La asociación entre democracia y constitución suele
hacerse de manera automática. Se supone
comúnmente que toda democracia es constitucional y que toda constitución se
creó para acompañar a un determinado sistema democrático. No es así, sin
embargo. La armonización recíproca entre ambas esferas no es para nada
espontánea y constituye, más bien, un problema permanente en la vida de las
democracias constitucionales como ha indicado Michelangelo Bovero. En la fuente
de esta tensión entre democracia y constitución subyacen lo que se ha entendido
como libertad positiva y libertad negativa. EL ideal democrático de
autogobierno o de autodirección colectiva supone ausencia de límites al poder
popular soberano; el gobierno de las leyes, por el contrario, impone límites a
este poder en aras de preservar la convivencia democrática.
Esta tensión identificada por los teóricos del
constitucionalismo encuentra en la Venezuela de estos años su mejor expresión a
propósito de la promulgación de la Carta Magna de 1999. Dar cuenta de esta
tensión obliga a tener presente tanto la noción de democracia presente en el
chavismo, como la de constitución. Como se sabe, según Hugo Chávez la
democracia liberal representativa había
fracasado lo cual hacía necesario dar paso a un nuevo orden nacional basado en
una democracia directa. La Constitución, por su parte, era percibida por él
como un medio para que el pueblo ejercitara la democracia “protagónica” y
no uno para impedir la concentración de
poder en pocas manos, como ha llamado la atención Juan Carlos Rey.
Esta noción de democracia y constitución presentes en
el chavismo y en Chávez en particular, explica lo que sucedió desde el primer
momento de vida del proceso
constituyente: la arremetida contra el poder constituido bajo la idea de que la
Asamblea Nacional Constituyente era la depositaria de la voluntad general con
las atribuciones del poder originario para transformar el Estado y crear un
nuevo ordenamiento jurídico que garantizara la existencia efectiva de la
democracia social y participativa. No se quedaba allí el asunto. Rematando esta
disposición supraconstitucional (pues aún gozaba de vigencia la Carta de 1961), la ANC se dispuso a diseñar un
Régimen de Transición del Poder Público y su bastardo derivado, el famoso
“congresillo”. Para los que lo han olvidado o jamás se percataron de esta
infamia, de allí emergieron los nombres
de los representantes de los poderes públicos todos afectos al régimen, con lo
cual se implantó una matriz de poder hegemónica que le permitió a Chávez amasar
todo el poder de que fue capaz. De modo
que el autoritarismo del gobierno chavista no empezó ni como respuesta al
intento de golpe de 2002, ni con el triunfo en el revocatorio de 2004, ni con la imposición al país del socialismo
del siglo XXI. Empezó justo en aquel
momento cuando, pretendiendo encarnar la voluntad popular, Chávez se hizo del
control de todas las instituciones públicas
contrariando la letra constitucional vigente, así como los principios
participativos que guiaban teóricamente la hechura de la Constitución que
estaba por nacer. De allí en adelante todas las arbitrariedades y agresiones a
la democracia fueron posibles. Cuándo
este estado de cosas resultó extremadamente contrario al texto supremo entonces
el presidente, invocando la incesante
actividad del poder constituyente -“El poder
constituyente no puede ser congelado por el poder constituido, el poder
constituyente es omnipotente, es la revolución misma”, diría en esa
oportunidad- llamó a reformar la
Constitución en 2007 con el inesperado resultado para el chavismo del rechazo
del pueblo. Ya la voluntad general no era tan general y empezaba a voltear para
otro lado… A estas alturas, Chávez hacía ya tiempo que estaba convencido de que
la Constitución que con tanto fervor había promovido como la “mejor del mundo”,
le era sumamente incómoda. Así se lo habría hecho saber a Luis Miquilena[1]
cuando este fungía como su ministro del interior al exigirle que, ante los
conflictos que vivía el país, suspendiera el derecho a la información. El ministro le respondió que ni siquiera en
estado de guerra esta medida podía tomarse de acuerdo al mandato constitucional lo que el presidente le reprochó reclamándole haber hecho una
Constitución para la oposición como presidente de la Asamblea Constituyente que
había sido.
El rechazo en
las urnas a las reformas propuestas sin embargo, no hizo desistir al chavismo
de crear leyes a imagen y semejanza del interés “revolucionario”. Haciendo uso
de las habilitaciones concedidas por la
Asamblea Nacional, el presidente se dedicó a construir un andamiaje “legal” a
favor de su proyecto, contrariando una vez más el texto supremo. Así, por
ejemplo, el presidente modificó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional a
fin de crear dos cuerpos armados nuevos: la Guardia Territorial Bolivariana y
la Milicia Popular Bolivariana. Esta última
depende directamente del Presidente y actúa como una suerte de cuerpo pretoriano al servicio de la revolución,
contraviniendo así la Ley Suprema, la cual prohíbe al estamento armado toda
clase de militancia política.
Esta arquitectura jurídica arbitraria es de tan vastas proporciones que un
acucioso estudio elaborado por Civilis, una organización de derechos humanos
venezolana, reveló que los contenidos
que se proponía la desaprobada reforma de 2007, se encuentran aplicados al
ordenamiento jurídico vigente en más de un 80% y que las leyes y normativas
dictadas por los órganos del poder público,
han trascendido ya los propios contenidos y alcances de la reforma,
involucrando la modificación de al menos 34 artículos adicionales. Por lo cual
son 107 los artículos de la Constitución que han resultado violentados con
dichas normas.
Pero la violación al documento supremo no se queda
allí. Como se sabe, la Constitución reconoce la separación de poderes y es allí
donde precisamente, el régimen ha
golpeado más el ordenamiento de la república. Si algo ha caracterizado al
régimen chavista es la obsecuencia de los poderes con el Presidente –antes Chávez
y ahora Maduro- y ya sabemos con Hannah
Arendt que la no separación de poderes no es un problema de negación de la legalidad sino de negación
de la libertad misma.
Sí estamos claros en que una democracia
constitucional consiste en una forma de gobierno en que los poderes están
separados y vinculados en su actuación por la norma constitucional que los
obliga al respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, entonces tendríamos que concluir que en Venezuela no existe tal
democracia. Lo que sí existe es un
gobierno populista que actúa según una lógica maniquea que divide la sociedad
entre amigos y enemigos a quienes es necesario “pulverizar” para que sea
posible la felicidad comunitaria.
Consecuente con esta lógica, el poder constituyente entonces nunca
culminará pues siempre será necesaria su existencia para eliminar los
obstáculos que a la revolución se le van presentando en el camino. De manera
que la idea de constituyente permanente es inherente a la revolución en su afán
de diezmar al enemigo lo cual trae como resultado que la Constitución siempre
será un artefacto provisional; una figura del mientras tanto a la que por
añadidura se viola sin pudor, hasta el punto de vaciarla de toda capacidad
reguladora de la vida política. Así, el
orden constitucional resulta extremadamente precario con el consecuente
desamparo no sólo para los factores opositores sino para todos los
venezolanos.
Decir populismo refiere también a la idea de un jefe
máximo que encarna al pueblo y su voluntad, de modo que la “democracia participativa
y protagónica” que atraviesa de arriba a abajo nuestra Ley Suprema, también
resulta una ficción en tanto el líder populista y, luego de la muerte del
caudillo, el liderazgo militarista chavista,
condiciona tal participación al
interés del proyecto.
¿De qué manera resuelve el chavismo la tensión entre
el pequeño libro azul donde está contenida “la mejor Constitución del mundo” y las exigencias del proceso bolivariano? Con autoritarismo
puro y duro. Si lo que requiere la
revolución para seguir existiendo se
contradice con lo que manda la Carta Magna, entonces el gobierno impone
arbitrariamente lo que le viene en ganas.
De modo que lo que ha ocurrido con Richard Mardo en la Asamblea Nacional
es expresión palmaria de esta aberración. Así las cosas, Venezuela es un país sin Constitución real, cuyas reglas de juego
las impone una pandilla a fin de
permanecer usufructuando el poder más allá de toda legislación.