renovación, en realidad, respecto de sus formas de organización –para hacerlas más democráticas y menos autoritarias o caudillistas- así como respecto a su relación con el mundo social, tanto en su capacidad de escucha como en el respeto a la autonomía de los movimientos sociales. Pero, hay todavía un asunto más, al que debieran contribuir tanto los partidos como los movimientos, se trata de lo que se podría llamar una suerte de refundación de las nociones, concepciones y prácticas de la política. Este es por cierto, un tema global, que ha tenido diversas expresiones este 2011, desde los movimientos en los países árabes, que hicieron caer al gobierno egipcio y abrieron crisis políticas profundas en Libia y en Siria, hasta el movimiento de “indignados” en España, que interrogan la política formal en ese país. En nuestro caso nacional, criollo o local, ello debiera significar admitir al menos, primero, que los actores políticos son múltiples –la política o los asuntos de la polis son más anchos que el Estado y los partidos-; en segundo lugar, que ocuparse socialmente de la política es el verdadero soporte de la democracia, concebida como procesos siempre inacabados de “democratización de las relaciones sociales”; tercero, que la política, en su acepción de polemos (o polémica) supone la aceptación del conflicto y la disputa de alternativas en la construcción del orden social.


Santiago 3 de julio de 2011.   




[1] Historiador, docente del Dpto. de Historia. Universidad de Santiago de Chile
Director de ECO, Educación y Comunicaciones

[2] La evolución de la matrícula ha sido en los últimos años la siguiente:

Año
Municipal
Subvencionada
Privada
2001
53,1
36,6
8,8
2002
52,1
37,8
8,5
2003
50,8
39,7
8,0
2004
49,3
41,5
7,7
2005
48,4
43,2
6,9
2006
46,6
45,1
6,9
2007
45,0
46,6
7,0
2008
43,3
48,1
7,1
2009
41,6
49,0
7,0
2010
40,4
51,0
7,0

Estos, son los datos más recientes según Mineduc, que muestran la baja, en el decenio, tanto de la educación municipal como la privada. La lectura que se puede hacer de este fenómeno es que pequeños empresarios de la educación privada se fueron “auto-traspasando” hacia el sector subvencionado, estimulados por las políticas modernizadoras de la Concertación. Por ejemplo los PME (Proyectos de Mejoramiento Educativo) que consistieron en apoyo financiero, tecnológico y técnico dirigido tanto a lo municipal como a lo subvencionado (quedaba “fuera” la privada). También está lo de subvención “compartida”, es decir el pago o “colaboración” mensual que la familia debe hacer al colegio (también denominado “financiamiento compartido”). Los privados pueden sólo cobrar la escolaridad. Los particulares subvencionados pueden cobrar la escolaridad mensual y la subvención estatal. Los privados pueden o cobran hasta 10 cuotas en el año más la matricula. Los particulares subvencionados pueden cobrar 11 cuotas en el año más las doce subvenciones anuales. Los municipales sólo viven de la subvención. Ni siquiera pueden recibir “donaciones”. Los privados tienen (por razones de mercado) matriculas por curso “razonables” (30 a 35 estudiantes) los subvencionados “pueden” (por ley) tener hasta 45 estudiantes por curso. O sea, gana por volumen vendido y por “precio”. Agradezco al historiador Carlos Sandoval sus comentarios e información actualizada relativa al sistema educativo.


[3] Ver más detalles en “La coyuntura actual: movimientos sociales y crisis de legitimidad”, 20 de junio de 2011. En: www.ongeco.cl y en www.carcaj.cl
[4] Agradezco al sociólogo Hugo Villela por su noción de “transición enajenada” y nuestras animadas conversaciones en ECO, en torno a la coyuntura actual

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