1. En el siglo XX cuando acontecía
en América Latina un golpe de estado no había discusión. Un golpe de estado era
un golpe de estado y punto.
Por
supuesto, nunca los golpistas han dicho en ninguna parte que los que
perpetraban eran golpes de estado. Ellos siempre hablan de pronunciamiento
militar, levantamiento nacional, incluso de revolución. No así quienes nos
ocupamos con temas políticos pues un golpe de estado era, sin duda, algo fácilmente
reconocible.
Entre
otras, las características de cada golpe eran las siguientes: (a) Toma
del poder por un grupo militar sublevado el cual (b) de modo repentino y
generalmente violento destituía al gobierno reemplazándolo (c) por una
junta militar que nombraba a un representante máximo (casi siempre militar) el
que (d) prometía entregar el poder a las fuerzas cívicas (nunca
ocurrió). Después del golpe, (e) era instaurado un estado de excepción,
el parlamento disuelto, el poder judicial convertido en oficina notarial del
ejecutivo, las libertades individuales y colectivas suspendidas y los derechos
humanos pateados. ¿O no era así?
En
el siglo XXl las cosas son algo distintas. Cada vez que un presidente es destituido, las aguas se dividen. Para unos se trata de
alteraciones en el ejercicio del poder. Para otros son golpes de estado
camuflados. De ahí que si queremos seguir hablando de golpes de estado tenemos
que ponernos de acuerdo. ¿Vamos a usar el concepto “golpe” en sentido analítico
o en sentido agitativo?
En
el campo del análisis político debe imperar, empero, cierta disciplina. Esa es
la razón por la cual quien escribe estas líneas ha optado por seguir trabajando
con el quizás anticuado “modelo” de las cinco características arriba
enunciadas.
Ahora
bien, durante el siglo XXl ha habido tres países en los cuales se han levantado
voces denunciando golpes de estado: Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y
Venezuela en 2013.
Quienes señalan que en Honduras y Paraguay hubo golpes de
estado niegan que en Venezuela ocurrió algo similar. A la inversa, quienes
acusan a Nicolás Maduro de golpista suelen negar que en Honduras o en Paraguay
ocurrió lo mismo. De ahí que para obtener una mayor claridad convendrá separar
cada caso. Procedamos entonces de modo cronológico:
2. El 28 de junio de 2009 el
presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por tropas del ejército desde su
residencia en Tegucigalpa y, en pijama y sin sombrero, arrojado en un avión
rumbo a Costa Rica. Sólo ese hecho permite hablar sin problemas de
golpe de estado. En efecto, ahí hubo acción militar y violencia armada.
Quienes
defienden la tesis de que el acto que desalojó a Zelaya del poder no fue un
golpe recurren a los siguientes argumentos
El
primero es que la acción militar fue una respuesta a una violación
constitucional urdida por Zelaya y los suyos destinada a prorrogar ilegalmente
su mandato. No obstante, ese argumento no niega que hubo golpe. Es, si se
quiere, una condición atenuante, pero sin validez jurídica ni política.
El
segundo argumento dice que no hubo ocupación militar del gobierno ya que
Roberto Micheletti asumió el cargo de presidente interino encomendado por el
propio Parlamento del cual había sido presidente. Hecho muy cierto. Pero
también es cierto que Micheletti ocupó ese cargo como consecuencia de una
acción militar y no de una política. En ese caso el acto destituyente puede
considerarse atípico, pero no por eso menos golpista.
El
tercer argumento aduce que el gobernante interino respetó la independencia de
los poderes públicos abriendo condiciones para que tuvieran lugar elecciones
libres, algo que no había ocurrido en la gran mayoría de los golpes de estados
habidos en el continente. Ese hecho es también muy cierto. En ese sentido
podría hablarse con cierta sutileza de un “golpe de gobierno”. Pero, en
cualquier caso, fue un golpe. Si se quiere, fue un golpe más cívico que
militar, pero –repetimos- fue un golpe.
3. Distinto fue el caso de la
destitución que expulsó a Fernando Lugo del gobierno paraguayo el 22 de Junio
de 2012.
Allí
hubo efectivamente una conjura parlamentaria, pero no hubo violencia ni
intervención militar como en Honduras. En el fondo se trató de una destitución
del presidente, hecho que suele ocurrir en muchos países europeos aunque en
países latinoamericanos –-dado el sobrepeso del poder ejecutivo sobre el
parlamentario- es considerado casi como un regicidio. Mas todavía, hay
constancia escrita de que el propio Lugo aceptó su renuncia.
La
destitución de Lugo –llamado en su país “el padre de casi todos los
paraguayos”- no fue entonces un golpe de estado, ni típico ni atípico. Fue una
destitución presidencial.
Donde
hay todavía discusiones es en el tema de si se trató de una destitución constitucional o puramente institucional. A favor de la
primera tesis habla el hecho de que el juicio político por medio de la Cámara
de Diputados y la vigilancia del Senado está estipulado en la Constitución
paraguaya. En contra habla el hecho de que Lugo sólo fue acusado de mal gobierno
pero no de violación a la Carta Constitucional.
En
cualquier caso, donde no hay dudas es en que la salida de Lugo del gobierno
resultó de un clásico conflicto de poderes al interior del Estado.
¿Por
qué entonces un acto institucional y probablemente constitucional fue tan
condenado por los gobiernos latinoamericanos hasta el punto de que Paraguay
llegó a ser expulsado de MERCOSUR permitiéndose así la entrada de Venezuela a
dicho organismo? Hay dos razones.
La
primera es que más allá de su viabilidad jurídica, la destitución de Fernando
Lugo ocurrió como resultado -en ese
punto comparto la opinión de Alvaro Vargas Llosa- de una imbecilidad política
sin nombre. Por una parte, no hubo la menor consulta popular, obteniéndose así
la impresión de que el Parlamento actuaba de espaldas al pueblo. Por otra, Lugo
fue destituido nueve meses antes de unas elecciones que, dada la catastrófica
gestión de su gobierno, sólo podía perder.
La
segunda razón fue que Federico Franco no contó con el furioso activismo del
ALBA y su periferia latinoamericana. Para Chávez, Lugo, como también lo fue
Zelaya, era una simple ficha en el tablero del ajedrez latinoamericano. De este
modo, después de la destitución del mal presidente, Paraguay ha quedado tan
aislado del continente como en los tiempos del Doctor Francia y del tirano
Stroessner.
4. No obstante, y como si de
tratara de una venganza histórica, desde el 10 de Enero de 2013 no son pocos
quienes hablan de un golpe de estado en Venezuela.
¿Ha
habido golpe de estado en Venezuela?
En
Venezuela antes que nada hubo una violación constitucional de proporciones
gigantescas llevada a cabo nada menos que por el Tribunal Superior de Justicia.
A través de esa violación, el TSJ pasó por alto la letra constitucional y
subordinó su potestad a los intereses del partido- estado, siguiendo las pautas
sentadas por un pacto concertado entre Maduro, Cabello y los Castro, en La
Habana.
En
Venezuela hubo, además, una acto de usurpación a Chávez en nombre de Chávez de
parte de Nicolás Maduro quien gracias al dictamen del TSJ podrá prolongar su
mandato hasta que Chávez muera o sane completamente. Esto significa, sólo la
muerte o regreso de Chávez podría salvar a Venezuela de una dictadura Maduro/
Cabello (“alianza cívico-militar”, en las palabras de Maduro) .
Ahora
bien, según la partitura descrita, en Venezuela no ha habido golpe de estado.
Hubo sí una violación constitucional y una usurpación mediante la cual Chávez
ha sido convertido, aún en vida, en simple ídolo totémico destinado a cohesionar
un liderazgo que ningún chavista está en condiciones de ejercer. ¿No bastaría
eso para hablar de golpe de estado?
La
respuesta podría ser afirmativa si es que por primera vez hubiera tenido lugar
una violación constitucional en Venezuela. Pero todos sabemos que no es
así.
Los
14 años de gobierno chavista están plagados de múltiples
violaciones constitucionales, entre otras, el referendo por la reelección
presidencial, las leyes habilitantes, la conversión de la justicia en un
organismo en el cual la “santa palabra” del caudillo era ley, el proyecto del
Estado comunal (no figura en la Constitución), la conversión de las FAN en
aparato militar al servicio de un partido y de una ideología, y paremos de
contar. De tal modo que la violación constitucional de Maduro fue sólo una, una
entre muchísimas.
Esa
es la razón por la cual tendríamos que decir: si hubo golpe de estado en
Venezuela, uno que hizo posible la transformación de una democracia en una
autocracia, eso ya había ocurrido, pero en cámara lenta y durante Chávez. Ahí reside la diferencia del caso venezolano con el hondureño y el paraguayo.
Maduro
ha asumido su mandato en el marco de una estricta “continuidad inconstitucional”.
Luego, la violación constitucional de Maduro no es el origen de un golpe de
estado sino el resultado del apoderamiento progresivo de las instituciones de
la nación por parte de Chávez y el chavismo.
Chávez transformó una democracia en una autocracia. Maduro, si no median circunstancias oponentes, transformará una autocracia en una dictadura.
Chávez transformó una democracia en una autocracia. Maduro, si no median circunstancias oponentes, transformará una autocracia en una dictadura.
Chávez
era sin dudas un autócrata, pero un autócrata electo. A Maduro, en cambio, no
lo ha elegido nadie. Su mandato no sólo es ilegal. Además, es ilegítimo.
A
través de violaciones constitucionales –lo estamos viendo- se puede llegar al
mismo resultado de un golpe de estado. Pero en sentido estricto las violaciones
no constituyen de por sí un golpe de estado aunque sus consecuencias pueden ser
aún más graves. Eso ha quedado demostrado no sólo en las violaciones
constitucionales que han tenido lugar en Venezuela, sino en un hecho que no
ocurrió ni en Honduras ni en Paraguay. Ese hecho es la violación a la soberanía
política de una nación.
Pocas
veces, quizás nunca, se había dado una situación política tan monstruosa: dos
caudillos de un partido, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se han repartido
entre sí el poder político de un estado, bajo el auspicio, y seguramente bajo
la dirección de una dictadura militar extranjera, y en territorio extranjero.
Esa, más aún que la jurídica, es la gran transgresión ocurrida en
Venezuela.
Es también la razón por la cual la oposición democrática venezolana está
entendiendo que la lucha no sólo debe ser jurídica sino esencialmente política.
No se trata, es lo que se quiere decir, de oponerse a un golpe que nunca
ha habido, sino de defender, antes que nada y por sobre todo, la integridad
política de una nación cuya independencia política, tanto la interna como la
externa, se encuentra muy amenazada.